Integrantes de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México aseguran que se está preparando la antesala para un desalojo violento de lo que fuera la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin que hasta ahora el gobierno haya resuelto sus demandas

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – “Muy seguramente lo que digamos ya no resultará ser noticia para un titular en las primeras planas de sus medios de comunicación, excepto, claro, que un día de estos, la mala noticia sea que la Casa de los Pueblos fue desalojada violentamente. Y todo, porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su deslumbrante transformación, decidió no solo no quedarse callados, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir que se cumplan sus derechos sociales tal y como lo establece la Constitución política de 1917”.

Con estas palabras, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México denunció lo que, temen, es un hecho anunciado: el inminente desalojo de lo que desde hace 3 años y 8 meses llaman hogar, y que antes se le conocía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes.

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Su temor no es infundado, pues desde hace un tiempo las mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, en las que piden una vivienda digna, se han estancado. Además, prevén que se esté fraguando un desalojo violento por parte de Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y Martí Batres, Jefe de Gobierno, para “la entrega del inmueble a la siguiente administración”.

El acoso constante

Después que el gobierno capitalino resolvió las demandas de vivienda de una parte de la comunidad otomí que desde 2017 habitó frente al número 18 de la calle Roma, quienes tomaron las oficinas del INPI afirman no haber tenido una respuesta. En cambio, acusan, son víctimas de la represión y el olvido por parte del Estado.

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Prueba de ello, dicen, es el corte de luz al inmueble en donde habitan. Todo, por una orden directa de Adelfo Regino, según denuncia la comunidad. Además, acusan el constante acoso por parte de agentes del estado mexicano y la falta de seriedad para resolver sus demandas, sumado al previo intento de desalojo la madrugada del 15 y 16 de octubre de 2023.

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Las protestas para ser escuchadas

Ante el corte en el suministro de luz, desde el 20 de junio la comunidad otomí que vive en la Casa de los Pueblos decidió tomar la avenida Coyoacán en forma de protesta. Además de esta acción, los manifestantes retuvieron un camión de Coca Cola y uno de la Comisión Federal de Electricidad.

La protesta es para que les escuchen, y por eso, la comunidad otomí menciona que no está cerrada al diálogo con las autoridades, pero acusan que la comunicación “se estancó” con el gobierno capitalino.

De acuerdo a las voceras de la comunidad otomí, hasta el momento no ha habido avances significativos en las  mesas de diálogo con el gobierno capitalino.

La siguiente cita está programada para el día 1 de julio, pero la propuesta por parte del gobierno, sin dar certeza a algo más, es que el 15 de agosto la comunidad deberá entregar del edificio que hoy ocupa la Casa de los Pueblos.

Las demandas

Para entregar el edificio, la comunidad otomí plantea que se tienen que cumplir sus demandas, que son:

1.- Que se cumpla el acuerdo en el que el gobierno de la Ciudad se comprometió a comprar, a través el INVI, un terreno de 3 mil metros cuadrados a cambio de expropiar los predios en Londres 7/ Roma 18.

2.- La inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, inmueble expropiado desde el 17 de junio de 2021.

3.- Retomar la construcción de las obras suspendidas en Víctor Hugo  126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. Y acelerar los procesos de expropiación de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.

4.- El reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la comunidad otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.

5.- Que se otorgue ayuda de renta social a los beneficiario titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.

6.- Que se instale una mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigne para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la comunidad otomí, y especialmente en contra de Diego García, figura reconocible del movimiento. A la vez, exigen una reunión urgente con la Fiscalía de la Ciudad de México y  la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.

7.- Sobre el predio de Londres 7/Roma 18,la comunidad otomí recuerda que le propusieron al jefe de gobierno, Martí Batres, que en ese espacio no sólo querían hacer vivienda, sino también rescatar la memoria histórica de lo que fue la sede de la resistencia española en México durante la época del del Franquismo.

8.- Que los inmuebles ubicados en Independencia 68 y Cafetal 369, deberán de adquirirse y fideicomitir a través del INVI. Dchos inmuebles tienen contrato de compraventa desde 2016 y 2017.

Además, hicieron especial énfasis en que la Casa de los Pueblos será entregada, si y solo sí, se adquiere por medio del INVI el inmueble ubicado en la calle de Independencia 12, Col. Zacahuizco, con una superficie de 3 mil metros cuadrados.

Dicho inmueble deberá pasar al patrimonio de la comunidad otomí, y de la Organización Social UPREZ Benito Juárez, no sólo para construir vivienda digna de interés social, sino para construir «un Centro Cultural Comunitario, donde se levante la nueva sede de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”