Hay esperanza de que los asuntos ambientales sean una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual sería congruente con parte de su trayectoria profesional. Ojalá y así sea, en beneficio de las y los mexicanos

Por Gustavo Alanís Ortega

El pasado viernes 20 de septiembre, en un evento llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se presentó la Agenda Socioambiental 2024. En dicho evento participó la entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y quien, a partir del 1 de octubre pasado, es la encargada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alícia Barcena Ibarra. En dicho evento, la funcionaria dio a conocer algunas de las primeras pinceladas de lo que veremos en esta nueva Administración Federal en lo que tiene que ver con el sector medio ambiente y recursos naturales.

Por principio de cuentas, y de acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma en su edición del domingo 22 de septiembre, con el título “Vigilará Semarnat megaproyectos”, Barcena Ibarra estableció que durante su gestión al frente de dicha dependencia se buscará acompañar desde el inicio a los megaproyectos que se pretendan llevar a cabo en el país, con el fin de incorporar el tema ambiental desde el diseño hasta la infraestructura y, con ello, mitigar sus impactos. Esto implica, entre otras cosas, que dichos proyectos, obras y actividades deberán contar, previo a su inicio, con las autorizaciones que se puedan llegar a requerir, como es el caso de la autorización en materia de impacto ambiental y la de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Un segundo aspecto propuesto tiene que ver con la  posibilidad de destinar, al menos, el 3.5% de las inversiones en infraestructura a la compensación y mitigación de daños al ambiente. Si bien un servidor está de acuerdo con lo anterior, también sería bueno contemplar los recursos y las medidas necesarias que se requieren llevar a cabo para poder evitar que ocurran daños al ambiente, a los recursos naturales, a la flora, la fauna, los ecosistemas, la salud de las personas y su calidad de vida, así como a su vida misma.  Es decir, en lugar de actuar reactivamente frente a los daños que se produzcan como resultado de una obra o actividad, debemos actuar desde el principio, a fin de evitar al máximo dichos daños. Adicionalmente, como ya mencionó la titular de la Semarnat, en los casos donde se requiera, se deberán también contemplar las medidas de compensación y de mitigación aplicables, de forma previa al inicio de las obras. Lo anterior reitera la importancia de dar al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) la prioridad que merece.

Con respecto a los retos para la Administración Federal que inicia, Barcena Ibarra reconoció que hay fragmentación de políticas, insuficiencia de recursos (40% menos del 2018 a la fecha), corrupción y crimen organizado.  Asimismo, resaltó que órganos administrativos como la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la coordinación federal y estatal, no están unificados en una sola política ambiental y ecológica. Esto significa que no hay una buena comunicación y coordinación entre los diversos órganos centralizados y descentralizados del sector medio ambiente y recursos naturales, lo que incide de manera negativa en la implementación adecuada de la política ambiental nacional.

Además de lo anterior, habrán de enfrentarse otros retos ambientales en el país como son: la mala calidad del aire en muchas ciudades de la República, el mal manejo de los residuos sólidos por la falta de rellenos sanitarios, la mala disposición de muchos residuos peligrosos debido a la falta de confinamientos adecuados, la necesidad de enfrentar, sin titubeos, la muy mala situación en la que se encuentran, desde hace muchos años, las personas defensoras ambientales, quienes están siendo amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas por hacer su trabajo en beneficio de la colectividad. Asimismo, debemos referirnos a la necesidad de hacer cumplir de manera efectiva la legislación ambiental a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución que debe ser fortalecida y dotada de los los recursos materiales, financieros y humanos (inspectores) que requiere para hacer su trabajo de manera adecuada. De no atenderse los problemas antes mencionados, la legalidad y el Estado de derecho en materia ambiental seguirán siendo una aspiración; y México ya no está para eso. 

Con relación a las prioridades para la Semarnat en el próximo sexenio, su nueva titular enumeró, entre otras, las siguientes: contar con un Plan Nacional de Restauración enfocado en ríos y manglares, que incluye al río Lerma-Santiago, al río Tula, un  programa de circularidad del agua entre Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, al río Atoyac -alrededor del cual operan los grandes textileros-, y al río Sonora-Bacanuchi. Asimismo, mencionó la restauración de, al menos, 5% de los manglares del país para el 2025; la recuperación de, al menos, 15% de lagunas costeras en 8 estados; la reducción de la deforestación en 9 estados del país; la eliminación de la minería en Áreas Naturales Protegidas; la construcción de un parque industrial de economía circular en Quintana Roo para procesar sargazo, así como la creación de un cluster en Hidalgo para el reciclaje de plástico, de neumáticos y de material de construcción. Asimismo, señaló que se considerará aumentar la meta nacional de reduccion de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Otros temas fundamentales que -se sugiere- sean considerados tienen que ver con: tener liderazgo en espacios ambientales internacionales y cumplir de manera efectiva con los compromisos ambientales que México ha asumido en el contexto global; enfrentar con valentía el tráfico ilegal de flora y fauna; promover el aprovechamiento sostenible de mares y costas; exigir el tratamiento de aguas residuales; hacer un diagnóstico nacional sobre la deforestación en el país y priorizar aquellas regionales donde deba iniciar la reforestación, así como dar prioridad a las energías renovables.

Hay esperanza de que los asuntos ambientales sean una prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual sería congruente con parte de su trayectoria profesional. Ojalá y así sea, en beneficio de las y los mexicanos.

Gustavo Alanís Ortega

Gustavo Alanís Ortega, Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).