Un ejidatario de Yucatán corre el riesgo de ir a prisión después de protestar contra una mega granja de cerdos de la familia Loret de Mola. La granja es irregular, pero las autoridades estatales y federales no han hecho nada al respecto

Texto: Katia Rejón 

Foto: Andy Buenfil 

YUCATÁN. – Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi en Mérida, Yucatán, enfrenta una denuncia penal por los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad, interpuestos por la megagranja porcícola Pecuaria Peninsular Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, propiedad de Oswaldo Loret de Mola y Francisco José Loret de Mola.

En Santa María Chi, comisaría de Mérida, viven menos de 500 personas que tienen que convivir con galerones de 49 mil cerdos a apenas unos metros de sus casas. En mayo de 2023, tras una ola de enfermedades gastrointestinales y respiratorias relacionadas con la contaminación del agua y el aire, el pueblo de Santa María Chi inició un campamento en protesta por la megagranja porcícola.

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Como autoridad de la comisaría, Wilberth Nahuat respaldó la protesta y, sin responder a la solicitud de diálogo con la comunidad, la representante legal de la empresa, Beatriz Arely Uitzil Álvarez lo denunció ante el Ministerio Público por varios delitos como “privación de la libertad” y “despojo de cosas inmuebles”.

Los hechos

El 14 de mayo de 2023, la comunidad impidió el ingreso y salida de personal de la granja. En ese entonces, al comisario se le imputaron medidas cautelares que le prohibían acercarse a menos de 300 metros de la granja. Su casa está a 100 metros de ella.

Los camiones que van hacia la granja llenos de cerdos pasan por una calle habitada, y la puerta de entrada de la granja donde está la báscula de cerdos está a 10 metros de una vivienda, en incumplimiento de la Norma ambiental 001-SDS-22 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Además, conscientes de que podrían ser criminalizados como sucedió con la población de Sitilpech que bloqueó la entrada de una granja porcícola en protesta, la ciudadanía de Santa María Chi realizó el campamento a un costado de la entrada de la granja, en la puerta de sus casas. 

Tanto el comisario como habitantes del pueblo solicitaron la intervención de la Secretaría de Salud de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras dependencias nacionales y locales. Sin embargo, a pesar de las denuncias, la empresa sigue operando. 

Orvelin Montiel Cortés, subdirector adscrito a la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes acompañan a la comunidad en las demandas de amparo contra la granja porcicola, dijo que no existen suficientes elementos para consignar los delitos por los cuales se le acusa al comisario, pero la jueza Silvia Elena Torres Cobá del Juzgado II del I Distrito Judicial le consignó por los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad en la carpeta de investigación P122/2024. 

El 7 de noviembre de 2024 estaba prevista la audiencia en el Ministerio Público para que se le imputaran los cargos al comisario. Sin embargo, no tenía abogado y el Instituto Federal de Defensoría Pública giró un oficio al Instituto de Defensa Pública del Estado Yucatán para que le asignaran uno.

“Creemos que la integración de la carpeta de investigación se hizo de manera acelerada. Lo curioso es que después de que contara con un abogado, la representante de la empresa solicitó a la jueza aplazar la audiencia para el 12 de diciembre, una fecha en la que muchas personas están de vacaciones. Para nosotros es sospechoso que la hayan aplazado más de un mes”, explicó el abogado.

Por su parte, Wilberth Nahuat dijo en entrevista que el miedo le regresó tras la judicialización de la carpeta pues el delito por el que lo acusan es grave y corre el riesgo de ir a la cárcel o que le pongan el grillete: 

“Judicializaron la carpeta muy rápido y pusieron la audiencia en un día que es hasta festivo. Yo sigo capacitándome, tomando cursos, talleres. Mi familia me dice que me cuide. Para la primera audiencia iban a ir reporteros independientes, asociaciones, vecinos de pueblos donde también afecta la granja, porque es una mega fábrica en una zona conurbada”.

El delito: protestar

Antes del cambio de fechas, activistas y organizaciones de la Península de Yucatán escribieron una carta de apoyo al comisario dirigida al gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena; al Fiscal General, Juan Manuel León León; y a la jueza interina Silvia Elena Torres Cobá. 

