La relación entre la familia Larrea y las instituciones de Estado pasó, en 64 años, de la vigilancia policíaca a los contratos millonarios con universidades y el desarrollo de infraestructura. Al momento, ni las crisis ambientales o los desastres ocasionados por la firma a través de la historia, rompen esos lazos que ahora se sostienen de la mano de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la UNAM

Texto: Ricardo Balderas / PODER

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Ocurrió un 25 de mayo de 1961. Todo comenzó con cinco hombres y cinco millones. La transacción sería sencilla y particularmente equitativa. Cinco mil acciones con un valor de mil pesos cada una repartida de la siguiente manera: Jorge Larrea Ortega con 3 mil 200 acciones. Javier Larrea Ortega con otras 3 mil 200. Mario Larrea Ortega con mil 200. Samuel Castrillón Sarabia con 200 acciones. Y, finalmente, Ignacio Garza Barrueta con otras 200. Así nació la empresa México Compañía Constructora, S.A. una firma encargada principalmente de operar en el sector de infraestructura con la que la familia Larrea daría uno de sus primeros pasos antes de consolidar al gigante Grupo México.

Al menos así lo narran expedientes a los que tuvo acceso PODER derivados de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), un archivo que contiene pormenores recabados por la policía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el periodo de la represión que encabezaron, persiguiendo y capturando a sus opositores políticos. Aunque ellos, los Larrea, jamás lo fueron. Según lo explica el ex agente José 01, la intención era la de conocer “los pormenores y contextos” de aquellos quienes pudieran significar una confronta con el poder político o quienes pudieran aliarse a ellos. Eso incluía por supuesto, a los empresarios. Y tiene razón, o por lo menos los documentos eso advierten. En el expediente encontramos reportes de sus reuniones empresariales, y los militares ocultos describían peso a peso, palabra a palabra lo que se decía. Jamás se les narra como el enemigo y así continuó durante décadas.

Veinte años después de lo narrado por la policía secreta, a finales de los años ochenta (1989-1990), el Estado inició la privatización de la empresa Compañía Minera de Cananea^[1], vendiendo cerca del 66 % de su participación mediante subasta, lo que permitió que Grupo México, a través de Industrial Minera México, adquiriera la mina por cerca de 475 millones de dólares —un monto significativamente inferior al valor estimado de mercado ^[2].

De tal modo, en 1990 el consorcio adquirió formalmente las minas de Cananea y de Nacozari, originalmente estatales, consolidando un dominio prácticamente monopólico sobre la minería de cobre en Sonora^[3]. Hacia el año 2000, esas operaciones impulsaron al grupo a producir el 87.5% del cobre nacional, posicionándolo entre los tres principales productores de cobre a nivel mundial^[4]. El apetito del grupo por el control territorial no se limitó a la minería. En 1997, se adjudicó la concesión del Ferrocarril Pacífico Norte, adquiriendo también líneas estratégicas como Chihuahua-Pacífico y Nacozari-Nogales, expandiendo su poder sobre las rutas del país^[5].

En 1999, Grupo México compró ASARCO, una importante productora de cobre y otros metales en Estados Unidos. Desde 2000 hasta la fecha, la empresa ha sido acusada de más de 120 infracciones federales en materia de ambiente, salud y seguridad en sus instalaciones de Arizona y Texas. Las infracciones no son menores: incluyen descargas de contaminantes en el agua y falta de información y monitoreo ambiental.

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En 2004, la empresa cruzó otras fronteras al adquirir la participación mayoritaria —54.2 %— de la Southern Peru Copper Corporation de ASARCO, decisión que la convirtió en un actor transnacional consolidado. El ascenso se vio teñido por tragedias que empañaron esa expansión. El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, arrebató la vida a 65 mineros, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados, dejando una herida abierta que aún persiste^[6].

Del río al veneno

Para ese coloso de la minería todo cambió un 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobresufrió el colapso de una presa de lixiviados, provocando la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora. En respuesta, se crearon los Comités de Cuenca Río Sonora,  un movimiento social conformado por personas afectadas por el grave derrame tóxico y en defensa de su territorio. El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ácido y sus consecuencias se convirtió en uno de los rezagos en justicia más importantes de la región. El agua se tiñó de un tono naranja metálico, mientras el olor penetrante del químico se manifestó como una advertencia silente^[7].

