Esta renovación judicial, la primera que se decidió por votación ciudadana, enfrenta el reto de acercar la justicia a la realidad social y romper con el tradicionalismo jurídico. ¿Logrará transformar el Poder Judicial en un espacio más accesible y representativo?

Texto: Patricio Pérez

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El primer día de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación renovará a nueve ministros, elegidos en urnas el pasado 1 de junio.

Un abogado mixteco, defensor de los pueblos indígenas; tres ministras actualmente en funciones (propuestas previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador); una fiscal especializada en derechos humanos de la FGR; un abogado; un académico; un magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas; y una exconsejera jurídica de AMLO son quienes conformarán el nuevo Tribunal Superior de Justicia.

¿Su arribo representará un cambio en la impartición de justicia? ¿Qué propone cada uno de ellos?

Histórico: la Corte la presidirá un indígena

De origen tu’un savi (mixteco), Hugo Aguilar Ortiz, nacido en la Mixteca Alta de Oaxaca, será el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte y el primer ministro indígena desde Benito Juárez, en 1855.

Hugo Aguilar sustituirá a la actual —y muy cuestionada— presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aplicando una perspectiva que no solo tomará en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas, buscando que se les defienda con justicia, sino que plantea cambiar paradigmas dentro del mismo sistema, que se ha caracterizado por ignorar formas de organización diversas, democráticas y legítimas. Desde su perspectiva, una resolución que no atiende la realidad genera agravio.

En entrevista con Daniela Pastrana para Pie de Página, el electo presidente compartió sus siete ejes de trabajo:

Garantizar la existencia e identidad de los pueblos y su condición de sujetos de derecho.

Juzgar con un enfoque preponderante al interés colectivo; limitar que un interés privado lucre con el interés colectivo.

Tener conciencia de que cada expediente tiene siempre una vida detrás; no es solo un número. Darle dimensión humana a cada caso.

Justicia que favorezca la igualdad sustantiva de la mujer y de todos aquellos que tienen una definición en razón de su género.

Rechazar la idea de que el medio ambiente se regenera solo y garantizar criterios que lo defiendan.

Justicia con enfoque intercultural: Nuevos métodos para conocer la realidad; fortalecer amicus curiae (concepto jurídico sobre grupos o personas que tienen interés y buscan influir en la resolución de algún caso), dictámenes históricos, sociológicos, antropológicos; visitas in situ. Acercar la verdad legal a la verdad real.

Cómo transitar hacia una justicia real y verdadera: Quitar de un pedestal al juez, abrir espacios de diálogo y rechazar posturas absolutistas del derecho.

Con estos ejes, Hugo Aguilar expone su enfoque práctico y pluralista, cimentado en experiencias democráticas que no se reducen al voto en urnas, sino que abarcan asambleas, juntas municipales, votos por pelotón y el sistema libre. Afirma que la Corte debe ir “a tono con una sociedad cambiante” y afrontará la Constitución con una mirada “situada”, que mitigue la brecha entre la ley escrita, petrificada, y una sociedad en permanente transformación.

Pese a un intento de campaña sucia contra Aguilar Ortiz —donde se afirma que no está preparado, que carece de experiencia, que no tiene las acreditaciones suficientes o que es un simple “amigo” de López Obrador—, el nuevo ministro lleva tras de sí un historial de lucha social y notable congruencia.

Con 35 años de experiencia, premio Nacional Indígena en 2001 por su trabajo y defensa de los derechos indígenas, el ministro Hugo es abogado y tiene una maestría por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Ha llevado casos en defensa de pueblos indígenas hasta la Sala Superior, participando en controversias constitucionales en 2001. Fue también consultor de la ONU en temas de derecho de los pueblos indígenas y territorio. Actualmente es coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desde donde coordinó el proceso de consultas con las comunidades para avalar los megaproyectos del Tren Maya, el Corredor Transístimico y los planes de justicia con la tribu Yaqui y otras naciones y pueblos indígenas.

El derecho estudiado desde el territorio es una de sus principales directrices, lo que significa un viraje evidente respecto a lo que hasta ahora ha sido la dirección de la SCJN.

