Más de 30 transportistas subcontratados para el Tren Pachuca-AIFA acusan a la administración federal, a cargo de la SEDENA, de un esquema de «robo doble»: despachar diésel incompleto y luego descontar el faltante, mientras los obligan a firmar recibos por salarios que no reciben íntegros. Tras una protesta, frenaron despidos, pero exigen el pago de deudas de hasta seis meses

Texto: Jazmín Sandoval

Foto: Cortesía

REYES ACOZAC, ESTADO DE MÉXICO. – Lo que inició como una esperanza de empleo y progreso para los habitantes de Reyes Acozac y San Lucas Xolox se ha convertido en una lucha por la dignidad laboral. Transportistas locales que trabajan en las obras del Tren Pachuca-AIFA denuncian una serie de irregularidades que van desde el despacho incompleto de combustible hasta el cobro de «bonos» inexistentes en sus nóminas.

La relación laboral en la obra es compleja y, según explican los denunciantes, opaca. Los operadores de los camiones son trabajadores por honorarios, mientras que los dueños de las unidades actúan como proveedores de un servicio. Sin embargo, la figura contractual es indirecta: «Tengo entendido que somos subcontratados», señala una fuente, añadiendo que tuvieron que crear o presentar una empresa que cumpliera con los requisitos de calificación para poder ingresar. «El contrato lo tienen firmado los sindicatos», afirma, quedando los transportistas locales en una posición de subordinación y poca claridad sobre sus derechos.

A pesar de esta condición, lograron entrar al proyecto bajo la promesa de que la SEDENA se haría cargo del diésel y los salarios. No obstante, para poder trabajar, los dueños de los camiones tuvieron que realizar una fuerte inversión económica para cumplir con una estricta lista de requisitos técnicos y de seguridad, que incluye desde torretas y horómetros hasta condiciones mecánicas impecables.

El engaño del combustible y la nómina: la teoría del «robo doble»

Una de las denuncias más graves señala un presunto fraude en el despacho del diésel. Según testimonios de los afectados, quienes prefieren mantener el anonimato, las máquinas despachadoras están mal calibradas. «Si la máquina marca que nos cargaron 200 litros, en realidad nos están dando como 170 o 180. Nos faltan unos 30 litros por carga», señaló una de las personas afectadas.

Sin embargo, la administración de la obra, a través de sus encargados, ha rechazado estas acusaciones. Según relatan los transportistas, cuando solicitaron una prueba física (verter diésel en un garrafón de 20 litros) para verificar la calibración, esta les fue negada.

La respuesta oficial, dada a conocer a los afectados por un teniente de la SEDENA encargado del frente, fue contundente: las pipas despachadoras están en orden. En cambio, las autoridades de la obra han insinuado que el faltante podría deberse a «robos de diésel» por parte de los mismos trabajadores, afirmando incluso contar con videos de personas «ordeñando» los tanques —grabaciones que, según los denunciantes, no han sido mostradas como evidencia—. «Entonces, pues nos están acusando que nosotros estamos robando el diésel», resume uno de los operadores.

El problema se agrava con la exigencia administrativa de un rendimiento de 2 kilómetros por litro y la amenaza de descontar del pago el combustible faltante. Los transportistas han acuñado un término para esta situación: «el robo doble».

«Ahí nos están robando 30 litros y al no dar el rendimiento nos dicen que nos van a descontar el diésel que nos falta… Yo siento que como que ya es un robo doble. Es un robo doble porque por un lado no te lo despachan bien y por otro lado te van a descontar el diésel que te falta», explica una de las fuentes.

«Cumplimos con todo porque queríamos trabajar legalmente y en nuestra propia tierra. Fue un esfuerzo económico muy grande para nuestras familias».

El pago de los transportistas se ve de manera muy cuestionable por una práctica administrativa que los afectados no dudan en calificar como un esquema de retención ilegal. Los testimonios comentan que el proceso de pago se ha convertido en un ejercicio de coacción: los operadores son obligados a firmar en recibos de nómina que marcan un total de 5 mil 100 pesos, una cifra que incluye una supuesta «bonificación». Sin embargo, la realidad al momento de recibir el dinero en efectivo es otra; de forma sistemática, solo se les entregan 4 mil 100 pesos.

Esta diferencia de mil pesos por trabajador desaparece en el trayecto administrativo, sin que exista una explicación clara o un desglose legal de deducciones que lo justifique. Para los operadores, este «bono fantasma» es una burla a su esfuerzo, ya que legalmente quedan registrados como perceptores de un sueldo que nunca llega íntegro a sus bolsillos. Esta irregularidad no solo merma el ingreso inmediato para el sustento familiar, sino que genera una incertidumbre jurídica sobre quién se está beneficiando de ese excedente no entregado, dejando a los trabajadores locales en un estado de indefensión ante una nómina que dice una cosa en el papel y otra muy distinta en la mano.

