El 10 de septiembre el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones para las embarcaciones que pescan con redes de enmalle en el Golfo de Ulloa, en Baja California. Se trata de una nueva sanción contra el país por faltar a la normatividad ambiental acordada con el vecino del norte

Por Eugenio Fernández Vázquez

Que al gobierno del presidente López Obrador el medio ambiente no le preocupaba —salvo en lo tocante a las áreas naturales protegidas— ya lo sabíamos, pero el cinismo con el que muchos de los funcionarios de esta administración reconocen que no les importan ni los recursos naturales ni quienes viven de ellos no deja de sorprender. Es el caso, por ejemplo, del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada, que antes minimizó el impacto de las sanciones estadounidenses por la mortandad de tortugas en aguas mexicanas que anunciar medidas para salvar a la biodiversidad marina.

El 10 de septiembre el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones para las embarcaciones que pescan con redes de enmalle en el Golfo de Ulloa, en Baja California. No todas las embarcaciones mexicanas están afectadas por las medidas, que incluyen, por ejemplo, perder el acceso a los puertos estadounidenses, y en gran medida los responsables de la crisis son quienes practican la pesca ilegal, pero la medida tiene un impacto económico importante y sí afecta al sector. Se trata, además, de una nueva sanción contra el país por faltar a la normatividad ambiental acordada con el vecino del norte.

Las sanciones están muy lejos de ser absurdas o arbitrarias. La mortandad de tortugas marinas —la crisis que provocó la sanción— es francamente escandalosa y es de varios centenares de individuos cada año, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esto es en gran medida consecuencia del terrible peso de la pesca ilegal en México, que ronda el 40 por ciento de la producción total, según la ONG Oceana. La presencia del crimen organizado en las aguas del Pacífico mexicano y su impacto en la biodiversidad —le deberemos, por ejemplo, la extinción de la vaquita marina, si se produce— es causa permanente de dolores para las familias de pescadores mexicanos, que padecen extorsión, secuestros y hurtos, y de degradación de los recursos pesqueros del país.

El titular de Conapesca, sin embargo, parece asumir que tomar medidas para corregir esta situación no son asunto suyo. De por sí él llegó sin saber del mar más que lo aprendió desde la playa en su natal Huatabampo, pero en estos años en el cargo no ha aprendido gran cosa. Durante su administración se han dejado pasar hasta oportunidades fáciles con las que casi todos en el sector pesquero y comercial están de acuerdo, como la muy urgente norma de trazabilidad.

Ahora, ante las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense y la crisis que atraviesa la biodiversidad en los mares nacionales, él prefirió minimizar el impacto que anunciar medidas para remediar los daños a los mares. Lo suyo es negar que pase nada, antes que cumplir con las obligaciones que le marca la ley.

Por fortuna, este tiempo de deserción ante las obligaciones ambientales está por terminar. Hay muchas señales de que, a diferencia del saliente, el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene mucha mayor voluntad de enfrentar los retos ambientales, sociales y económicos que se presentan con altura de miras y con seriedad. Esto implica, sin embargo, retos importantes, entre los cuales sobresale romper con la lógica neoliberal que ha marcado las políticas públicas pesqueras del último cuarto de siglo.

Sobre todo, el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene el reto de dejar atrás una política centrada en el reparto de subsidios para concentrarse en construir capacidades organizativas, productivas y comerciales entre los pescadores. Más que regar dinero en forma de apoyos —dirigidos o dispersos— se deberá centrar el trabajo en contribuir a mejorar la salud de las cooperativas pesqueras, a hacer valer la legalidad y los ordenamientos, a resguardar los refugios y reservas naturales, y a abrir mercados para quienes hacen las cosas bien.

Es muy obvio, pero no hay que dejar de repetirlo: solamente haciendo valer la ley y favoreciendo el trabajo colectivo se salvarán nuestros mares.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.