El pueblo de Santa Bárbara se fue a dormir una noche cualquiera. Al despertar su bosque ya no estaba ahí. Su caso es reflejo de una política de desarrollo que prioriza las bodegas de transnacionales frente a las áreas naturales
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Andrea Amaya
ESTADO DE MÉXICO. – El 7 de diciembre un montón de maquinaria y motosierras entraron a un terreno en la comunidad de Santa Bárbara, en Cuautitlán Izcalli.
Las máquinas removieron todo a su paso. Después, el sonido de las motosierras se combinó con el de los trenes y camiones que desde hace décadas son parte del paisaje en esta zona del Estado de México.
Un poblador de la comunidad recuerda cada detalle de aquel día:
«Fue cerca de la medianoche, quizá las once, cuando iniciaron la tala. Los fresnos, gigantes de más de tres siglos, caían uno tras otro. Más de cincuenta árboles reducidos a troncos sin vida en cuestión de horas. Las autoridades —ecología, el municipio— fueron alertadas, pero nadie respondió. La destrucción no se detuvo. Durante dos noches y dos días, las máquinas no pararon. Arrancaron raíces, dejaron el suelo desnudo. Para el lunes, cuando el pueblo despertó del festejo de la fiesta patronal, ya no quedaba rastro del paisaje».
Un mes después, el 10 de enero, apareció una reja en el terreno. Primero en una esquina, luego cercando todo.
«Incluso taparon las zanjas. Habían prometido respetar el lugar durante las pocas reuniones con representantes legales, pero las palabras se las llevó el viento. No mostraron permisos; solo actuaron».
Los vecinos, indignados, cargaban con una mezcla de coraje y desolación. Algunas familias se fracturaron ante la impotencia. «Cada quien puede hacer lo que quiera en su predio, pero sin dañar a otros», repetía el poblador frente a un terreno vacío, y en construcción. Lo que más dolía era la certeza de que aquel bosque, testigo de siglos, no volvería a crecer en una vida.
Detrás del ecocidio, como califican los pobladores a la tala de los árboles, está una inmobiliaria: APP Inmobiliaria (Servicios Profesionales Inmobiliarios AP). La empresa, según informó Luis Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, no tenía permisos para derribar los árboles aquél día (los tuvo hasta el 16 de ese mismo mes).
Incluso, según registraron los vecinos de la zona, y confirmó el propio presidente municipal, tampoco existen permisos por parte de Desarrollo Urbano, ni autorización del cambio de uso de suelo, pero los trabajos continúan, al igual que la resistencia vecinal.
La historia de este predio en Santa Bárbara es común en esta zona del Valle de México, donde el bosque y los lagos son el suelo en el que se edifican gigantes naves industriales para satisfacer la demanda industrial y de consumo de la megaurbe que es la Ciudad de México y estados cercanos.
Ahí, empresas transnacionales como Amazon, Mercado Libre, Tres Guerras, y otras dedicadas a la logística y almacenamiento, operan sin control. Las consecuencias de este modelo son palpables en la vida cotidiana de los habitantes de éstas zonas, una de los más contaminadas del país, y que además viven problemas de movilidad, accesibilidad a servicios, destrucción de áreas naturales y otras problemáticas sociales asociadas a la industrialización y urbanización.
El doctor Andrés Barreda, investigador de la UNAM y coordinador del proyecto Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, lo dice contundentemente:
«El neoliberalismo convirtió a México en un laboratorio de desregulación. Hoy, los corredores logísticos son el símbolo de un capitalismo que prioriza ganancias sobre personas y naturaleza».
El negocio inmobiliario
En la década de los 80, recapitula Barreda, el Área Metropolitana del Valle de México concentraba el 70 por ciento de la industria en el país. Todo se concentraba, particularmente, en la zona norte del entonces Distrito Federal, y los límites del Estado de México y el sur de Hidalgo.
Para fines de los 90, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la consecuente globalización de las cadenas de suministro y de la economía del consumo, la región dejó de atraer las tradicionales «maquilas» o fábricas de producción. En vez de eso, optó por la construcción de naves industriales dedicadas al almacenamiento, la distribución y la gestión de inventarios que se incorporaron a los corredores industriales impulsados por el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
«Fue una visión cartográfica impuesta desde escritorios en Estados Unidos: convertir a México en un puente logístico, no en una nación soberana», señala Barreda.
