Durante dos meses la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Mérida, Yucatán, sostuvo un paro para exigir transparencia y mejores condiciones de infraestructura. El paro terminó, pero sus demandas parecen topar con la falta de presupuesto en la máxima casa de estudios

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: ENES Mérida

MÉRIDA, YUCATÁN. – Aunque el paro terminó hace unas semanas, la tensión aumenta en el campus Mérida, Yucatán, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los estudiantes, quienes levantaron el paro sin garantías de que se resolvieran sus demandas, ahora temen represalias. Las autoridades universitarias aseguran que no será así y que harán todo lo posible por cumplir sus compromisos.

¿Qué exigen los estudiantes? ¿Qué dicen las autoridades? Esta es una radiografía del conflicto.

La gota que derramó el vaso

El 7 de febrero trabajadores afiliados al Sindicato de la Universidad desalojaron un tianguis estudiantil que desde hace años se instala en las inmediaciones de la ENES Mérida. El tianguis lo autorizó el exabogado del campus como una medida para paliar las dificultades económicas que atraviesan algunos estudiantes de ese campus.

Ese día, los trabajadores insultaron a unas estudiantes que vendían comida en el tianguis. Las amenazaron con llevarlas al departamento jurídico de la institución y solicitar una sanción.

«Llegaron trabajadoras del sindicato y prácticamente echaron a gritos a estas compañeras, que solo eran tres personas», dicen entrevista un grupo de estudiantes de la ENES.

«A raíz de eso, corrió la voz entre los estudiantes, se convocó a una asamblea de emergencia y se decidió hacer una manifestación pacífica con carteles, sobre todo frente al edificio de gobierno», agregan.

Un malentendido

La protesta derivó en la entrega de un pliego petitorio a las autoridades que recuperaba algunas demandas promovidas por la comunidad estudiantil desde 2022 como la falta de atención médica de emergencia en la escuela; la falta de espacios dignos, sobre todo deportivos y de esparcimiento, como bancas o sillas alrededor de la escuela; y mejoras en el servicio de cafetería, el cual califican como «deficiente e inaccesible económicamente para la mayoría de los estudiantes, e incluso para trabajadores del sindicato».

Mientras ocurría la manifestación, el secretario general de la ENES Mérida, Rubén Torres, habló con los estudiantes inconformes. Les aseguró que las agresiones contra sus compañeras no habían sido una orden desde la estructura administrativa, y que si se llegara a comprobar que así fue, él mismo renunciaría a su cargo.

Los estudiantes insistieron en que las agresiones no eran un caso aislado, y exigieron la renuncia del secretario general porque otras estudiantes y personal administrativo «denunció comportamientos hostiles» de su parte.

«En las juntas del consejo técnico suele ser hostil y agresivo, especialmente con docentes mujeres y las dos alumnas que representan al estudiantado que, cabe recalcar, son minoría en un espacio sin cámaras y donde no se transparentan las discusiones», argumentan los estudiantes.

Rubén Torres, en entrevista con Pie de Página, da su versión de los hechos:

«En mi lectura todo fue una mala también interacción entre trabajadores y estudiantes que hasta el momento no se ha clarificado. La información que yo tengo dista mucho de lo que después se intentó generar como narrativa de que fue culpa de las autoridades. En ese contexto yo dije: ‘Si fuimos nosotros como autoridades yo debo de renunciar’ pero no se presentaron pruebas. Así logramos cortar esa narrativa».

La protesta, consecuentemente, escaló.

Reclamos viejos, reclamos nuevos

La ENES Mérida tiene un contexto particular: cuenta con poco menos de 500 estudiantes, la mayoría originarios de la Ciudad de México que llegan a este campus gracias al pase automático conquistado tras años de lucha estudiantil en la máxima casa de estudios. Su conexión con los habitantes de Mérida en realidad es poca, e inclusive hay quienes dicen que son mundos incomprendidos.

«A nosotros nos ofrecieron algo que no es realidad: instalaciones buenas, prácticas de campo, y otras cosas. Pero es publicidad engañosa. La realidad es que estamos alejados de todo, en medio de la selva, nos han llegado a cobrar hasta 3 mil pesos para hacer nuestras prácticas y ni siquiera tenemos una enfermería, o una parada de camión digna», dicen los estudiantes.

Por eso, a raíz de las agresiones contra sus compañeras, la comunidad estudiantil entregó un primer pliego petitorio a las autoridades, dando un plazo de 5 días para su resolución. El pliego petitorio se resumía a tres demandas: una disculpa pública a sus compañeras agredidas; la identificación de los responsables; y la renuncia de Rubén Torres.

