El proyecto del Cablebús Línea 6 avanza en Milpa Alta sin respetar la Ley Agraria ni los procesos de decisión comunal, evidenciando cómo el rezago agrario y la falta de autoridades vigentes debilitan a las comunidades indígenas frente a obras impuestas desde el gobierno capitalino

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Milpa Alta es uno de los últimos grandes pulmones de la Ciudad de México. Doce pueblos resguardan su territorio, de los cuales nueve conforman la comunidad agraria e indígena nahua de Milpa Alta, regida por el régimen de bienes comunales. Esto significa que la asamblea de comuneros debe avalar cualquier decisión o proyecto que afecte el territorio, tal como lo establece la Ley Agraria.

Este órgano es el que define los marcos internos sobre la tenencia y el uso de la tierra. Por ello, para que el proyecto del Cablebús Línea 6 pudiera avanzar, debía contar con la aprobación formal de una asamblea comunal, un requisito que el gobierno de la Ciudad de México ignoró por completo.

Irregularidades desde el inicio

El 20 de diciembre del año pasado, a puerta cerrada, se llevó a cabo una reunión en la plaza del pueblo de San Francisco Tecoxpa. En ella participaron representantes de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, de la Jefatura de Gobierno y personas convocadas por Luis Linares y José Morales Nava, dirigentes agrarios que se presentaron como representantes comunales de San Francisco Tecoxpa. Ellos fueron quienes organizaron la supuesta asamblea de consulta.

Ese día se avaló, a mano alzada, que el proyecto avanzara. Sin embargo, para que una asamblea tenga validez legal, el Comisariado de Bienes Comunales debe estar completo, condición que no se cumple en Milpa Alta. Actualmente no existe un Representante Titular de los Bienes Comunales debidamente nombrado, ni estuvieron presentes representantes de los demás pueblos que integran la comunidad agraria.

Además, antes de que se realizaran estas supuestas consultas, el gobierno de la Ciudad de México ya había publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las licitaciones correspondientes a la Línea 6 del Cablebús. Esta obra, junto con la Línea 5, será financiada mediante deuda pública a través de un “bono verde” por un monto de 3 mil millones de pesos.

Ante la negativa de los comuneros a aceptar la imposición de un proyecto de esta magnitud, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, sostuvo una reunión con ellos el pasado 15 de enero. En dicho encuentro se alcanzaron diversos acuerdos con el objetivo de que las conversaciones pudieran avanzar.

Rezago agrario, el arma perfecta contra las comunidades

Debido a la invalidez de la asamblea realizada en diciembre, los comuneros lograron que el gobierno se comprometiera a respetar y coadyuvar en el proceso de elección de los representantes y suplentes de los bienes comunales, sin interferir en el procedimiento, como —denuncian los pobladores— ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Mientras en Milpa Alta se prepara el escenario para una batalla legal, también se pone sobre la mesa cómo el rezago agrario sigue perpetuando desigualdades y debilitando a las comunidades que se organizan de manera tradicional, junto con sus derechos territoriales.

El rezago agrario comprende todos aquellos asuntos, trámites, deudas históricas y conflictos relacionados con el territorio y la propiedad social que han quedado sin resolverse durante años o incluso décadas. Esta situación termina por afectar directamente a comuneros y ejidatarios.

Se trata de una problemática que el país arrastra desde 1992, cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari promulgó una nueva Ley Agraria que abrió la puerta a la privatización de la propiedad social de la tierra y declaró el fin del reparto agrario.

Con este cambio, la propiedad social transitó hacia el dominio pleno y comenzaron a implementarse títulos de propiedad privada, lo que permitió la venta de parcelas con mayor libertad. Se crearon los Tribunales Unitarios Agrarios para administrar la justicia agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN) para brindar seguridad documental. Sin embargo, este entramado burocrático terminó por desarticular a ejidos y comunidades.

La disputa por la tierra en México

Actualmente, este rezago afecta a 32 mil 266 núcleos agrarios en el país y a cerca de 5.5 millones de habitantes, de acuerdo con cifras de la propia Procuraduría Agraria.

Tal como ocurre en Milpa Alta, solo el 48 por ciento de los núcleos agrarios cuentan con autoridades vigentes. De las 8 mil 764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el RAN, apenas 4.9 por ciento han sido actualizadas.

En Milpa Alta, desde 1980 no se ha realizado una actualización del padrón de sujetos agrarios, lo que ha facilitado el crecimiento descontrolado de la mancha urbana en la zona.

Aunque las comunidades han ganado batallas importantes, como la prohibición de la entrada de tiendas de cadenas comerciales, hoy se enfrentan a los intereses económicos de una ciudad que se prepara para recibir un Mundial de fútbol.