El juzgado sexto de distrito otorgó una suspensión de plano a favor de María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción. La suspensión, obliga a Pemex reintegrarle el pago de la pensión mientras no exista una orden judicial o administrativa para quitársela

Texto: Redacción

Foto: Misael Valtierra / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Un juez de amparo en materia del trabajo, adscrito al juzgado sexto de distrito en la Ciudad de México, ordenó a Pemex reintegrar el pago de pensión por viudez a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

Esto no significa que el juicio en su contra haya terminado, pues lo que ganó María Amparo Casar fue una suspensión de plano, y no el litigio que acusa que la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción recibió 31 millones de pesos de manera fraudulenta tras manipular la información sobre la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez.

Sin embargo, al no existir una orden judicial o administrativa firme, Petróleos Mexicanos no puede quitarle la pensión de 125 mil pesos mensuales a Casar hasta que acredite las causas por las que retiró el pago de la pensión.

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«Nadie me notificó»

El argumento de María Amparo Casar estriba en que, aunque la acusación fue pública en una conferencia matutina del presidente López Obrador, a ella no le llegó ninguna notificación sobre la suspensión del pago de su pensión.

«Bajo formal protesta de decir verdad que a la fecha no he sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem de la que soy beneficiaria. Dicha pensión, simplemente, se dejó de pagar, de manera unilateral y sin notificación alguna –sin fundamentación ni motivación, evidentemente”, precisó María Amparo Casar en los motivos presentados ante el juzgado de amparo.

Aunque el juzgado sexto de distrito se declaró incompetente para tramitar la demanda de amparo, sí ordenó el reintegro del pago de la pensión, pues constituyen derechos adquiridos que, a menos de que exista un mandato judicial o administrativo, no pueden retirarse a ninguna persona.

La resolución, emitida el día de ayer, determina que Pemex tiene un plazo de 24 horas para reintegrar la pensión, o justificar ante el juzgado sexto de distrito la cancelación del pago. Si Pemex decide justificar su decisión, precisó el juzgado, tiene que hacerlo respetando el derecho de defensa de María Amparo Casar.