La respuesta de las autoridades al pliego petitorio fue negativa:

«Dijeron que no podían identificar a los trabajadores del sindicato sin una denuncia formal, pero no podíamos denunciar a los del sindicato porque ni siquiera se identificaron, y no nos permitieron acceder a las cámaras de seguridad sin una denuncia previa. Para la renuncia de Rubén Torres, exigían ‘evidencia suficiente’, aunque nosotros no pedíamos su destitución, sino que cumpliera su ofrecimiento».

El 18 de febrero, en otra asamblea, los estudiantes decidieron casi por unanimidad iniciar un paro de 96 horas para que se cumplieran sus demandas. A partir de ahí, se organizaron formalmente como Comunidad Estudiantil Organizada (CEO), y redactaron un pliego petitorio que sumó las demandas antenas de 2022 y lo enviaron a la administración y a la sede central de la Universidad.

El pliego incluyó las demandas de transparencia en los presupuestos, mejora de la infraestructura  y eliminar la desigualdad entre la ENES Mérida y otras sedes, como la de Juriquilla, en Querétaro, que tiene el mismo tiempo de creación pero cuenta con mejores condiciones: servicio médico, múltiples cafeterías e instalaciones más amplias.

«Ese día ocupamos las instalaciones bajo estos acuerdos: firmamos una carta de no represalias; se dio tiempo al personal para retirar sus pertenencias, y se colocaron brigadas de seguridad en áreas restringidas (edificio multifuncional, gobierno, cafetería y parte de docencia), dejando solo un salón y baños disponibles para los estudiantes en paro».

Demandas inviables

El 24 de febrero, al finalizar el paro de 96 horas, las autoridades y la comunidad estudiantil sostuvieron una primera mesa de diálogo. En ella, acusan los estudiantes, las autoridades se presentaron sin un plan de acción para dar salida a sus demandas. Aseguran que eso era una condición que habían establecido previamente.

Además, acusan, las autoridades los trataron sin seriedad:

«Llegaron tarde. Por ejemplo, el director llegó a las 2:00 PM (la cita era a las 12:00 PM, pero alegó un compromiso médico). Rubén Torres (secretario general) y Javier Saldivar (secretario académico) llegaron dos horas después, a las 4:00 PM, y se negaron a entrar hasta que el director les confirmara verbalmente que podían participar.

«El plan de trabajo que nos entregaron estaba escrito a mano en una hoja de cuaderno durante la misma reunión. No incluía fechas, metas ni responsabilidades claras, solo promesas vagas como: ‘Les pondremos un servicio social para que construyan su propio mobiliario’.

«Cuando cuestionamos al director sobre la falta de avances, su respuesta fue: ‘No están dentro de mis poderes mágicos como director. La escuela solo tiene 5 años y todo es un proceso escalonado’. Mencionó también recortes presupuestales».

Esto hizo que el paro se declarara de manera indefinida.

Falta de presupuesto, mito o realidad

Daniela Tarjuni Navarro, responsable de Divulgación de la Ciencia de la ENES Mérida acepta dar una entrevista a Pie de Página para constatar las demandas que exigían los estudiantes. La entrevista es acompañada de un recorrido por las instalaciones de la Universidad.

En el recorrido éste reportero constató que en la Universidad existe un cubículo pequeño que sirve como enfermería, el cual, sin embargo, no tiene atención diaria por falta de personal, aunque sí cuenta con el equipo para dar atención a casos emergentes.

También, se constató que las instalaciones de los laboratorios están equipadas con las herramientas suficientes para las materias y áreas de investigación que ofrece la Universidad, algo que, inclusive, reconocen los estudiantes entrevistados para este trabajo:

«La ENES tiene profesionales altamente capacitados con experiencia en investigación y proyectos sociales. Y también cuenta con laboratorios bien equipados, aunque subutilizados por falta de cupo».

Sobre las prácticas de campo, Tarjuni Navarro explicó el panorama que atraviesa la ENES:

«Nuestro plan curricular se basa en un 40 por ciento de formación teórica y 60 por ciento en prácticas divididas en laboratorio y campo. Cada licenciatura tiene un proceso de planificación especifico para sus prácticas, y cuentan con un presupuesto especifico que se evalúa bajo criterios de costo-beneficio, es decir, qué tan importante es que una práctica se realice tan lejos de la Universidad, si se puede hacer más cerca, para aminorar costos.

