20 junio, 2024
En su informe anual, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Nashieli Ramírez, destacó el trabajo de proximidad con la ciudadanía, la construcción de puentes con autoridades y el acompañamiento legislativo; también enlistó los retos que quedan aún para garantizar que sea una ciudad de derechos para todas las personas
Texto: Redacción de Pie de Página
Foto: Tomás Acosta / Archivo Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México atendió a “un poquito más de un cuarto de millón de personas”, en quejas, servicios o quejas. En total, fueron seis servicios por hora a lo largo del año.
“Servicios desde quien viene porque quiere presentar alguna queja, pero también de quienes demandan que seamos un enlace con las autoridades para resolver cuestiones de la vida diaria. Porque las comisiones y los derechos humanos no nada más son los que se leen en los periódicos, sino los que se viven en la vida cotidiana”, dijo este jueves la presidenta de la Comisión, al presentar su informe anual de trabajo.
“Vamos transformando la capacidad de acercarnos más a la gente”, sostuvo.
Fue una ceremonia que convocó a autoridades, como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres, y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, pero también acudieron legisladoras de distintos partidos políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Ahí, la ombudsperson de la capital dijo que si una cosa le interesa destacar de todo el trabajo de la dependencia es el trabajo territorial y el acercamiento de los servicios a todas las personas.
También delineó los retos y trabajos pendientes para el nuevo gobierno: el Plan General de Desarrollo, los Programas de Ordenamiento Territorial, los Sectoriales, Especiales e Institucionales, y los Parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Y para la nueva Legislatura: concluir la armonización legislativa y publicación de cuerpos normativos que mandata la Constitución; brindar seguridad jurídica, protección y garantía de los derechos de personas trabajadoras no asalariadas; establecer las bases normativas para la reconstrucción de los servicios periciales y forenses en la ciudad y para la creación del organismo público autónomo de la Defensoría Pública.
El reto mayor, dijo, será la legislación para un Sistema Integral de cuidados “diseñado con todo el entramado para que especialmente los grupos de atención prioritaria gocen de manera efectiva de los bienes y servicios que se usan en las brechas de desigualdad, necesariamente deberá realizarse con enfoque diferencial, el respeto al derecho a la vida independiente”.
“Para ello -insistió- la relación con el sistema de apoyos de asistencia y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad el interés superior de niñas y niños y el reconocimiento de la necesidad de revertir la feminización de los cuidados remunerados para la igualdad entre hombres y mujeres. Este último es el desafío mayor. En tanto implica la vinculación con el Sistema Integral de Derechos Humanos. El sistema de planeación innecesariamente tendrá que encontrar la forma de conciliar con las disposiciones de la recién aprobada Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social”.
Destacó la relevancia del trabajo legislativa de una ciudad “con una Constitución altamente progresista”.
Sin embargo, aún “hay pendientes legislativos necesarios con la evolución de cualquier ciudad”, y entre ellos la ley vigente para las personas migrantes, que debe ser modificada.
Ramírez Hernández destacó que su administración está próxima a acompañar un nuevo proceso de transición en la capital. Su gestión ha coincidido con cuatro titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y recibirá a la quinta, a partir del 5 de octubre, cuando entre en funciones Clara Brugada. Con ella continuará “la construcción de puentes de trabajo sostenido para la defensa y promoción de derechos humanos”.
Ramírez Hernández explicó que otro gran desafío para la Comisión será el tránsito de lo local a lo federal de la mayor parte de los servicios de salud
“En cuanto a la política pública quizá uno de los mayores desafíos que se nos presentan es el tránsito de lo local a lo Federal de la mayor parte de los servicios de salud. Esto es así en tanto que implica que los organismos públicos de protección a derechos humanos locales perderemos la competencia y posibilidad de atender quejas en torno al derecho a la salud, que para esta comisión representa el derecho humano más mencionado. Solamente después de seguridad jurídica, e integridad personal. Es preciso encontrar mecanismos que nos permitan seguir apoyando a la gente”.
En esa misma línea, destacó “el impacto de esta pequeña comisión local a nivel nacional” con la capacitación de decenas de miles de servidores públicos del orden federal.
La CDHCM atendió en 2023 a 55 mil 670 personas, en 49 mil 309 servicios; más de una tercera parte de los casos se atendieron en las alcaldías y en 68 por ciento de los casos se trató de acciones de prevención y orientación.
Unos 8 mil expedientes de queja llegaron a las visitadurías generales, y se emitieron 24 recomendaciones de casos específicos y 2 recomendaciones generales, pero la Comisión también acompañó acuerdos conciliatorios para restituir derechos a las personas agraviadas en el pago de indemnizaciones, participó en tres actos de disculpas públicas y en seis Amicus Curie.
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