Más de 22 mil personas fueron afectadas directamente, y estimaciones independientes elevan la cifra hasta 250 mil personas^[8]. Metales pesados como arsénico y plomo se infiltraron en pozos, huertos y cuerpos, transformando lo cotidiano en amenaza .

El gobierno impuso una multa simbólica a Grupo México y creó el Fideicomiso Río Sonora, dotado con 2 mil millones de pesos aportados por el conglomerado, para remediar los daños. Sin embargo, la mayoría de las plantas potabilizadoras prometidas no se construyeron, los hospitales especializados siguen siendo una aspiración y las obras de saneamiento quedaron inconclusas. El fideicomiso agotó el 60% de sus recursos sin abordar el núcleo del desastre; el resto fue devuelto a la empresa y se cerró este mecanismo de forma unilateral en 2017, a pesar de no haber completado la reparación. Más tarde, en marzo de 2020, la SCJN dejó sin efecto el convenio que había extinguido el fideicomiso, argumentando que su cierre fue unilateral y se realizó sin haber cumplido con los objetivos de remediación ni haber consultado a las comunidades afectadas, lo que violaba su derecho a participar informadamente. No obstante, aquella orden continua en desacato. Más de una década después, el río persiste llevando partículas del veneno en cada temporada de lluvias^[9].

En paralelo, el consorcio mantiene su expansión: sus locomotoras cruzan fronteras, sus minas batieron récords de producción, y sus cifras bursátiles siguen ascendiendo, mientras la confianza de las comunidades se erosiona. Germán Larrea continúa alejado de los reflectores; en los poblados del Río Sonora, en cambio, el silencio se confunde con abandono.

Allí, en medio de huertos arrasados y pozos secos, persiste una certeza amarga: el imperio que una vez brilló con el cobre, hoy carga con la herencia del óxido y el veneno. Y en cada vaso de agua que se sirve, late la sospecha de que el pasado aún no ha dejado de fluir.

Universidad pública y contratos de impunidad

Las catástrofes ambientales cometidas por las diferentes razones sociales del corporativo no fueron un impedimento para recibir contratos. Y, el crecimiento y beneficios para la empresa no dejaron de llegar. Grupo México, gracias a una empresa subsidiaria, logró comprometer a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por más de 10 años para hablar a favor de la minería. El firmante (según las facturas) es el entonces secretario general y actual rector, Leonardo Lomelí Vanegas, quien aparece como responsable  de un acuerdo realizado durante la administración de Enrique Graue Wiechers.

Gracias a documentos a los que tuvo acceso PODER vía Méxicoleaks, pudimos constatar la realización de ese contrato entre la UNAM y la firma Operadora de Minas de Nacozari S.A de C.V., subsidiaria del coloso del Cobre. La UNAM recibió de la empresa la suma de 10 millones de pesos, divididos en seis pagos, por el concepto de realización de un estudio tectónico con el fin de identificar materiales en las inmediaciones de las minas ubicadas al noreste de México y al Sur de Perú.Y según lo reporta el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la escisión de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., cuando decidió transferir parte de su patrimonio a dos nuevas entidades: Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas de Nacozari, S.A. de C.V.. La escisión, aprobada por la Asamblea de Accionistas el 16 de abril de 2014 y no implicó la desaparición de Mexicana de Cobre, sino que esta continúa existiendo. Esta operación tiene implicaciones legales, fiscales y contables, y representa una reestructuración interna dentro del grupo empresarial al que pertenece Mexicana de Cobre, probablemente Grupo México, con el fin de especializar o separar sus operaciones industriales y extractivas. 