«Todas las prácticas son previamente aprobadas y coordinadas a través de nuestro sistema centralizado. La bodega institucional funciona como centro de distribución de materiales para garantizar uso óptimo de recursos e incluimos protocolos de transporte y seguridad para cada salida de campo. Todos los participantes en prácticas de campo cuentan con seguro facultativo de la UNAM, que tiene un costo institucional de un peso 56 centavos por alumno; equipo de protección completo (chalecos, botiquines, etc.) y protocolos de emergencia establecidos. La cobertura incluye accidentes y eventualidades graves

«Sin embargo, el presupuesto no alcanza. Por ejemplo, el presupuesto base asignado por la UNAM el año pasado fue de 120 mil pesos para prácticas de campo en todas las licenciaturas. Nosotros, mediante una gestión eficiente y reasignación de partidas, logramos incrementar este fondo hasta 10 veces su monto original. Este aumento permitió cumplir con el cien por ciento de las prácticas programadas sin afectar su calidad académica».

–¿Entonces la denuncia de que ha habido veces que se les cobra hasta 3 mil pesos a los estudiantes para realizar sus prácticas es inventada?

–Lo más probable es que eso sea por algún profesor que quiera hacer una práctica que se salga del presupuesto. Es decir, que sea en algún lugar muy lejos que implique un gasto que no tenemos contemplado para transporte, alimentos u hospedaje. Pero como institución nosotros no cobramos para realizar las prácticas.

La explicación de Tarjuni Navarro es un argumento reiterado en la UNAM, y parte de un problema estructural donde, la reducción de presupuesto implementada desde el gobierno Federal, choca, también, con los privilegios que se mantienen en la élite de la institución.

Por ejemplo, en 2021, 21 escuelas de la Universidad se fueron a paro debido a que no les habían pagado a más de cien docentes.

De hecho, de acuerdo al Reporte de investigación especial 135. El poder adquisitivo del salario de las profesoras y los profesores en la UNAM. 2001-2021, publicado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad, al menos el 74 por ciento de los más de 41 mil docentes de la UNAM se encuentran laborando bajo el esquema de honorarios y perciben un salario que no cubre la canasta alimentaria básica.

Esto, contrasta con el salario de profesores de tiempo completo, quienes perciben hasta 50 mil pesos mensuales, sin contar a aquellos que pertenecen a algún área de investigación u órganos colegiados de la Institución, quienes ganan más de 100 mil pesos al mes.

Pero eso no es todo, de acuerdo a una investigación del periodista Zózimo Camacho, publicada en Contralínea en 2019, en 2018 la UNAM ejerció «un presupuesto total de 38 mil 510 millones 94 mil 55 pesos. En “artículos y materiales de consumo” erogó 952 millones 702 mil 876 pesos, de acuerdo con el Desglose del presupuesto por capítulo de gasto. Adicionalmente –señala el documento publicado en el sitio electrónico de transparencia de la Universidad–, desembolsó 841 millones 77 mil 489 pesos en “mobiliario y equipo”. Y en inmuebles y construcciones, 624 millones 839 mil 582. Así, la máxima casa de estudios del país destinó 2 mil 418 millones 619 mil 948 pesos en materiales, muebles e inmuebles para cumplir con sus funciones».

Sobre esto Tarjuni Navarro no emite alguna opinión, aunque recalca que la ENES envía repetidamente oficios a la administración central para pedir que se asigne mayor presupuesto, no solo para las actividades académicas, sino también para contratar personal en la enfermería y terminar la construcción de edificios que están en obra negra, y que dependen directamente del área de obras de la UNAM.

–¿Entonces las demandas de los estudiantes eran razonables?

–Sí, pero de verdad que nosotros no podemos hacer nada.

Sobre la ciclovía y la parada de autobús las autoridades de la ENES argumentan que eso es facultad del municipio de Ucú (donde está asentada la institución), así como del municipio de Mérida. Aseguran que están realizando las gestiones pertinentes.

El fracaso del paro estudiantil

El 28 de febrero, la administración de la ENES anunció con solo una hora de anticipación que llegarían a la escuela a entregar una «propuesta de trabajo», rompiendo el acuerdo de que el plan se haría en conjunto con los estudiantes.

Ese día había pocos estudiantes en la guardia del paro, por lo que, cuando llegaron los docentes y administrativos, éstos los superaban en número. Cuando el director de la ENES llegó a las instalaciones entregó el documento de propuesta de una forma singular: «lo dejó en el piso, a tres metros de distancia de nosotros», acusan los estudiantes.

Ese mismo día, los estudiantes se confrontaron verbalmente con algunos docentes que les expresaron su descontento con la protesta: «Se quejaron de que no recibían información directa del CEO, solo de la administración, y exigieron participar activamente en las mesas de trabajo, aunque logísticamente eso era inviable».

En los medios de comuicación locales comenzaron a circular algunas notas que acusaron que el movimiento estudiantil era manipulado por docentes con intereses políticos, incluso publicando nombres de profesores tachados de «pseudodoctores».

