Juzgadores locales coinciden que una reforma integral es fundamental para fortalecer la justicia en México y asegurar que las instituciones se coordinen, transparenten y eficienten, y también para que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas en el sistema de justicia

Texto.- Kau Sirenio

Foto Especial, Gobierno de Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Magistradas y magistrados de los poderes locales, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), legisladoras y legisladores, especialistas, académicos y juristas se reunieron en el sexto Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial en Puebla, para debatir sobre Tribunales de justicia local.

El encuentro que organizó el Congreso de la Unión para analizar las reformas constitucionales al Poder Judicial, arribaron por lo menos 17 presidentes de Tribunales de los estados para exponer y escuchar la propuesta de reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrados; la reunión se realizó en las instalaciones del Centro Expositor Puebla,

En su mensaje inaugural, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla, José Eduardo Hernández Sánchez, celebró que en los Diálogos Nacionales se discuta la reconfiguración del Poder Judicial: “Hemos sido convocados quienes tenemos el interés y la responsabilidad de cumplir con nuestro deber constitucional en beneficio del interés público, a través de la modernización de los poderes judiciales”.

Sostuvo que es necesario replantear el ejercicio judicial local para colocarlo a los estándares más altos en calidad y eficiencia en la administración de justicia, para que el servicio de justicia esté en primer nivel para las y los justiciables de todos los estados de la República.

Aseguró que en Puebla se continuará con la labor y perfección de tener un estado basado en el respeto a la legalidad y derechos fundamentales. “Sigamos trabajando juntos con ahínco y determinación en esta visión a futuro para restituir la confianza del justiciable y construir sin distinción esa paz y justicia social anhelada por todos”.   

La senadora electa, Ernestina Godoy Ramos, reconoció la importancia de los tribunales locales porque es el primer espacio y contacto que tiene la ciudadanía; señaló que la reforma al Poder Judicial es el primer paso para el sistema de acceso a la justicia, pero que en necesario revisar la reforma en materia penal,  el tema de las policías, de las fiscalías, procuradurías y el sistema penitenciario, para que sea integral. 

Aseguró que la reforma al Poder Judicial no solo es necesidad, sino exigible desde el propio concepto y alcance de lo que los abogados y juristas conocen como Estado de derecho: “La ruta de transformación que se propone para esta reforma no es arbitraria; responde por una parte a las exigencias sociales de los sectores que perciben como ajeno el derecho al acceso a la justicia y es congruente constitucionalmente”.

Mientras que el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dijo que hay coincidencia en la reforma al Poder Judicial para que responda a las circunstancias que demanda la sociedad y el pueblo que aspira a una Judicatura moderna, gratuita, sensible, austera y que resuelva los conflictos con base en la ley. “La Conatrib se suma a las coincidencias”.

Añadió, que los protagonistas son las causas de la justicia a las que acuden familiares, amigos y vecinos cuando buscan dirimir sus conflictos, porque los poderes judiciales locales son lo que atienden el más de 70 por ciento de los problemas legales  en el país. 

Guerra Álvarez propuso que en la justicia local que la elección por voto popular sea gradual, que la mitad de las ternas que concursen en cada elección la integren mujeres, y  la otra mitad de las personas cuenten con carrera judicial, lo que sean votadas y capacitadas previo al cargo, así como el reconocimiento legal de garantía de certeza y seguridad. 

Para garantizar en la Constitución que las personas juzgadoras, magistradas y juezas del fuero común que fueron nombradas previo a la entrada en vigor de la reforma no puedan ser renovadas o removidas del cargo ni su plaza sea sujeta a elección hasta su jubilación, renuncia, muerte o cualquier causa de separación legal o definitiva, para garantizar sus derechos humanos adquiridos.

Mientras que la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Stella Aladro Echeverría, reconoció que la reforma es de avanzada en la consolidación del Poder Judicial a la calificó como íntegro y transparente, respaldado por las y los justiciables, porque les coloca en el centro para la efectiva protección de los derechos humanos.

