La CNTE denuncia que los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum incumplieron su promesa de revertir el sistema de Afores que entregó sus pensiones a la banca, haciéndolos ganar millones. ¿Habrá una ruta de solución a sus demandas? En entrevista, el profesor Lev Velázquez desmenuza el panorama

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación volvió a tomar las calles del país para exigir una vieja reivindicación: una pensión para garantizar una vejez digna.

El reclamo viene desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando en 2007 su gobierno reformó la Ley General del ISSSTE.

Esta reforma aumentó la edad de jubilación, eliminó el sistema solidario de aportaciones, volviéndolo individualizado, y abrió la puerta a la privatizando de su administración con la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro, o Afores.

Desde ese año, la Coordinadora fue una de las organizaciones gremiales que peleó contra la reforma, lo que les valió cruentas represiones.

¿Por qué ahora vuelven a exigir que se elimine la Ley del ISSSTE? En entrevista, el profesor Lev Velázquez de Michoacán adelanta algunos puntos:

«Porque este gobierno y el anterior prometieron que echarían abajo la Ley del ISSSTE de 2007, y sencillamente no han cumplido. La demanda es básica y muy fácil de comprender: queremos que los ahorros de los trabajadores no sean administrados por la banca privada».

Los agravios

De acuerdo con el profesor Lev, el centro de la demanda es, en esencia, el combate a uno de los lastres de la política neoliberal heredada de los sexenios anteriores, particularmente del de Felipe Calderón, quien trasladó los fondos de ahorro de los trabajadores del Estado (incluidos los maestros) hacia la banca, quienes crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Esta medida, que se sumó a la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1997, permitió a los bancos (y ahora también a instituciones público-privadas como el Banco del Bienestar) usar el dinero de las jubilaciones como activos financieros para otro tipo de inversiones, como en infraestructura, desarrollo inmobiliario e inclusive especulación dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.

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Actualmente, existen 10 Afores administradas por Banamex (de capital estadounidense), y dirigida por Manuel Romo Villafuerte; Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego; Inbursa, de Carlos Slim; Coppel, de Agustín Coppel Luken; SURA, de BanColombia; Invercap, avalada por el Banco de México (dirigido por Victoria Rodríguez Ceja); Profuturo, de Grupo Bal de la familia Baillères; Principal, de capital estadounidense, Banorte, de Carlos Hank González, y PENSIONISSSTE, administrado por el Instituto de Seguridad Social.

La banca privada, además de especular con el dinero del retiro de los trabajadores, también tiene negocios en la minería, las telecomunicaciones, tiendas departamentales y otras ramas, como el negocio inmobiliario.

Un ejemplo: las naves industriales en el norte del Estado de México, donde las FIBRAS Monterrey, Hd, Plus, Terrafina, Prologis y Shop, usan los fondos para el ahorro administrados por sistemas como Invercap, Banamex, Coppel, Banco Azteca, Profuturo, SURA, entre otros.

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Aquí cobra sentido la demanda del magisterio, que no sólo es gremial, sino general para los derechos de la clase trabajadora.

«Desde que las cuentas se individualizaron y mercantilizaron en 2007 hasta la fecha, la demanda es que esos fondos vayan a un fondo común de los trabajadores. Que los proteja una institución pública. Además, que la edad de jubilación se restablezca como estaba antes de 2007. En ese entonces, cualquier trabajador al servicio del Estado —no solo docentes— podía retirarse a partir de los 30 años de servicio si era hombre y de los 28 si era mujer.

«Esto significa revertir la reforma neoliberal establecida en 2007 con Felipe Calderón, que tuvo una segunda fase en 2017 bajo Peña Nieto, donde se introdujo la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para disminuir las pensiones. La UMA equivale a menos de la mitad de un salario mínimo, lo que afecta gravemente a los jubilados.

«Ese es el punto central que hoy tiene a los maestros y otros sectores en las calles, incluso fuera del control del charrismo sindical. Se suman a lo que llamamos la huelga general de trabajadoras y trabajadores. Y esto, insisto, no se ha resuelto en más de 20 meses de diálogo con el gobierno actual».

¿Falta de tiempo, o de voluntad?

Desde finales del sexenio de López Obrador la Coordinadora ha exigido al gobierno Federal que cumpla su promesa de eliminar la reforma del 2007. Sin embargo, la historia ha sido de un estira y afloja. El profesor Lev explica:

«En campaña, el entonces presidente prometió revertir la tabla de jubilación de manera paulatina, pero al final solo creó el «Fondo de Pensiones del Bienestar», que permite a los trabajadores acceder a un apoyo adicional a partir de los 65 años. Esto es insuficiente: un egresado de la normal que entra a trabajar a los 22-23 años tendría que laborar 43 años para acceder a ese fondo, trabajando 10 años más que bajo la reforma anterior».

La última mesa de negociación con el presidente López Obrador se abrió en abril de 2024, y ahí mismo la Coordinadora planteó, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, algo que el entonces presidente dijo que no podría atender «por falta de tiempo», pero que, temporalmente, se complementaría con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, como dijo en campaña.

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Ante esto, antes del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, quien públicamente se comprometió a abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, la Coordinadora volvió a manifestarse en las calles para que la nueva administración no olvidara su compromiso. Sin embargo, como analiza el profesor Lev Velázquez, la actual presidenta propone, al igual que el expresidente López Obrador, complementar las pensiones con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De eliminar la reforma, nada.

«Dice la misma propuesta sin innovar, incumpliendo su promesa de campaña de revertir las reformas de 2007 y 1997. Ahora dice que «no se puede» y solo congela la edad de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres. Es una respuesta que no resuelve el problema de fondo».