“Los presuntos delitos que cometió Wilberth son en realidad un acto de protesta pacífico que él y otras vecinas y vecinos de Santa María Chí realizaron en mayo del año pasado debido a que la granja Santa María había provocado incendios que causaron fuertes agravios a la población de Santa María Chí, incluyendo problemas respiratorios de niñas y niños pequeños y adultos mayores”, afirma la carta de la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua a la que se sumaron colectivas, activistas, científicos y académicos.

Añadieron que los análisis científicos realizados por especialistas encontraron en los pozos del pueblo coliformes fecales, Salmonella, E. Coli y sólidos superiores a los permitidos a los que establece la Norma 001 de Semarnat y la Norma 127 sobre agua para uso y consimo humano.

Las irregularidades de la granja

La granja de los Loret de Mola comenzó a operar en la comisaría hace 30 años pero Wilberth Nahuat dice que “no era como es ahora”, pues la producción de cerdo ha aumentado y las consecuencias acumuladas de la contaminación del agua, suelo y aire son más evidentes. El pueblo tiene una plaga de moscas y olor pestilente que ha ocasionado problemas de salud, en especial a las niñeces. 

Contrario a lo que dice la ley, la granja ha operado sin las dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (ni la local ni la federal) y sin permiso para descarga de aguas residuales. Tampoco hubo una consulta previa, libre e informada a la comunidad maya de Santa María Chi para saber si quería o no convivir con casi 50 mil cerdos, tal como lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados internacionales y jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano.

Niñas y niños, acompañados por sus tutores y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, interpusieron demandas de amparo contra la mega granja, Semarnat, Profepa, Conagua, SDS y distintas autoridades de los tres niveles. Consiguieron la suspensión de la granja, en papel. Profepa interpuso una multa de 14 millones de pesos a la empresa y una serie de medidas correctivas por la falta de permisos para su operación legal. 

“Mérida pertenece a la región del Anillo de Cenotes, el más importante a nivel nacional y considerada dentro del Convenio Ramsar como área natural protegida y no es compatible con la porcicultura. Nos sorprende que la empresa siga operando pese a los amparos”, mencionó Orvelín Montiel. 

Además del amparo de las niñeces, existen dos denuncias populares presentadas por las y los vecinos y una más interpuesta por el comisario Wilberth Nahuat contra la Secretaría de Desarrollo Sustentable porque cerró una denuncia ambiental contra la granja por la contaminación por los desechos en el agua sin haber investigado. También hay dos demandas de amparo, una en el Juzgado Primero de Distrito y la otra en el juzgado este Segundo de Distrito contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por negar información de carácter público sobre permisos y concesiones. 

Las clausuras

La granja tiene clausuras por parte de la Comisión Nacional del Agua en algunos de sus pozos, opera a pesar de clausuras parciales, de la orden de suspensión y de la falta de permisos. 

Como respuesta, la empresa ha interpuesto quejas para obstaculizar el juicio que se encuentra en pausa. Para el abogado, la criminalización del comisario es otra estrategia para detener la lucha del pueblo contra la megagranja.

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Montiel explica:  

“El delito de privación ilegal de la libertad es un delito grave, el Ministerio Público podría solicitar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada ese mismo día. En el peor de los escenarios, el comisario puede quedar detenido. Y en el mejor de los escenarios, el Ministerio Público podría desistir de la acción penal y cerrar la carpeta de investigación contra el comisario”.

No es optimista con el resultado de la audiencia aplazada para el 12 de diciembre, pues la autoridad ha respaldado la impunidad de la operación de la granja, a pesar de los esfuerzos por denunciar científica, legal y socialmente las afectaciones que tiene para la vida de la zona, y particularmente del pueblo. 

Wilberth Nahuat invitó a que las personas asistan ese día y sean testigos de la audiencia y lo que se habla ahí. Recordó que la lucha contra la contaminación del agua no es solo de Santa María Chi sino de toda la Península de Yucatán, que es donde también viven las autoridades locales. 

“Espero que haya participación y apoyo ese día. Sé que los defensores de la tierra y el agua no son bien vistos por el Estado. La nueva administración dice que va a escuchar a los pueblos. Si voy a la cárcel sería el ejemplo de que no es así”, expresó Wilberth.