Los Estados salen de Cali con el compromiso fundamental de incluir a la biodiversidad en todas las áreas de la política pública de sus países, lo que significa un enfoque transversal que coloque a la biodiversidad en la toma de decisiones relacionadas con salud, economía, agricultura y otros temas relevantes

Por Gustavo Alanís Ortega

La Conferencia de las Partes (COP) 16 del Convenio de Biodiversidad o de la Diversidad Biológica (CDB) reunió a representantes de más de 170 países del 21 al 31 de octubre pasado en Cali, Colombia. El lema de la COP fue “Paz con la naturaleza», poniendo énfasis en la estrecha relación que existe entre los ecosistemas y las personas. En particular, se buscó resaltar la importancia de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la conservación, uso sustentable y defensa de la riqueza natural de la Madre Tierra. 

Durante el transcurso de la COP, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo: “El tiempo apremia. La supervivencia de la biodiversidad de nuestro planeta -y nuestra propia supervivencia- están en juego”. Y yo pregunto. ¿Acaso no nos damos cuenta que destruir a la naturaleza es ir en contra de nosotros mismos?

Vale la pena recordar que en la COP15, celebrada en 2022 en Canadá, se adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual estableció cuatro objetivos a alcanzar en el 2050 y 23 metas para el 2030. Se espera que, a partir de Cali, los Estados Parte, México incluído, vayan presentando los planes nacionales que han establecido para alcanzar estos objetivos (al día de hoy alrededor de 40 países los han presentado). La presentación de dichos planes es fundamental para poder tener certezas respecto de los recursos financieros, materiales y humanos con los que se cuenta, así como de las políticas públicas y el marco legal bajo el cual se va a operar.

En el caso de México es importante hacer notar que, en los discursos y presentaciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se refrendó el compromiso de nuestro país para alcanzar en tiempo y forma el compromiso 30-30-30, adoptado en la COP15 del CDB, el cual se refiere a proteger el 30% de la superficie terrestre y el 30% de los océanos para el año 2030. Esto, es importante para nuestro país ya que México ocupa el quinto lugar en variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles de todo el planeta. Se ubica también en el lugar número 5 de los “países megadiversos” del planeta, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia.

Además, entre otros aspectos, la Secretaria Bárcena enfatizó en la COP algunas prioridades ambientales de esta administración federal que tienen que ver o están relacionadas con fomentar la economía circular, promover un ambicioso Plan Nacional de Restauración para remediar cuencas y recuperar manglares y ecosistemas críticos, así como frenar la deforestación causada en parte por la ganadería. Bárcena se pronunció a favor de que se aumente el presupuesto a la Semarnat y con ello poder implementar una política ecológica y ambiental humanista. 

Advirtió también sobre la necesidad de proteger tesoros naturales de nuestro país como es el caso del Golfo de California y su biodiversidad. Se pronunció en favor de una política ambiental en la cual se cuente con una participación plena e informada de las mujeres y de pueblos indígenas; comentó sobre las desgracias que sufren las personas defensoras ambientales en México y propuso el uso de inteligencia para prevenir las agresiones que sufren. Finalmente, se pronunció a favor de la justicia ambiental y a la necesidad de llevar a cabo en nuestro país una implementación adecuada del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. 

Con relación al cuidado y conservación de la naturaleza, uno de los grandes rezagos que tiene México en lo que tiene que ver con Áreas Naturales Protegidas (ANP) es que muchas de ellas no cuentan con sus respectivos planes de manejo. Igualmente, ha faltado acompañarles con recursos humanos y financieros suficientes a fin de que haya una efectiva conservación y que no sean ANP sólo en el papel.  El presupuesto destinado a las áreas protegidas era hasta hace unos meses de 10.7 pesos por hectárea, lo cual es clara y abiertamente insuficiente. A esto, hay que agregar la disminución que en términos reales ha experimentado el presupuesto destinado al sector ambiental (alrededor del 40 %) y a instituciones fundamentales para su correcta vigilancia como es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras.

Otro de los temas fundamentales para México -y que fue eje fundamental de la COP16- es la situación de las personas defensoras del medio ambiente.  Según se ha dado cuenta en los informes que publica al respecto el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), nuestro país continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para proteger el patrimonio natural, la tierra y el territorio. Tan sólo en 2023, 20 personas perdieron la vida por realizar esta labor.  Por su parte, la organización internacional, Global Witness, señaló en su Informe, dado a conocer el pasado mes de septiembre, que México aparece en el tercer lugar con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo con 18, únicamente abajo de Brasil (25) y Colombia (79). 

Uno de los temas centrales de la agenda que se discutieron ampliamente en los eventos paralelos de la COP16 fue la implementación adecuada del Acuerdo de Escazú en las legislaciones de los países de la región. Recordemos que uno de los ejes fundamentales de dicho Acuerdo es el compromiso de los Estados de garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos. También se habló de los retos financieros que plantea la conservación de la biodiversidad y la necesidad de vincular acuerdos ambientales internacionales como es Escazú, el Convenio de Biodiversidad y el el Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

Entre los resultados favorables obtenidos en esta COP 16 vale la pena resaltar los siguientes: Se oficializó la creación de un órgano subsidiario permanente cuyo objetivo es mejorar el involucramiento y participación de pueblos indíegenas y comunidades locales (artículo 8J del CDB). Igualmente, hay un reconocimiento para los pueblos afrodescendientes en el sentido de la compatibilidad que existe entre sus estilos de vida tradicionales y el cuidado y la conservación de flora, fauna y ecosistemas.  Se aprobó un nuevo mecanismo científico para identificar áreas marinas biológicamente significativas y se aprobó un Plan de Acción Global de Biodiversidad y Salud. 

Los Estados salen de Cali con el compromiso fundamental de incluir a la biodiversidad en todas las áreas de la política pública de sus países, lo que significa un enfoque transversal que coloque a la biodiversidad en la toma de decisiones relacionadas con salud, economía, agricultura y otros temas relevantes.

En lo que toca a los aspectos donde no se alcanzaron acuerdos favorables resaltan, en primer término, lo relacionado con el financiamiento por parte de la comunidad internacional; es decir, contar con los dineros suficientes y necesarios para financiar la hoja de ruta para salvar a la naturaleza de aquí al 2030.  El monto requerido para alcanzar estos objetivos es de alrededor de 200 mil millones de dólares canalizados a través de un Plan de Acción que se estableció como producto de esta COP16. Sin embargo, hoy en día hay sobre la mesa alrededor de 400 millones de dólares únicamente.  En segundo término, tampoco fue posible contar con el monitoreo técnico que contribuya a asegurar que el Marco Global de la Biodiversidad se llevará a cabo adecuadamente.  

Todo lo señalado anteriormente resulta esencial para hacer efectivo el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. A pesar de los retos que afrontó la agenda en la COP16 del CDB, estamos convencidos de que los resultados alcanzados son una gran oportunidad para avanzar en favor del cuidado y la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas, de los cuales dependemos los seres humanos en nuestro día a día. Se requiere de una amplia voluntad política para lograr el objetivo del 30-30-30 y por ahora todo indica que México va en la ruta correcta. El tiempo nos dirá si se dieron las condiciones para poder lograrlo, esperando, por el bien de todos nosotros, que así sea.