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La zona es estratégica para este tipo de economías, pues la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, con una densidad poblacional que, si contempla la del Área Metropolitana, que incluye ciudades como Toluca, Atlacomulco, Tula, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca (9 mil 646.2 habitantes por kilómetro cuadrado) forma una megaurbe superior a Tokio (6 mil 501.58 habitantes por kilómetro cuadrado).
De acuerdo con las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de reimpulsar la industria manufacturera, la economía de servicios y la logística están siendo cada vez más fundamentales en el país, lo que está generando una transformación significativa en el uso del territorio y en las dinámicas laborales, como sucede en el sureste a partir de la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
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Sobre esto, Barreda precisa que estos proyectos:
«repiten errores del pasado: megainfraestructura sin consulta indígena, estudios de impacto superficiales y alianzas con capital extranjero».
En el Valle de México, las afectaciones son palpables en el corredor industrial que abarca los municipios de Tultitlán, Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y Teoloyucan, con un área bruta alquilable (área total de espacio terminado sobre el nivel del suelo) de 3 millones 473 mil 649 metros cuadrados.
Todo este territorio es administrado por FIBRAS (Fideicomisos de Bienes Raíces), un instrumento de inversión que financia la compra o construcción de bienes raíces, en este caso: naves industriales.
¿De dónde sale el dinero? según la tesis doctoral del investigador de la UNAM, Enrique Jesús Castro Martínez, de las jubilaciones de miles de adultos mayores.
Especular en el pantano
Desde 2016, tan solo en el corredor industrial de Tultitlán, Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y Teoloyucan, operan 7 FIBRAS, según la información de Casto Martínez. Si el estudio se amplía a toda el Área Metropolitana del Valle de México, el número asciende a 16 FIBRAS (8 especializadas y 8 diversificadas). La mayoría de estos Fondos de Inversión se financian a través de los fondos del ahorro para el retiro que gestionan bancos nacionales y extranjeros.
Por ejemplo, las FIBRAS Monterrey, Hd, Plus, Terrafina, Prologis y Shop, usan los fondos para el ahorro administrados por sistemas nacionales y extranjeros como Invercap, Banamex, Coppel, Banco Azteca, Profuturo, SURA, Canada Pension Plan Investment Board Real Estate, California State Teacher’s Retirement System, entre otros.
Pese a esto, y aunque en sus reportes financieros los fondos aseguran que son inversiones de bajo riesgo, la realidad es otra, pues hasta 2023 muchos de los municipios donde tienen presencia no permitían el cambio de uso de suelo para que operaran las naves industriales, lo cual hacía ilegal su construcción.
El caso de Santa Bárbara es ejemplo de esto, y también lo es el caso del municipio vecino de Tepotzotlán, quienes desde hace años han denunciado esta dinámica.
Ahí, hasta 2023 era vigente un Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM) que se estableció en el 2000, y que impedía la construcción de naves industriales en áreas donde el uso de suelo fuera para la vivienda y servicios urbanos.
La restricción importó poco, pues de acuerdo con el portal inmobiliario Solili, Tepotzotlán se ha consolidado como el submercado de parques logísticos más importante de la zona, concentrando, a mayo de 2021, el 68% de la demanda de espacio industrial en la región.
Actualmente, Tepotzotlán, según datos del gobierno municipal, recibe una circulación diaria de 35 mil vehículos, de los cuales, 29 mil son de carga. El panorama parece empeorar con el paso del tiempo.
Los terrenos en donde se establecieron estos parques logísticos son parte del 77 por ciento que no pertenece a uso urbano. De este porcentaje de tierras no urbanas, el 60 por ciento está catalogado como área natural protegida.
En 2023, el municipio aprobó un nuevo PDUM. El nuevo Plan autorizó la modificación del uso de suelo en distintas zonas de Tepotzotlán, entre ellas el área natural protegida que colinda con los almacenes industriales.
Del mismo modo aprobó la modificación del uso de suelo en donde están establecidas las naves industriales para que pudieran operar de manera regular, pues se habían construido en área de uso de suelo urbano. El nuevo plan ahora tiene una vigencia hasta 2063.
