Es necesario que los programas sociales o productivos modifiquen sus reglas de operación para que las familias jornaleras v pueda acceder a esos programas

Por Arelhí Galicia*

Los programas sociales han sido parte esencial de la política pública de todos los gobiernos, no importando los colores o partidos que representen. Las aproximaciones que se han tenido para brindar estos apoyos se han planteado como objetivo la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la inclusión social. Dichas políticas han sido objeto de revisión, pues en muchos casos se han utilizado para el clientelismo político y como moneda de cambio para obtención de votos; aun cuando la actual y anterior administración federal le den (al menos en el discurso) un enfoque más universal y encuadren dichas políticas dentro de un marco de derechos) para garantizar que todas las personas tengan acceso a mejorar su ingreso para alcanzar un nivel de vida digno. 

Hay diversos estudios que cuestionan si estos programas han ayudado a mejorar la situación de gran desigualdad que viven miles de personas en el país y si se ha logrado una reducción de la pobreza gracias a esos apoyos. Los análisis que se han hecho en el programa de apoyo a adultos mayores han detectado que no ha beneficiado a la población más pobre sino todo lo contrario, los hogares más ricos aumentaron en cuanto a la recepción de apoyos sociales, pasando del 6% al 20%, mientras que entre los hogares más pobres pasaron del 68% al 49% entre el 2016 y el 2022.^[1]

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” desde hace varios años se hace cargo de que funcione en Tlapa la Unidad de Servicios Integrales, mejor conocida como Casa del Jornalero, lugar por el que pasan miles de familias jornaleras que migran desde la montaña de Guerrero a diversos estados de la república, para vender su fuerza de trabajo en el sector agrícola. En este espacio, mujeres, hombres, infancias en conjunto reciben alimentos y un lugar para descansar mientras los camiones se van llenando para irse a los campos agrícolas. Mientras esperan, dos personas de Tlachinollan se encargan de preguntarles datos básicos para contar con la única fuente de información fiable a nivel nacional con respecto a las personas que salen de ese lugar y dos personas más se encargan de cocinar para las familias que por ahí transitan. 

El gobierno actual y los que le han precedido, no cuentan con numeralia precisa respecto a la población jornalera, sus necesidades específicas y las realidades que les atañen. Cuentan con aproximaciones, con ciertos números que les hacen sentido, pero nada específico y sin tanto seguimiento como los que Tlachinollan genera año con año. Solamente en el 2024, hubo más de 12,000 registros en la Casa del jornalero. Este número es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de personas que tienen que migrar para sobrevivir. De las 12,068 personas jornaleras que pasaron por la casa del Jornalero entre agosto del 2023 y julio del 2024, solamente 57 declaró ser beneficiario de algún programa social o productivo^[2]. 

En el caso de las mujeres trabajadoras agrícolas, las barreras son tantas que representan una pared infranqueable: falta de acceso a documentos de identidad, barreras lingüísticas, de acceso a la lectoescritura, al internet, no se toman en cuenta sus ciclos migratorios, no se registra en las comunidades más alejadas… Como resultado, solamente una ínfima parte de las personas jornaleras logra acceder a un programa. Como lo resume Rocío, mujer nahua originaria de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, “cuando salimos a la migración, llegan los programas federales en enero y febrero y como estamos fuera no podemos inscribirnos porque estamos fuera, lo otro, es que esta la gente, llegan los programas, por ejemplo la ventanilla de las becas “Rita Cetina” pero no dejan incorporar a los hijos, piden muchos requisitos que no sabemos dónde conseguir o cuesta mucho dinero que no tenemos”. 

El slogan del desaparecido CONEVAL era: “lo que se mide se puede mejorar” y el INEGI tiene entre sus objetivos el recopilar y difundir información para ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, desde el 2009 que se realizó la Encuesta sobre jornaleros agrícolas (ENJO) no han vuelto a actualizar los conteos; en el último Censo Agropecuario se realizaron preguntas con respecto a la población jornalera, pero sin contar con una precisión metodológica que permita tener datos certeros, ya que se enfocó en “puestos de trabajo” lo que no da respuesta a las necesidades de esa población.

Hasta el momento no se ha presentado un programa específico de apoyo a la población jornalera, por ello es necesario que al menos los programas sociales o productivos que actualmente se implementan tengan una modificación a sus reglas de operación para que las familias jornaleras, que son de las más olvidadas y que se encuentran en los hogares en los que no llegan esos apoyos, pueda acceder a esos programas, lo que ayudará a mejorar en cierta medida su nivel de vida, pero lo más importante es contar con información precisa que permita generar una política de atención específica a sus necesidades y que dé respuesta a las diversas problemáticas a las que se enfrentan, desde sus lugares de origen, sus traslados a los campos de cultivo, hasta el respeto de sus derechos laborales, especialmente los de las mujeres jornaleras, que continúan con una carga desmedida en lo relativo al trabajo de cuidados y la desigualdad salarial, por mencionar solo algunos. Para ser efectivo, el ejercicio pleno de los derechos constitucionales reconocidos a las personas jornaleras se requieren políticas públicas con un enfoque integral, eficaces, sostenibles a largo plazo y con recursos específicos, así como la generación de datos actualizados y desagregados, estaremos pendientes de su elaboración e implementación. 

*Integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

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^[1] Copy of Compartir of Resultados preliminares de la ENIGH 2022_PC

^[2] Registro de población jornalera originaria de Guerrero, efectuado en la USI, en Tlapa, Guerrero entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.