La refinería Dos Bocas pone en duda el compromiso del gobierno federal con la legalidad y con el desarrollo incluyente y sustentable. Además, es un proyecto que beneficiará a los más privilegiados

Twitter: @eugeniofv

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había prometido que nadie estaría por encima de la ley. Por desgracia, el caso de la refinería de Dos Bocas parecería indicar que o considera que algunas leyes son más legales que otras o piensa que esa promesa tiene excepciones, pues la aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la refinería es, por lo menos, una irregularidad, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esto hace que la refinería sea un proyecto que pone en duda el compromiso del gobierno federal con la legalidad y también con el desarrollo incluyente y sustentable, pues será devastador para la zona y contribuye a dejar al país atado a los combustibles fósiles; se le están destinando recursos que se quitaron a dependencias con impacto social muy positivo, y sus beneficiarios serán, en su mayoría, los mismos de siempre. 

El , cuando se hizo pública la MIA, que Pemex presentó ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que el documento estaba muy mal hecho, presentaba inconsistencias y tenía información incompleta. Recordaban, por ejemplo, que el propio Instituto Mexicano del Petróleo había señalado que el sitio para edificar la refinería no era el adecuado. Además, señalaron que implica devastar doscientas hectáreas muy sensibles y romper la dinámica de los acuíferos del entorno; que hay una gran presencia de especies en peligro de extinción, y que la presencia de lagunas y pantanos, además de los efectos del cambio climático sobre el nivel del mar, la ponen en riesgo. 

Sin embargo, la ASEA ni siquiera pidió información complementaria para solventar estos potenciales problemas. No sólo eso, sino que puso en evidencia cómo la aplicación de la ley en México -aún en la Cuarta Transformación- es muy distinta para unos y para otros. Para un ejido que quiera extraer comercialmente la caoba de la selva que cubre su territorio, por ejemplo, la aprobación de la MIA suele tardar dos años. Para Pemex tardó dos meses. Para una comunidad indígena que quiere aprovechar el agua de su cascada para obtener energía, los trámites suelen incluir muchas idas y vueltas. A Pemex no se le pidió nada. 

La refinería, además, implica atar todavía más al país a los combustibles fósiles. Aún asumiendo sin conceder, como dicen los abogados, que México no tuviera nada que aportar en materia de cambio climático (aunque sí hay mucho trabajo urgente en la materia), los motores que usan esos combustibles nos perjudican a todos, porque contaminan nuestro aire y nuestra agua. Por citar solamente un estudio reciente, los autos de la Ciudad de México han hecho que los habitantes de la capital tengamos un riesgo mucho mayor de tener enfermedades cardiacas, y otros estudios han mostrado que el riesgo de tener enfermedades neurológicas es también más alto en los habitantes de las ciudades.

Las instalaciones de Pemex en Dos Bocas costarán, según el presidente de la República, unos 174 mil millones de pesos. Para conseguir esos recursos se han reasignado los presupuestos de muchas dependencias y se les ha privado de un personal vital para su funcionamiento. Es especialmente irónico que muchos de los recursos que se le han quitado a la Comisión Nacional Forestal, que conserva el medio ambiente e impulsa el aprovechamiento de los bosques y selvas para impulsar el desarrollo nacional, se destinen a una obra que se construyó destruyendo doscientas hectáreas de selva. 

Es triste también porque, mientras que el desarrollo forestal sustentable beneficia sobre todo a los más pobres y a los habitantes de regiones muy marginadas, los beneficiarios de la refinería y los usuarios de sus productos serán sobre todo los habitantes de las ciudades y las grandes empresas que tienen flotillas de gasolina y diésel para mover sus productos por el país. Se le quitó presupuesto a quien construye capacidades para el desarrollo sustentable, para invertirlo en un proyecto que beneficia a los más privilegiados, nos daña a todos y está, de por sí, en riesgo. 

López Obrador tiene una comprensión muy rara de la ley y de quienes son los más pobres.

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