Las ministras en funciones

Por otro lado, la nueva Corte se conformará con las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf, Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González, Rodrigo Arístides Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo. Las tres primeras las propuso el Poder Ejecutivo y actualmente están en funciones, siendo Lenia Batres la única ministra de la actual Corte Superior que redujo su sueldo (conforme a la ley de 2019 que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente) y renunció al seguro privado de gastos médicos, servicios de escolta, entre otros privilegios. Recientemente sus compañeros la inhabilitaron en el caso del juicio de amparo de Grupo Elektra, alegando una presunta parcialidad y dolo contra el dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, por parte de la ministra Batres.

Yasmín Esquivel, propuesta en 2019 por el expresidente López Obrador, está rodeada de diversas controversias y polémicas, entre ellas la acusación de plagio de tesis (denunciada por una publicación de Guillermo Sheridan), pero que fue desestimada por la SCJN, que resolvió por unanimidad que no se podía sancionar a la ministra en términos administrativos por dicha acusación. Además, se han suscitado diversos comentarios y críticas por su voto a favor de la inhabilitación de la ministra Lenia Batres en el caso Elektra. Por otro lado, Esquivel se ha mantenido en una dirección afín al proyecto de la llamada 4T y afirma que su compromiso es “integrar un poder independiente y autónomo, que se transforme en beneficio de las personas”.

Loretta Ortiz, igualmente propuesta para la SCJN por AMLO durante su sexenio, ha manifestado también su simpatía por el proyecto de nación actual y, junto con las dos anteriores ministras, ha formado bloques de votación que van en sentido opuesto a la mayoría de la sala. Considera que los juzgadores deben interpretar la Constitución y los derechos humanos como “herramientas vivas, que respondan al dolor que enfrenta nuestro país debido a la pobreza, la discriminación y distintas clases de violencia, sobre todo las de género”.

Las nuevas figuras, ¿balance en la Corte?

Estela Ríos cuenta con 50 años de trayectoria; ha sido consejera jurídica de AMLO en dos ocasiones. Elaboró diversas iniciativas de ley, y su participación en controversias constitucionales fue de gran relevancia entre 2000 y 2006. Señala que “lograr el equilibrio entre los intereses en conflicto de las diversas fuerzas sociales actuantes en un determinado sistema económico, jurídico y social”.

Irene Herrerías es fiscal con especialidad en derechos humanos en la Fiscalía General de la República. Antes ocupó diversos cargos en la CNDH hasta que se integró al equipo de Alejandro Gertz Manero para ser titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Algunos han señalado un supuesto pasado calderonista debido a que, en 2011, el expresidente Felipe Calderón la nombró procuradora social para la atención a víctimas de delitos del Gobierno Federal. Coincidentemente, su postura expresada en el INE resulta de las más tibias entre sus ahora compañeros: “Impartir justicia es no agudizar el conflicto, sino lograr una solución equitativa y armónica, para seguir construyendo la paz y restaurar la confianza en las instituciones”.

Irving Espinosa es, en este momento, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Fue asesor de Morena en la Cámara de Diputados, así como coordinador de Servicios Legales en Iztapalapa. Sobre la justicia, opina que “tiene que estar al servicio del pueblo, no del mejor postor. No llegar para solo ocupar cargos públicos, sino para transformar al país en beneficio de todas y todos”.

Por otro lado, Giovanni Azael y Rodrigo Arístides son quienes cuentan con un perfil más bajo dentro de las esferas públicas. El primero, doctor en Derecho Constitucional y maestro en Estudios Superiores de Derecho Constitucional, es académico en la Universidad Iberoamericana. Considera indispensable que en la Suprema Corte existan perfiles que “tengan gran disposición para escuchar a la población y empatizar con sus necesidades”. A su vez, Arístides cuenta con años de trayectoria como abogado y opina que “La justicia no puede ser impartida desde el velo y privilegio del escritorio; debe responder a las demandas sociales, fortaleciendo la confianza en las instituciones y promoviendo la igualdad”.

Los temores

Los resultados de la elección son polémicos y han suscitado críticas, como que los nuevos ministros tienen afinidad por Morena, lo que sugiere un inminente control del Poder Judicial desde el Ejecutivo. El periodista Hernán Gómez publicó en su cuenta de X el mismo día de la elección, a las 10:14 de la mañana, una lista que adelantaba los resultados de los ministros electos para la Suprema Corte, provocando dudas y legítimas sospechas sobre la transparencia en el proceso electoral.

Más allá de especulaciones u opiniones, la nueva Corte llega en septiembre, y sobre sus hombros recae la responsabilidad de ser la primera corte electa por voto popular en el país.