Después de vivir más de 50 años en la misma vecindad de Santa María la Ribera, Alicia Vargas fue desalojada por el Frente de Lucha Popular Urbana, los mismos que le prometieron que se quedaría en su casa, pero que hace unos días la corrieron a golpes

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Cortesía de los vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de más de 20 años Alicia Vargas había intentado surcar un intrincado mar de trámites y requisitos para poder seguir habitando el lugar en el que había vivido desde su infancia. En su camino, encontró a una organización de vivienda que prometió ayudarla para al final, arrebatarle su trabajo y dejarla sin casa. 

Este sábado 4 de mayo, a las 10 de la mañana, un par de personas tocaron a su puerta. En cuanto abrió, la sometieron a la fuerza, le quitaron los documentos que demostraban que había vivido ahí por décadas, después la encerraron. Como pudo, Alicia salió a pedir ayuda y a levantar una denuncia. Cuando regresó a su casa, habían cambiado la chapa y una vigueta bloqueaba la entrada.

“Iban a expropiar el lugar para remodelarlo y rehabilitarlo, para tener una vivienda segura, pero al final a las personas que nos representaban les dio por despojarnos”, cuenta Alicia, quien llegó con toda su familia al lugar en los años 50, cuando tenía 14 años. 

«¡Eres una ignorante, una indígena!»

Su familia no era la única que vivía en los predios de Salvador Díaz Mirón 139 y 141, un terreno de más de 700 metros cuadrados en el que habían cerca de 30 cuartos y viviendas diferentes, mismos que a lo largo de los últimos años fueron abandonados hasta que Alicia quedó sola en el enorme inmueble.

“A la hora que abrí la puerta, yo sentí que se me abalanzaron encima, me golpearon y me empezaron a gritar: ¡A ver hija de tu tu pinche madre! En ese momento un hombre me pegó en la cabeza y yo me quedé toda tonta por unos segundos. Sentí que agarró la bolsa y se la dio a una mujer que venía con él y me sacaron los papeles del convenio”, cuenta sobre el indecente que la dejó sin casa. 

“A ver ¿cuánto has pagado y qué has pagado?, me dijeron. Yo sentí que me habían estado vigilando, porque cómo iban a saber que traía los papeles en la bolsa y que venía de hacer un pago”, cuenta Alicia, una semana después del desalojo, mientras se tienta el ojo derecho que aún se nota inflamado después de los golpes que recibió. 

“¡Eres una ignorante, una indígena! me dijeron. Después, el hombre volteó a ver a la mujer que lo acompañaba y le dijo que buscara los papeles, mientras él me vigilaba. ¡Cállate y no hagas ningún ruido! Me dijo mientras me retenía”. 

“Agarraron mis llaves, mi celular, todos los papeles del caso. ¡Más te vale que te calles y que no digas nada, en dos horas volvemos y ni se te ocurra decirle a nadie que podemos regresar con otros 20! Y después de decir eso, me dejaron encerrada y se fueron corriendo”, cuenta Alicia. 

Cuando pudo recobrar el aliento, Alicia intentó salir por la ventana, para ir a levantar una denuncia. Ante el riesgo, uno de los secuaces de quienes la habían encerrado le abrió la puerta y la dejó salir. Cuando regresó, se encontró con que la puerta había sido bloqueada con una vigueta y que la chapa era diferente. Adentro, estaban sus dos perritos, Anni y Panqué, de los que desde entonces no ha vuelto a saber nada. 

Un edificio sin dueño

Al principio de los 90, cuando Alicia y sus hermanos empezaron a sospechar de la casera que le cobraba la renta. Decidieron investigar sobre los legítimos dueños. Después de un par de consultas, llegaron al Registro Público de la Propiedad. Ahí descubrieron que no había escritura que respaldara la propiedad del predio. 

“Ahí nos dimos cuenta que por muchos años todo se manejó con puras mentiras, con puras falsedades. La señora, la supuesta administradora, nos había dicho que ella le pagaba las rentas a Silvia Icaza, la heredera del dueño original, a quien buscamos por cielo, mar y tierra, pero nunca la encontramos”, cuenta Alicia. 

El predio ocupa dos números en la dirección, el 139 y el 141. Uno conduce a las viviendas en el primer piso. El otro a las de la planta superior. Después de los hallazgos de Alicia, que vivía en el 141, los vecinos del 139 decidieron empezar a organizarse con ella para asegurar la posesión del inmueble y su estancia en él. 

Sin embargo, en 2003, ya cuando estaban descubriendo el camino para ser atendidos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (el INVI) como un grupo de atención, los habitantes del 139 fueron desalojados en una operación que aún hoy no se pueden explicar. 

“Fue cuando desalojaron una parte del edificio que una vecina, que se llamaba Consuelo, nos recomendó a un tal Salvador Ramos Mondragón, que tenía una organización de vivienda registrada ante el INVI, el Frente de Lucha Popular Urbana, y que nos podía ayudar”. 

Según una nota de Reporte Índigo, en la que citan a Hilda Bahena, una integrante de Lucha Urbana (una facción de vivienda de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México), para obtener un departamento del INVI hay dos caminos: apuntarse en la lista de solicitantes, que está saturada y no avanza, o unirse a una organización social como Lucha Urbana o el supuesto Frente de Lucha Popular Urbana. 

Alicia decidió la segunda opción. No esperaba la traición.

Una traición artera

Bajo la asesoría del tal Salvador Ramos Mondragón y su organización, el Frente de Lucha Popular Urbana, Alicia, junto con sus vecinas y hermanos empezaron a reunir la documentación actualizada del edificio, hasta que un día cerca del 2017, el hermano de Alicia, Hermelindo, recibió un mensaje inesperado. 