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Aunado a esto, de acuerdo con distintos analistas, como el economista Adrián Alvarado, del Instituto Politécnico Nacional, el fondo de Pensiones para el Bienestar sigue siendo insuficiente, pues el recurso de ese fondo no alcanzará para el 75 por ciento de los trabajadores que cotizan en el seguro social. Además, critica que se usen los fondos públicos para subsidiar «el fracaso de un sistema privado como las Afores».

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No obstante, y aunque la Coordinadora ha sido clara en que su demanda central es la abrogáción de la Ley del ISSSTE, la última declaración de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la siguiente:

«Nosotros estamos con ofertas concretas que requieren los maestros. La Presidenta nos ha instruido: siéntense, lleguen a acuerdos, a buenos acuerdos que beneficien al magisterio nacional.

«Aquí nosotros ponemos por encima de todos los intereses particulares, de grupos, el interés nacional y del magisterio. Vamos a estar trabajando; queremos sentarnos para ver cómo van a ser las reglas sobre la desaparición del Usicamm, en fin, varias de las cuestiones que ellos están refiriendo.

«Vamos a seguir extendiendo la mano y la mesa puesta para el diálogo.

«La pregunta es, ¿ellos quieren la mesa? La hemos estado nosotros ofreciendo, pero en estas condiciones, pregunto también a ellos, a ustedes, había una oferta o hay una oferta de una reunión. Pero, ¿en estas condiciones se puede hacer?, ¿se debe hacer? Afectando a la población, afectando a los niños que se quedan sin clases? No sé».

«El gobierno defiende a la burguesía bancaria»

El descontento de los integrantes de la Coordinadora no es gratuito, pues en su lectura, como lo expresa el profesor Lev Velázquez, «el gobierno de la 4T contradice su discurso de «primero los pobres». Hoy defiende a la burguesía bancaria, que en 10 años obtuvo ganancias por más de 100 mil millones de pesos sin repartir utilidades a los fondos de los trabajadores».

Su argumento se complementa con el último informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quienes detallan que al cierre de 2024 las Afores administraban 68 millones 679 mil 741 cuentas. De estas, 56 millones 268 mil 170 fueron elección de los trabajadores, y 3 millones 133 mil 617 asignadas por la Comisión.

Las Afores que recibieron mayores asignaciones fueron Profuturo (de la familia Baillères) con 157 mil 633 cuentas; SURA (de Bancolombia) con 109 mil 735 cuentas y PENSIONISSSTE con 89 mil 389 cuentas.

Ademas, de acuerdo con el mismo informe de la Comisión, se reportó que sólo 2 millones 331 mil 804 cuentas están resguardadas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado mediante reformas a la Ley del Seguro Social, la ley del INFONAVIT y la ley del ISSSTE, publicadas el 30 de abril de 2024. Estas reformas establecen que el PENSIONISSSTE, las Administradoras y las administradoras prestadoras de servicio deberán transferir al Fondo los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores que cumplan setenta o setenta y cinco años sin haber reclamado sus recursos, sin necesidad de resolución judicial.

Pero las Afores no han hecho la transferencia completa de estas cuentas. De hecho, se han amparado para no hacerlo, como detalla el propio informe de la Comisión, que aunque no específica cuántos amparos recibió en contra de la transferencia de cuentas, sí demuestra que durante 2024 se tramitaron ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa un total de 131 juicios de Amparo Indirecto relacionados con los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Entre los temas abordados estaba el objeto de «en contra del Fondo de Pensiones para el Bienestar».

Sobre esto, el profesor Lev comenta:

«Mientras el ISSSTE sí distribuye beneficios. La banca administra 7.2 billones de pesos de ahorros laborales. Es claro que el gobierno prioriza sus intereses, pese a la retórica contra Salinas Pliego. Bancomer y Azteca, por ejemplo, lucran con los ahorros y luego captan clientes para sus tiendas como Elektra. No hay «prosperidad compartida», como dice el gobierno».

El descontento crece, junto a las movilizaciones

Como afirma el profesor Lev Velázquez, la defensa de los intereses de la banca por parte del gobierno ha movilizado a miles de maestros no solo en la Ciudad de México, sino también en otras partes del país. Algunos, incluso, desafiando la burocracia sindical del SNTE, actualmente alineado al gobierno en turno representado por su exdirigente, Alfonso Cepeda, el profesor coahuilense que participó en la campaña presidencial de José Antonio Meade y que hoy es diputado por Morena en el Congreso de la Unión.

«El SNTE no convoca a movilizaciones; al contrario, apoya al gobierno. Pero en Chihuahua, Sonora y Baja California, maestros han ocupado sedes sindicales para exigir derechos. La CNTE no es el 5 por ciento que dicen: hoy sumamos a más trabajadores fuera de su control. El paro continúa, y acciones como la toma del Aeropuerto de la Ciudad de México o Hermosillo reflejan el enojo ante la negativa de diálogo de la presidenta. La radicalización crece mientras el gobierno defiende a la banca».

Esta radicalización lleva a las movilizaciones a un callejón sin salida, pues como resalta el profesor Lev, «sin propuestas concretas del gobierno, no hay puntos medios. Mientras no eliminen la reforma neoliberal, la exigencia sigue siendo su abrogación total. Sin avances, la base no aceptará migajas».

Y concluye haciendo un llamado a la población:

«La CNTE siempre ha combatido al neoliberalismo. No hemos cambiado: ponemos primero a los trabajadores y pobres. Hoy, el gobierno prioriza a la banca. Invito a reflexionar sobre eso y a no dejarse engañar por discursos vacíos. La lucha es por derechos, no por ideologías».