El acuerdo del que PODER posee copias y que data del 25 de agosto de 2006, además compromete a la universidad a realizar, conjuntamente, actividades de promoción a favor de la minería desde la firma del contrato y hasta el año 2019. Asimismo, a  mantener cláusulas de confidencialidad con todos los participantes, es decir, a realizar los trabajos en total opacidad. A cambio, (como parte de ese mismo acuerdo) la empresa y la universidad conservarían los derechos de propiedad intelectual que estén relacionadas con su participación en dicho estudio.

Como consultor externo de ese mismo convenio, se contrató a Geo Digital Imaging de México, S.A de C.V. para realizar el análisis de los sistemas de información geológica. Esta empresa es propiedad del profesor Héctor Mendívil Quijada, académico de tiempo completo del Instituto de Geología de la UNAM, adscrito a la Estación Regional del Noroeste, y Profesor de Cátedra en el ITESM campus Sonora Norte, según su propio perfil universitario^[10].

Otro caso que implica a la UNAM se revela en otra investigación periodística, donde se hace mención a que en 2015 la universidad, mediante Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria del Fideicomiso Río Sonora, recibió 50 millones de pesos para participar en acciones de diagnóstico ambiental tras el desastre ecológico causado por el derrame minero en el Río Sonora. De ese monto, 14 597 500 pesos fueron asignados al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis) del Instituto de Ecología, y 35 402 500 pesos al Instituto de Geología de la UNAM^[11].

Del Lancis, más de la mitad se destinó a “remuneraciones adicionales” (4 052 200 pesos) y “otros servicios comerciales” (4 603 380.21 pesos); el resto cubrió materiales, equipo e instrumental de campo, honorarios y viáticos para los investigadores.

Sin embargo, la UNAM no ha informado sobre el destino o cumplimiento de varios productos pactados en el convenio, como propuestas de delimitación del Sistema Ambiental Regional, bases cartográficas digitales, modelación geoespacial dinámica o plataformas de geovisualización, que debían entregarse en plazos de 9 a 12 meses tras el cierre del fideicomiso (2017). 

A pesar de la magnitud del daño ambiental y social provocado, el entramado de relaciones entre Grupo México, las instituciones académicas y el Estado parece haberse fortalecido con cada desastre. Los contratos firmados con la UNAM, cargados de cláusulas de confidencialidad que habilitan la opacidad, exhiben  una subordinación del conocimiento científico a los intereses corporativos.

Mientras las locomotoras del consorcio siguen recorriendo territorios heridos, y las cotizaciones bursátiles celebran sus logros, las promesas de reparación y justicia se diluyen en la burocracia y el olvido. La historia de Grupo México no solo es la del crecimiento de un imperio económico cimentado en minerales, sino la de un modelo de impunidad sistemática que supo capturar no solo a las instituciones encargadas de fiscalizarlo sino también a las instituciones encargadas de generar evidencia científica. No fue solo el agua la que se contaminó: también lo fueron los contratos, los estudios y la narrativa oficial.

Hoy, el legado de cobre y veneno persiste en el aire seco del norte, en las aguas turbias del río Sonora y en los informes incompletos de las universidades. El daño no ha terminado, y tampoco lo ha hecho la complicidad. Lo que comenzó con cinco millones de pesos y una vigilancia sigilosa, terminó siendo una lección amarga: que en México, incluso los crímenes ambientales más flagrantes pueden ser administrados como simples negocios.

*Este reportaje fue realizado gracias al valiente trabajo de personas alertadoras que compartieron contratos y contextos de los mismos vía MéxicoLeaks. Documentos desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y solicitudes de acceso a la información.

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^[1]    Buenavista del Cobre la mina que se come a Cananea. Pie de Página.

^[2]    Venta de  Cananea. Pie de Página.

^[3]    Ciudad de Cananea. Wikipedia.

^[4]    Repúblico Mining (2000). Historia de Grupo México.

^[5]    Grupo México historia (2024). Grupo México.

^[6]    Una historia de mineria. Diario Business news.

^[7]    Camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad. PODER.

^[8]    Rebolledo Ruy (2027). Río Sonora sigue contaminando a 6 años del derrame. El financiero.

^[9]    Ídem.

^[10]   UNAM personal. 

^[11]   Camacho Zózimo. Grupo México salpica a la UNAM. Contralínea.