Señaló que la implementación de los tribunales de disciplina es una medida necesaria y urgente para el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho; así como una impartición de justicia completa, imparcial, eficiente y de calidad, que implica garantizar independencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial, desde una visión federalista.

El magistrado de circuito y visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal, José Faustino Arango Escámez, sugirió que se analicen las fiscalías y los cuerpos policiacos a pesar de son dependientes de los poderes ejecutivos, porque son los primeros respondientes de la justicia local y el comienzo para la seguridad pública y en la materia penal, “es la que más lacera a la sociedad y en donde existe un mayor reclamo social”.

Señaló que el primer contacto de la justicia con la ciudadanía inicia en los juzgados y tribunales locales, pero cuestionó la elección popular de juzgadores porque no solucionará los problemas en ninguno de sus niveles; lo que sí va a ocasionar es que la calidad de la justicia e independencia no sea la que el pueblo demanda.

“No estamos cerrados a reformarnos como institución, siempre debemos mejorar y autocriticarnos, adaptarnos a los cambios sociales, solo veamos las formas, el cómo y el porqué de esta reforma”.

En la ronda de exposición de motivos en los Diálogos Nacionales, el magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Puebla, Humberto Arróniz Meza, afirmó que el Estado mexicano requiere de un Poder Judicial moderno, dinámico, sensible, profesional y autónomo,  que esté alejado de influencias ajenas a la función jurisdiccional: “Hay coincidencias, pero se deben fortalecer los poderes judiciales locales dotándolos de más recursos, y tomar en cuenta la profesionalización y la carrera judicial”.

Aseguró que la reforma judicial no servirá de nada si no es profunda, si no está acompañada de modificaciones paralelas al sistema de procuración de justicia que le dé una mayor participación ciudadana: “Se requiere una reforma que enriquezca la función jurisdiccional en beneficio de la colectividad. Solicitamos al Poder Legislativo arribar a consensos que den lugar a una norma a la altura de las necesidades del país”. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California Sur,  Raúl Juan Mendoza Unzón, subrayó que la reforma en la materia es bienvenida para su análisis, sin embargo, sugirió un mecanismo para el relevo de magistradas y jueces en activo, que se respete la experiencia profesional y que se le exija a quienes se postulen para ser electas verse sobre áreas afines a la función jurisdiccional o en el litigio en ese ámbito. 

Mientras que la jueza, Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del Juzgado Décimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, reforzó que la impartición de justicia tiene que estar especializada, ser profesional y no estar en manos de personas que no tienen preparación suficiente, que la carrera judicial sea pieza clave para que se le considere dentro de las personas que puedan ser elegibles para ocupar la titularidad de un juzgado.

La jueza del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez, advirtió que una reforma integral es fundamental para fortalecer la justicia en México, y tienen que asegurar que las instituciones se coordinen, transparenten y eficienten, para que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas en el sistema de justicia. 

Dijo qué se busca, que la función jurisdiccional regrese la confianza a los ciudadanos que acuden a un tribunal imparcial, completamente apegado al principio de legalidad y que tendrán la seguridad jurídica de que el juzgador no se apartará de lo que señala la ley, y a la par establecer un órgano encargado de la disciplina y vigilancia de todos los servidores públicos.

En la defensa de la reforma el senador del PVEM, Eruviel Ávila Villegas, subrayó que el tema del sexto foro se relaciona con el federalismo, y como exgobernador del Estado de México conoce de cerca al Poder Judicial local, las historias de mujeres y hombres que empezaron como abogados pasantes, actuarios y magistrados, entregaron su vida al Poder Judicial.

Luego recordó a los presentes que la elección popular para juzgadores locales va, así como la separación de la Judicatura con la impartición de justicia: “Si bien el pueblo nos mandató continuar con la transformación, la reforma al Poder Judicial tiene que ver con ello; es importante que en su momento se hable de presupuesto y del impacto presupuestal que tendrá esta gran reforma, independientemente de lo que costará el proceso electoral; me refiero a profesionalizarlos y respetar los derechos laborales de los impartidores de justicia y de los trabajadores”.