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Juan Carlos Molina, activista de Tepotzotolán, explica la problemática:
«Tepotzotlán es estratégico por su cercanía a la autopista México-Querétaro, principal ruta para transporte de mercancías del norte al centro del país. Los empresarios crearon un corredor logístico llamado «Cuautitlán-Tepotzotlán-Tultitlán», conectado con el corredor Zumpango-Huehuetoca. En estos dos corredores, las inmobiliarias han construido entre 86 y 95 parques logísticos, concentrando el 23% de estos en nuestra zona».
Y añade:
«Los parques logísticos destruyen la imagen urbana, generan polvo, ruido, tráfico, daños viales, escasez de agua e inseguridad. Tepoztlán, pueblo mágico desde 2001, perdió su vocación turística. La gente no fue consultada, y ahora sufre deterioro en su calidad de vida mientras las FIBRAS y 86 empresas deciden el futuro de 4 millones de personas».
Para Molina, el papel del gobierno en este proceso es fundamental, y aunque recientemente en el Estado de México el PRI perdió la hegemonía después de más de 100 años, las nuevas administraciones emanadas de Morena han continuado con esta política. Molina da detalles:
«Históricamente, el PRI priorizó inversiones sin considerar impactos sociales o ambientales, bajo la lógica del «10%» (sobornos). Hoy, con Morena a nivel estatal y Movimiento Ciudadano (en Tepotzotlán), se repite la misma dinámica. La gobernadora Delfina Gómez promueve ser el «primer estado receptor de inversión logística», ignorando afectaciones a la población».
Un ejemplo de esto es el caso del parque ecológico Xochitla, ubicado justo en los límites de Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.
Xochitla, la reserva amenazada por la logística
En 40 hectáreas, el parque de Xochitla albergaba 121 especies de plantas y árboles, algunas de ellas clasificadas en peligro de extinción. Sin embargo, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19 cerró sus puertas al público.
El lugar, un enclave ecológico en medio del smog y las naves industriales, ahora corre el riesgo de ser absorbido por el capital de la logística y el transporte, pues sus dueños anteriores, los hermanos Arango (entre los 7 multimillonarios de México), vendieron el predio.
José Molina explica los riesgos:
«Frente al terreno del parque hay un espacio público del ayuntamiento destinado a equipamiento urbano, como hospitales o escuelas. El IMSS tenía un proyecto ahí que no pudo concretar en el sexenio pasado por contrataciones leoninas, perdiéndose la oportunidad de un hospital regional. Actualmente, las 4 hectáreas frente al parque están libres, pero ya hay naves industriales logísticas alrededor, incluso junto al río Cuautitlán. Estas naves rodean el Parque Xochitla por el norte, oriente y poniente. Las 70 hectáreas del parque están cercadas por unas 200 hectáreas operando como centros logísticos rentados para empresas de venta en línea».
Para convertir el parque en una extensión de las naves industriales haría falta que el gobierno del Estado de México autorice el cambio de uso de suelo, algo previsible, según Molina, pues en palabras de la propia autoridad «la prioridad es atraer la inversión industrial».
Ante esto, los habitantes de Tepotzotlán y de Cuautitlán Izcalli crearon un frente: Xochitla vive, y piden que la reserva ecológica se integre al área natural protegida Parque Estatal Santuario del Agua Laguna de Zumpango. También exigen que el predio se expropie para ser destinado a utilidad pública.
Las demandas de los habitantes llegaron hasta el congreso local, donde la activista Itzel Ramos Delgado dijo que la medida acarrearía beneficios «para 4.2 millones de habitantes de los 14 municipios vecinos de Xochitla».
Y añadió:
«El parque Texcoco, el Bosque de Agua, la recuperación de las cuencas del Lago de Guadalupe, la Laguna de Zumpango y Xochitla deben ser la muestra de la voluntad política de un cambio a fondo en las políticas medioambientales”.
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La intervención de la activista resuena en las palabras de Andrés Barreda, quien asegura que México enfrenta un desafío histórico: ¿Persistir en un modelo que enriquece a pocos y enferma a muchos, o construir uno donde progreso no signifique devastación?
Y concluye:
«El cambio no vendrá de gobiernos ni empresas. Vendrá de ciudadanos informados que exijan derechos ambientales y laborales».
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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