La Suprema Corte escuchó una parte de las peticiones de ciudadanos afectados por el derrame de la minera Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi desde hace 5 años. Pospuso una sentencia sobre uno de tres amparos para poder discutirlos en conjunto. Organizaciones que acompañan el caso vieron con buenos ojos la decisión

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo / Héctor Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia pospuso la sentencia sobre la posible violación a los derechos humanos en el ejercicio del Fideicomiso del Río Sonora, por no haber reparado los daños a las comunidades afectadas por el derrame tóxico de la minera de Grupo México en 2014.

Éste es el primero de tres amparos referentes a ese caso, que tendrá que determinar la Segunda Sala de la Corte.

“En este caso, como fue un asunto de interés público –la reparación a derechos humanos afectados y al medio ambiente– y además tuvo participación de altos funcionarios públicos en conjunto con altos funcionarios de la empresa, estamos cuestionando que esta figura se pueda considerar para efectos de amparo, como algo que puede violar derechos humanos”, explicó Fernanda Hopenhaym, codirectora de la organización Poder, que acompaña legalmente a los habitantes de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Posponer la decisión sobre este amparo significa que se discutirá junto con los otros dos amparos del caso, lo que podría significar una mejor oportunidad de obtener una resolución en favor de los campesinos afectados.

“Es una buena cosa porque es un amparo complicado. Venía un poco complicado el tema porque aparentemente había una ponencia más favorable, dos en contra y dos inciertas”, dijo Hopenhaym. La Segunda Sala de la Corte está integrada por 5 jueces, por lo que, bajo ese escenario, las posibilidades de tener un resultado favorable no eran muy altas.

El lunes, la organización Poder y pobladores afectados por el derrame entregaron a la Corte un Amicus Curie, un escrito en el que argumentaron que no se podía resolver uno de los amparos separado de los otros dos, sino que se tenían que tratar y discutir de forma conjunta para que se pudiera dar una resolución integral.

El segundo amparo expone que se violaron los derechos humanos de los habitantes por no llevar a cabo el programa de atención agropecuaria, como parte de las medidas de reparación que debió incluir el fideicomiso.

A partir del derrame se perdieron todas las cosechas de los pobladores de la cuenca de los ríos, y desde entonces, la actividad económica de la región disminuyó al menos 75 por ciento. En estos campos, la agricultura y la ganadería aún son las principales actividades económicas.

El último amparo reclama que no se debió de haber cerrado el fideicomiso en 2017, pues no se completaron las medidas de reparación que se contemplaron. Estas medidas incluían monitoreos de la calidad de agua, monitoreos en la sangre de los pobladores y la construcción de un que nunca funcionó.

“Exhortamos nuevamente a la corte a fallar en favor de los derechos humanos”, dijo Fernanda Hopenhaym. “Esta es una oportunidad histórica para demostrar que las empresas también pueden violar derechos humanos al ejercer actos de autoridad”.

Este 6 de agosto se cumplieron 5 años del derrame que es considerado la peor tragedia medioambiental en la historia del país.

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