Bajo este clima de tensión y desprestigio llegó la segunda mesa de negociación, la cual ocurrió el 5 de marzo. Ese día, los estudiantes aseguran que pidieron a las autoridades, administrativos y docentes que confirmaran su asistencia con 48 horas de anticipación. Los administrativos y docentes, dicen los estudiantes, se negaron a entrar a la mesa porque exigían una participación activa, con voz y voto, y no solo como oyentes. La mesa de negociación se rompió.

El 18 de marzo llegó una nueva oportunidad de negociar, y ese día se realizó una asamblea de más de 11 horas en las que las autoridades y los estudiantes llegaron a algunos acuerdos. Las autoridades pidieron a la comunidad estudiantil que firmaran un documento donde plasmaron una ruta de trabajo. Los estudiantes firmaron, pero sólo como «recibido», algo que reconoce la propia autoridad universitaria.

«Nosotros firmamos únicamente como recibido porque teníamos que discutir si esa ruta de trabajo satisfacía nuestras necesidades», argumentaron los estudiantes entrevistados para este trabajo.

Sin embargo, 7 días después, el 25 de marzo, las autoridades exigieron a través de un comunicado la devolución inmediata de las instalaciones y desconocieron al CEO como un interlocutor válido. Daniela Tarjuni Navarro explica los motivos:

«No recibíamos respuesta, y a la Universidad, a los contribuyentes, les cuesta mucho cada día que está en paro. Por eso desconocimos al CEO como interlocutor, porque sencillamente no respondían».

Al final, la comunidad estudiantil pidió que interviniera un mediador de Ciudad Universitaria para acceder a entregar las instalaciones con la condición de que se firmara una carta de no represalias a favor de los paristas.

El 27 de marzo, arribó a las instalaciones de la ENES una comitiva de 4 personas con una carta de no represalias que, según los estudiantes, estaba incompleta, pues «no cubría manifestaciones fuera de la escuela, ni los murales hechos durante el paro».

Además, ese día, acusan los estudiantes, las autoridades «cambiaron las condiciones para entregar las instalaciones: querían romper los sellos para verificar el inventario, algo imposible porque no sabíamos qué había dentro. Obviamente nos negamos».

Demandas incompletas

Finalmente, el 3 de abril se pactó la entrega con una carta de no represalias aprobada por los estudiantes, y entraron en paro activo, permitiendo la apertura de las instalaciones, y tomando algunas clases en línea.

Tarjuni Navarro relata el protocolo de entrega de las instalaciones, y también, asegura que no habrá represalias:

«El proceso de entrega se realizó el jueves 3 de abril. Inmediatamente después, del 4 al 7 de abril, ejecutamos una limpieza exhaustiva de todos los espacios y fumigación profunda para garantizar condiciones sanitarias óptimas ante el reinicio de actividades. Del 8 al 14 de abril algunos docentes implementaron asesorías en línea para nivelar contenidos tras 7 semanas de paro, y también, considerando la situación de estudiantes foráneos, pues muchos regresaron a sus ciudades de origen por motivos económicos.

«Por su parte, el consejo técnico (máximo órgano colegiado con representación estudiantil, académica y directiva) aprobó: la extensión del semestre hasta el 6 de junio (originalmente terminaba el 23 de mayo) y un período de exámenes ordinarios del 9 al 20 de junio y de extraordinarios del 30 junio al 4 de julio.

«Sobre el incidente de agresión a estudiantes, reiteramos que los canales para denuncias formales ante la Oficina Jurídica siguen abiertos desde esa fecha. Por confidencialidad y debido proceso, no podemos divulgar detalles, pero se garantiza la investigación. El proyecto de la enfermería sigue en marcha y estamos trabajando con el municipio de Ucú para mejorar alumbrado público y ciclovías, aunque los límites jurisdiccionales con Mérida condicionan algunas acciones.

«Sobre el diálogo con estudiantes, desde Rectoría y Dirección se plantearon acuerdos realistas, priorizando lo gestionable: una mesa técnica permanente para seguimiento de demandas y la flexibilidad académica para afectados por el paro. Reiteramos que el Consejo Técnico -donde participan 2 representantes estudiantiles- es el espacio idóneo para validar soluciones institucionales».

Mientras tanto, los estudiantes concluyen:

«De verdad esperamos que no suceda como en casos anteriores, donde dijeron que no habría represalias pero hay condicionamiento de calificaciones, acoso, entorpecimiento de trámites y retención de becas. Somos fácilmente identificables. Ojalá que las denuncias por acoso sexual ya no sean entorpecidas; y sí atiendan la falta de transparencia en procesos administrativos y presupuestales.

«Es frustrante. Sacrificamos tiempo, sueño y recursos durante 2 meses, pero no resolvieron nada. Solo promesas vacías. Ahora el miedo a represalias es real, y la desconfianza en las autoridades sigue intacta.»