La Ciudad de México pretende aplicar un programa de desarrollo urbano que mezcle la vivienda residencial con la vivienda de interés social y así evitar el desplazamiento de su población más pobre a las periferias. No obstante, no hay un marco legal sólido que estructure la propuesta

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Archivo / Arturo Contreras Camero

Después de un mes de haberlo anunciado, este miércoles el gobierno de la Ciudad de México presentó su plan de Corredores Urbanos de Vivienda, el Programa especial de regeneración urbana y vivienda para la ciudad que pretende reducir su costo en el centro de la ciudad y frenar los procesos de gentrificación.

El plan, sin embargo, fue anunciado sin un marco legal apropiado para desarrollarlo, advirtió Mónica Tapia, directora de la asociación Civil Ruta Cívica. De acuerdo con la constitución de la Ciudad de México, debería existir una ley y un instituto de Planeación Urbana para darle cauce a este tipo de propuestas, sin embargo estas iniciativas no han sido resueltas en el Congreso local.

“Nos extraña que la constitución mandata un programa de planeación, un instituto, un plan de ordenamiento, y un plan de desarrollo a 20 años. Todo eso parece ignorado. Parece que están creando un plan de corredores por ocurrencia. No están diciendo los estudios que debería existir detrás del plan. Parece que no hay un plan que lo sustente”, explicó Tapia.

El encargado de desarrollar este plan fue el director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Pablo Benlliure, quien asesoró a Miguel Ángel Mancera en sus planes de desarrollo de vivienda social.

De acuerdo con Mónica Tapia, Pablo Benlliure está más enfocado en desarrollar planes de creación de vivienda y no en el diseño institucionaly de planeación sólido para que se construyan estas viviendas.

Los ejes del programa

La idea del programa es desarrollar 11 zonas en área céntrica de la ciudad, con facilidades fiscales y administrativas para los desarrolladores urbanos. En ellas, 30 por ciento de las casas que se construyan debe destinarse a vivienda de interés social. Mientras que el resto podrá destinarse a viviendas residenciales de medio y alto costo.

La meta es que entre 2019 y 2024 se construyan 272 mil hogares bajo esas reglas, según anunció la jefa de Gobierno.

En cambio, estuvieron presentes miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

“La ciudad requiere de ustedes”, les dijo la jefa. 

Al evento no asistieron organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema de vivienda inclusiva en la ciudad.

Estas 11 zonas incluyen al Centro Histórico, la Zona Rosa y la colonia Atlampa; así como las avenidas de Reforma Norte, Chapultepec, la parte norte y sur de Eje Central, Tacubaya, Vallejo y los corredores que van de Tacuba a San Cosme, de Pino Suarez a Tlalpan y de Atlampa a Tacuba.

“Todos los que pasamos por la ciudad de México pasamos Juárez y Reforma, y cuando llegamos a Reforma Norte… pues una es Reforma Centro y es otra Reforma Norte. ¿Queremos que siga estando así Reforma? Yo creo que no”, dijo la doctora Sheinbaum.

Un programa sin reglas

Programas similares al anunciado se han intentado aplicar desde administraciones anteriores. Sin embargo, no dieron los resultados esperados.

Un ejemplo es el de la Norma 26 de Ordenamiento, que mediante estímulos fiscales y administrativas pretendió desarrollar vivienda urbana popular, pero que tuvo que ser suspendida porque las inmobiliarias la usaron para construir torres de departamentos de lujo.

De acuerdo con este nuevo programa, las viviendas que se construyan deberán seguir diversos criterios. El principal es el costo, que deberá de ser de “precios adecuados”, aun sin definir detalles.

Además, deberán respetar los usos de suelo existentes, que marcan cuántos pisos pueden tener los edificios en determinadas zonas de la ciudad. También tendrán que construirse en zonas cercanas a redes de transporte público, para que minimizar la cantidad de estacionamientos para automóviles. 

Estos lineamientos aún no se terminan de definir, y se publicarán, según dijeron las autoridades de la ciudad, a principios de septiembre.

Una invitación a la acaparamiento

Entre estas reglas, los funcionarios prometieron que serán incluidos candados para que estas viviendas no sean acaparadas por personas o empresas con gran poder adquisitivo, que vuelvan a generar procesos de especulación y encarecimiento. 

“Todo eso va a aparecer en las reglas. Son dos cosas muy importantes. Una es el mecanismo de asignación de las viviendas sociales y el mecanismo para que estas viviendas no se revendan y empiece a haber un mercado ilegal. Eso es muy importante. Si no van a acabar en manos de unos cuantos”, explicó en entrevista el director de planeación de desarrollo urbano, Pablo Benlliure. 

De acuerdo con Mónica Tapia, puede que este tipo de candados no sean suficientes. “Solo cuando el propietario de estas viviendas es el gobierno, o cuando son cooperativas de propietarios llegan a funcionar.  Sólo cuando están fuera del mercado se logra ese control para que sí sean de interés social”. 

“Imagínate, si no hemos podido controlar el número de pisos que debe tener un edificio, imagínate controlar el precio y el mercado”, crítica Mónica Tapia. 

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