Lo mínimo que se espera es que, al más alto nivel del gobierno federal, se tome el tema ambiental/recursos naturales con la seriedad y la importancia que se requiere. Se necesita contar con un enorme compromiso y una muy alta voluntad política para que estos temas sean atendidos con la celeridad necesaria, en beneficio de la población en su conjunto
Por Gustavo Alanís Ortega*
Al realizar una revisión de las prioridades que se enumeran para nuestro país para el 2025 y años siguientes, normalmente resaltan, entre otros, los temas que tienen que ver con la atracción de inversiones, la migración, la seguridad, las finanzas y la economía, combatir la pobreza, mejorar la educación, detener a la delincuencia organizada, mejorar los salarios de la clase trabajadora, la reducción del déficit fiscal y, el contar con un sistema de salud digno.
Sin duda, todo lo antes mencionado debe ser atendido de forma preponderante. Sin embargo, resulta decepcionante observar que, en la revisión de dichas prioridades, en ningún caso aparece como una prioridad todo lo relacionado con el sector medio ambiente y recursos naturales.
Resulta irónico darnos cuenta de que dependemos al cien por ciento de la naturaleza para llevar a cabo nuestras actividades y, sin embargo, no le damos la relevancia que se merece. Debemos de ser conscientes de que, si las condiciones ambientales no son las adecuadas y aceptables, todo lo demás no puede suceder. ¿Cómo pensar que se va a producir un refresco o una cerveza si la calidad del agua no es la adecuada? ¿Cómo creer que la salud de las personas está en buenas condiciones cuando la calidad del aire es mala y en muchas ciudades del país es altamente deficiente? ¿Cómo intentar edificar una vivienda en un lugar donde el suelo está contaminado con residuos peligrosos? ¿Cómo creer que la riqueza marina con la que contamos estará en buenas condiciones cuando en muchas costas del país se descargan las aguas negras sin tratamiento alguno?
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se dan a conocer algunas de las prioridades ambientales sobre las cuales será fundamental enfocarnos en el 2025: Por principio de cuentas, México debe de contar ya con una nueva Ley General de Aguas (la cual lleva 11 años de retraso en su publicación) con un enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y de los pueblos. En segundo lugar, las 233 Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con las que contamos deben contar con el presupuesto suficiente y necesario para poder cumplir con su objetivo de poder garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida. ¿Cómo creer que si la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá un tercio menos del presupuesto que tenía en el 2018 podrá resguardar la riqueza natural de nuestro país?
En adición a lo anterior, hay que agregar que se debe de priorizar y atender en el país la muy mala situación por la que pasan hoy en día los defensores ambientales en nuestro país. En el año 2023, en México se cometieron 123 eventos de agresiones en contra de los defensores ambientales, resultando asesinados 20 de ellos, algo que es completamente insostenible e inaceptable. Igualmente importante, debe ser frenar la pérdida de biodiversidad y el buscar en todo momento que México cuente con ecosistemas saludables en beneficio de la salud, la calidad de vida y la vida misma de las personas. Entre otros aspectos, debemos de ir preparándonos para cumplir con el objetivo 30X30 planteado en la Conferencia de las Partes (COP15) de Biodiversidad del 2022 en donde nos hemos comprometido como país a conservar el 30% de la tierra y el 30% de las aguas marinas en México.
Resulta también relevante tener un enfoque de cambio climático que sea transversal en las políticas públicas a nivel nacional y priorizar la transición energética justa hacia fuentes renovables para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con las que México contribuye en el contexto global al calentamiento global y el cambio climático. Tenemos un compromiso en el contexto de las cumbres de cambio climático de la ONU de triplicar renovables y duplicar la eficiencia energética al 2030, por lo que debemos de actuar en consecuencia. Igualmente, para la COP30 de cambio climático que se llevará a cabo a finales del 2025 en Brasil, México deberá someter en dicha COP o rumbo a ésta su nueva Contribución Nacionalmente Determinada la cual deberá de ser más ambiciosa que las anteriores para poder en efecto reducir la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.
Otro desafío que no puede rezagarse está relacionado con la necesidad de transitar hacia una economía circular. Al respecto, México debe de contar con una ley de economía circular de alcance nacional y una política transversal con una visión de modelo de desarrollo unificado que facilite la transición hacía esta. Otro reto tiene que ver con la necesidad de garantizar la preservación y aprovechamiento sostenible de nuestros mares y costas, cuidando en todo momento el bienestar de la población relacionada con el sector pesquero y acuícola. Esto es importante porque dichas actividades económicas son de la mayor importancia cultural y social para el país. Representan el medio de sustento directo de más de 300 mil personas mientras que otras más de 2 millones se benefician de manera indirecta en los 17 estados costeros del país.
Por supuesto que no podemos de dejar a un lado la enorme necesidad que tenemos de combatir la deforestación ilegal creciente en nuestro país que en muchos de los casos es llevada a cabo por bandas criminales. También hay que atender el tráfico ilícito de flora y fauna y así estar en cumplimiento de la NOM 059 de SEMARNAT y del convenio del que México es parte que es el Convenio Internacional para combatir el Tráfico de Especies de Flora y Fauna que están en Peligro de Extinción (CITES). No menos importante es el buen manejo de los residuos sólidos y el de los residuos peligrosos pues en muchos casos, a nivel nacional ambos están regados por todos lados sin control alguno y con las implicaciones que ello tiene para el entorno y para las personas. Habrá de seguirse insistiendo también en la necesidad de que las instituciones ambientales de nuestro país puedan contar con los recursos humanos y materiales que requieren para hacer su trabajo apropiadamente. De lo contrario, el deterioro y el Estado de derecho en materia ambiental seguirán su camino.
Así las cosas, lo mínimo que se espera es que, al más alto nivel del gobierno federal, se tome el tema ambiental/recursos naturales con la seriedad y la importancia que se requiere. Se necesita contar con un enorme compromiso y una muy alta voluntad política para que estos temas sean atendidos con la celeridad necesaria, en beneficio de la población en su conjunto. El sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum apenas empieza. Tiempo al tiempo.
*Fundador y Director Ejecutivo del Centro Méxicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en exclusiva para el portal Píe de Página.
Gustavo Alanís Ortega, Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
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