En 2024 se registraron 97 crímenes de odio contra personas LGBT+ en México, la mayoría contra mujeres trans. Desde el Senado de la República exigen tipificación a nivel nacional, registros oficiales que reconozcan la identidad de género y medidas de prevención

Texto: Laura Buconi

Foto: Belén Kemchs / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT+ registró este año 97 asesinatos de personas de la comunidad, con indicios de motivación por prejuicio u odio. La mayoría de estas víctimas fueron mujeres trans, con 57 casos, seguidas por 30 hombres gays, tres mujeres lesbianas y también crímenes contra hombres trans, hombres bisexuales y personas no binarias.

Casi ocho asesinatos al mes.

“No hablamos de números, sino de vidas borradas con tortura, mutilaciones, exposición de cuerpos, mensajes de odio. No son hechos aislados, son violencias que buscan no solo matar, sino borrar identidades y enviar un mensaje brutal de intolerancia. Es violencia estructural, normalizada e impune. Son las consecuencias de visiones institucionales acumuladas a lo largo del tiempo. Pero hoy es diferente. Nuestro movimiento nació para atender las causas profundas de la desigualdad, las exclusiones y la violencia estructural que heredamos, colocando la dignidad humana en el centro”, afirmó la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz en la presentación del informe Nuestras Vidas Cuentan en las instalaciones del Senado de la República el 3 de noviembre.

Se une a expertos y asociaciones de la sociedad civil en exigir registros oficiales sólidos, investigaciones con perspectiva de diversidad, protocolos que se apliquen, ministerios públicos, fiscalías, policías y peritos capacitados, coordinación interinstitucional real y rutas claras de prevención, atención y sanción. “El humanismo mexicano nos obliga a actuar porque la diversidad es riqueza, la inclusión es justicia y la dignidad humana no admite negociación”, declaró.

El trabajo del Observatorio

Gloria Careaga, coordinadora general de Fundación Arcoíris, comenta que la creación del Observatorio de Crímenes contra Personas LGBT+ en 2018 fue un parteaguas: “Participamos en la evaluación que se hizo al gobierno de México con respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país, enviamos el informe paralelo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e hicimos un trabajo de gestión muy importante con distintas embajadas tanto de América Latina como de Europa. Afortunadamente, resultado de ese trabajo, logramos que siete gobiernos hicieran recomendaciones a nuestro país y que entre ellas estuviera precisamente la protección de las personas LGBT+”, relata.

Añade que se ha dado seguimiento a las recomendaciones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y principalmente con la Fiscalía General de la República. De ahí, la Fundación Arcoíris elaboró el protocolo de investigación sobre crímenes contra la comunidad LGBT+, que fue aprobado este año por la conferencia de gobiernos.

En la actualidad, han estado tocando la puerta del INEGI para que la orientación sexual y la identidad de género se sumen a las categorías de análisis de las investigaciones de la ley. “Queremos ser parte del Plan Nacional de Gobierno y que las cifras que aportamos den sustento a las políticas públicas que necesitamos para que realmente haya acciones de gobierno contundentes para mejorar la vida de las personas LGBT+”, afirmó Careaga.

Alza de violencia homófoba y transfóbica paralela a los fascismos

El historiador especializado en violencia política y desaparición forzada en México, Camilo Vicente Ovalle, comentó que el informe nos recuerda que los crímenes por prejuicio no emergen de la nada, ni se despliegan en un páramo. Por el contrario, están tejidos tanto por tramas de larga data como coyunturales. Las cifras y las historias de violencia expuestas en el informe sitúan, por ejemplo, el año 2024 en un escenario internacional donde el avance de derechos coexiste en resistencia frente a una contraofensiva conservadora fascista a nivel mundial.

“El informe muestra cómo estos factores convergen en un contexto polarizado donde los discursos anti-LGBT se transforman en herramientas de movilización política que generan condiciones para la violencia simbólica y física. Y en el caso estadounidense y demás, estos fenómenos encuentran un terreno fértil abonado con desigualdades estructurales como el patriarcado, el moralismo religioso y la violencia organizada en ciertos territorios”, denunció Ovalle.

En México, a nivel institucional, a pesar de avances clave como la prohibición de las terapias de conversión en el país, la tipificación de crímenes por prejuicio y la tipificación del feminicidio en Ciudad de México y Nayarit, el informe destaca y evidencia la falta de armonización normativa a nivel nacional, la ausencia de registros oficiales desagregados por orientación sexual e identidad de género, la inexistencia de protocolos obligatorios con enfoque LGBT+, las deficiencias en políticas de salud mental y prevención del suicidio y omisiones graves por parte de fiscalías y comisiones de derechos humanos.

“Históricamente, estos elementos han sido y son motores de la violencia. Las instituciones no solo fallan en prevenir, sino que reproducen prejuicios. El informe documenta casos donde autoridades clasifican asesinatos como crímenes pasionales sin investigar, donde las desapariciones se registran sin respetar la ley de identidad de género y donde las familias sociales, que son fundamentales para nuestras comunidades LGBT+, son desconocidas por el Estado”, advirtió el experto.

El informe destaca que los atentados contra personas LGBT+ no solo se producen en el ámbito civil, sino que en muchos casos se ven reforzados por patrones de violencia policial, institucional y la acción de grupos organizados. Particularmente, en el caso de mujeres trans, los atentados han sido precedidos y acompañados por hostigamientos policiales, detenciones arbitrarias y extorsiones, lo que refleja que las fuerzas de seguridad pueden convertirse en agresores directos en lugar de protectores.

Por otra parte, en el análisis de los crímenes por prejuicio, el informe suma la complejidad del territorio: las entidades con mayor incidencia —Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Morelos, Michoacán y Guanajuato— muestran que la violencia por prejuicio no es un fenómeno local, sino nacional. Sin embargo, en cada región hay factores propios como el crimen organizado, la violencia misógina y transfóbica normalizada, la desigualdad social, la presencia de grupos religiosos conservadores y las debilidades institucionales. Ovalle evidencia una fuerte necesidad de políticas diferenciadas considerando los factores por territorio: “No puede haber justicia cuando el derecho a la vida depende de cada código penal de acuerdo al estado y a las condiciones locales. La tipificación nacional de los delitos por prejuicio basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género es fundamental”.

Protección a defensorxs

Kenlly Pacheco, coordinador del Observatorio, destacó que 12 de los crímenes cometidos contra personas LGBT+ en 2024 eran defensoras de derechos de la comunidad. Desde 2019 son 46 las personas LGBT+ defensoras que han sido asesinadas.

“Encontramos algunos hallazgos transversales y uno de ellos tiene que ver con la violencia sistemática: no son casos aislados, se han identificado patrones en cada uno de los ejes y entonces tendríamos que apuntar a revisar qué hacer para que esto no suceda. Las instituciones carecen de protocolos específicos o con enfoques diferenciados, no hay capacitación para las y los servidores públicos. Las organizaciones civiles son quienes sostienen este trabajo de documentación y de acompañamiento, en muchos casos haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. No solamente estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas, de identidades, de familias y de proyectos que han sido truncados. Lo que hoy presentamos con todas, todos y todes busca transformar el dolor en exigencia y en políticas públicas. Los datos que hoy presentamos no deben paralizarnos, por el contrario, deben movilizarnos. Cada cifra representa una vida que no debió desaparecer, una familia que merece verdad y justicia”, concluyó Pacheco.