Desigualdad en trabajadores independientes

Existe una evidente desigualdad entre los transportistas locales y los grandes sindicatos externos. Mientras que a la gente de la región se le imponen requisitos extremos y una vigilancia asfixiante sobre el diésel, las unidades foráneas parecen operar sin las mismas presiones. Esta injusticia deja a los trabajadores locales como el eslabón más débil, siendo los primeros en sufrir recortes o amenazas de baja ante cualquier pretexto.

Favorecer a sindicatos ajenos mientras se castiga a quienes viven en la zona contradice la promesa federal de dar prioridad al empleo regional. Al desplazar a los transportistas independientes de Reyes Acozac y San Lucas Xolox, se les arrebata el derecho legítimo a beneficiarse del progreso que se construye en sus propias comunidades, otorgando los beneficios a estructuras foráneas que no tienen arraigo en el territorio.

Presión laboral y desplazamiento

A la situación económica se sumó el maltrato y la presión para trabajar horas extra sin pago justo. Se les intentó imponer jornadas en domingo o extender su horario diario para cubrir supuestas faltas en días festivos, días en los que la propia obra no les permite trabajar.

«Empezaron a maltratar a los operadores, cuando los estaban cargando de material lo aventaban, incluso empezó a caer el material en la cabina».

Además, denuncian una estrategia de desplazamiento. Empezaron a rotar sus unidades bajo el argumento de «poca carga», dejando camiones parados durante semanas. Los transportistas interpretan esto como un intento de cansarlos para dar de baja sus unidades de forma definitiva y sacarlos de la obra para siempre.

«Pensamos que nos querían aburrir para que nosotros vayamos saliendo al no aguantar las condiciones de trabajo y meter los camiones de los militares».

El impacto de estos abusos no se limita a los transportistas, sino que golpea directamente a toda la economía de la región. Cuando el trabajador de la zona cobra su salario completo y a tiempo, ese dinero circula en los negocios locales. Al recortar sus ingresos o retrasar sus pagos, la administración de la obra está provocando un estancamiento económico que afecta a muchas más familias de las que trabajan directamente en las vías.

Es una contradicción que una obra que promete desarrollo regional termine asfixiando los negocios locales. Al privilegiar esquemas de pago opacos o desplazar a la gente del pueblo, se traiciona la promesa de que los beneficios del Tren AIFA se quedarían en la comunidad. Si el dinero de la obra no llega a manos de los locales, el progreso prometido se convierte en una simple promesa que la comunidad ve pasar de largo sin recibir ningún beneficio real.

La unión comunitaria

Cansados de los malos tratos y las amenazas de baja definitiva para tres camiones locales, la comunidad decidió poner límites claros. El pasado lunes, una protesta firme logró atraer la atención de las autoridades del Estado de México, quienes fungieron como mediadores ante los encargados del frente de obra.

Tras varias horas se alcanzaron acuerdos fundamentales que los transportistas vigilan de cerca: cero despidos, se frenó la baja de las unidades locales y se garantizó que seguirán en el proyecto.

Fin a los domingos forzosos: se respetarán los horarios originales sin extensiones arbitrarias.

Regularización de pagos: existe el compromiso de liquidar los meses de sueldo atrasados. La dimensión del conflicto abarca a los dueños y operadores de más de 30 camiones locales, según estimaciones de los afectados.

La deuda no es uniforme: mientras a algunos les adeudan seis meses de sueldo, a otros les deben cuatro o tres, lo que se traduce en sumas de 4 mil a 13 mil pesos por persona.

Revisión del combustible: se prometió regular el despacho del diésel para que lo marcado por la máquina sea lo que realmente entre al tanque.

Aunque la mediación trajo un respiro, la desconfianza persiste. Los habitantes de Reyes Acozac y San Lucas Xolox dejan claro que no buscan privilegios, sino el respeto a los acuerdos iniciales. Esta obra no debería construirse sobre el abuso de los trabajadores locales ni sobre esquemas de nóminas opacas.

La comunidad permanecerá organizada y en alerta. Ya demostraron que, aun sin sindicatos, su voz tiene fuerza. Ahora, le toca a la SEDENA y autoridades cumplir con los acuerdos a los que se llegó tras la protesta de los trabajadores. La prosperidad prometida debe ser realmente para el pueblo y no solo para quienes administran las obras.