Algo más urgente que diluir Conabio en la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, era dotarle de  autonomía presupuestal y sustantiva a los organismos encargados de las autorizaciones y de la fiscalización ambiental y pelear por un presupuesto a la altura del enorme reto que enfrenta el país

Por Eugenio Fernández Vázquez / X: @eugeniofv

Se presentó ya oficialmente para consulta pública el decreto por el que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) se convierte en la Unidad Coordinadora Científica y Técnica para el Conocimiento, Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. Con esto se anuncia el desenlace de un conflicto que ha durado ya todo este sexenio y por el que se enfrentaron duramente las principales figuras vinculadas a Conabio y gran parte del sector ambiental, por un lado, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el otro. Nadie debería de estar contento con lo ocurrido, y la forma en la que se está poniendo fin a esta historia representa otra oportunidad perdida para corregir de una vez por todas la estructura con que se diseñan y aplican las políticas ambientales en México.

Las tareas que desempeña o desempeñaba Conabio son importantísimas para el país. La institución ha desarrollado sistemas de monitoreo y vigilancia de lo que ocurre en el territorio nacional que han sido clave para frenar plagas y combatir a especies invasoras. Los mapas que ha construido, la sistematización y síntesis de información ecológica con geográfica y las tareas de divulgación que a ella debemos son clave para actuar en defensa del medio ambiente.

Sin embargo, el arreglo institucional de Conabio hacía tiempo que era muy difícil de sostener y defender. Se trataba de una comisión intersecretarial anclada en un fideicomiso privado, el Fondo para la Biodiversidad, cuyos fideicomitentes eran Jorge Soberón, Jorge Llorente Bousquets y José Sarukhán. Su identificación —desde dentro lo mismo que desde fuera— con la persona de Sarukhán y la visión, tan prevalente entre muchos, de que la información, infraestructura electrónica generada y estudios publicados pertenecen al personal de Conabio y no al país generaron también muchos conflictos no solamente con los actores vinculados al gobierno, sino también entre la sociedad civil.

Aunque esto sea cierto, la forma en que el gobierno de López Obrador ha manejado esta situación no sólo no la resolvió, sino que exacerbó el conflicto. Se dio la espalda al sector ambiental en su conjunto, no se escuchó ni siquiera a las voces que hacía tiempo pedían una reforma en esa área y se actuó con un enorme autoritarismo que incurrió, incluso, en la muy flagrante ilegalidad de nombrar un secretario ejecutivo de Conabio sin que interviniera el coordinador nacional.

Convertir Conabio en unidad coordinadora, además, deja muchos pendientes abiertos y parece más bien inercial. El problema con el sector gubernamental ambiental no es la fuerza de los técnicos, ni siquiera cuando conforman grupos cerrados. Al contrario, en ciertos aspectos eso ha sido un freno a la depredación. El verdadero problema del sector ambiental mexicano es que la aplicación de la ley y la construcción de la normatividad siguen supeditadas, como siempre, a intereses económicos y compromisos políticos que nada tienen que ver ni con la conservación de la biodiversidad ni con la defensa de los recursos naturales.

Mucho más urgente que diluir Conabio en la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales era corregir esta situación, dar autonomía presupuestal y sustantiva a los organismos encargados de las autorizaciones y de la fiscalización ambiental y pelear por un presupuesto a la altura del enorme reto que enfrenta el país.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.