“Nos llamó a todos los que vivíamos ahí y que estábamos al pendiente de los trámites. Fue de último momento, a mí me sacó de mi trabajo, y por lo mismo, muchos de los vecinos no pudieron llegar”, cuenta sobre ese día Herme, como le dicen sus hermanas. 

“Les tengo una mala noticia”, les dijo el abogado, según las palabras de Herme.

“El INVI se echó para atrás y nos dijo que ya no puede seguir con la expropiación, que al parecer apareció la tal Silvia Icaza y que no quiere vender el predio, es más, ya hasta lo escrituró y lo entregó como herencia a sus hijos y quiere que le desalojemos el inmueble”. 

Hermilo, Alicia y el resto de los vecinos quedaron atónitos. Muchos habían estado pagando unas supuestas cuotas a Salvador bajo los preceptos de trámites y de una cuota de recuperación ante el INVI; algunos habían dado 10, otros hasta 30 mil pesos, y sentían que ya tenían sus casas aseguradas. Incluso, dicen, el señor Salvador les dijo que tal vez el INVI podría considerar mandarlos a otro predio, pero al final todo fue mentira. 

Poco a poco, el discurso de Salvador Ramos Mondragón fue cambiando, de un “necesitamos tiempo y juntar todos los documentos” que le fueron entregando poco a poco los vecinos a “ya no hay nada qué hacer”. Incluso, llegó a ejercer presión para que los vecinos abandonaran el edificio bajo el supuesto de que tanto el INVI, como la Alcaldía Cuauhtémoc, estaban pidiendo el desalojo del mismo bajo pretexto de un daño estructural con riesgo de colapso que los vecinos nunca constataron. 

“Se tiene que ir porque si no los van a desalojar”, comenta Hermelindo que les decía el señor Salvador. “Los que ya hayan dado dinero, se los vamos a regresar, todo va a ser legal, frente a un juzgado, conforme a derecho, cuando les llamemos va a haber un juez y un actuario”, les decían. 

Con sospechas, Alicia y sus familiares acudieron una vez más al Registro Público de la Propiedad, para constatar que el inmueble hubiera sido escriturado. Solo encontraron que la situación del inmueble era la misma que desde hace más de una década. 

“Llegamos y nos volvimos a entrevistar con Salvador y con su gente, pero siguió con su cantaleta, de que no se iba a poder y que ya no había nada que hacer y que si la escritura no aparecía en el Registro Público de la Propiedad, era porque sus dueños habían decidido mantener la escritura como privada”, comenta el hermano de Alicia ante un argumento que le pareció falso a todas luces. 

Desde entonces, él, Alicia y sus vecinos empezaron a ser víctimas de acoso. Llamadas telefónicas de parte de la gente de Salvador en las que los amenazaban con desalojos inesperados, con perder dinero, e incluso enfrentar demandas que los harían ir hasta la cárcel. Entre amenazas y malos tratos, poco a poco los inquilinos del edificio lo fueron dejando. 

En el inmueble solo quedó Alicia. Con el tiempo llegaron dos parejas que día a día se dedicaban a deteriorar las paredes y los techos del inmueble. “Picaban las paredes y rompían los pisos y los techos como si no les importara, como si en verdad quisieran hacerle un daño estructural al edificio y demostrar que no es habitable”, cuenta ella misma sobre sus misteriosos vecinos. 

Un intento de recuperar su patrimonio

Después de años de resistir al interior de su hogar, sin la mínima intención de darlo por perdido y entregarlo a manos de una organización que la había engañado y después de haber sido lanzada a la calle a golpes y con engaños, Alicia tomó una decisión difícil. 

Seis días después sin tener noticias de sus perros, que más que mascotas eran como su familia, ni de sus cosas que quedaron al interior del departamento, Alicia decidió entrar al departamento de cualquier manera, recuperar lo que era suyo, pero sobre todo, reencontrarse con sus mascotas. 

Un hermano suyo, que vive en Hidalgo, llegó a auxiliarla con una escalera lo suficientemente grande para entrar por el balcón del segundo piso. Rápidamente logró entrar, solo para darse cuenta que su casa estaba vacía, no habían muebles ni señales de que lo hubieran habitado y mucho menos de sus mascotas. 

“Si no las mataron, estoy segura de que ellos las tienen, a menos de que los hayan dejado salir y alguien los haya agarrado en la calle. Estaban bonitos, eran una lindura, y además estaban bien entrenados. Imagínese, bonitos y bien entrenados, así cualquiera los agarra en la calle y ya no los devuelve”, lamenta entre sollozos. 

Después de que Alicia se brincara, los custodios del edificio (gente llamada por Salvador Ramos Mondragón) los atajaron. Incluso llamaron a una patrulla para denunciarlos por allanamiento, pero el escándalo y la discusión entre los habitantes desalojados y de los nuevos ocupantes fue tal que los policías no tuvieron más que calmarlos, separarlos y retirarse del lugar sin ningún comentario.

Hoy, Alicia y sus hermanos temen que no haya nada más que hacer. Alicia misma se recrimina por haber dejado pasar a dos desconocidos a su casa, aunque en realidad se metieron a punta de golpes. También se lamenta por haberlos dejado hacerse con sus carpetas en las que tenía recibos de luz, agua y predial que demostraban su ocupación del inmueble por años. 

Temen que el inmueble, lejos de ser recuperado por el INVI, sea ocupado por una empresa inmobiliaria que rediseñe el espacio y lo venda como un residencial de lujo, con departamentos nuevos que se podrán vender en mínimo, 3 millones de pesos