El parlamento griego aprobó una ley que permite a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar niños, convirtiendo a Grecia en el primer país de mayoría cristiana ortodoxa que logra el matrimonio igualitario. Ahora, los activistas en Grecia seguirán presionando para que el cambio social esté a la altura del progreso legal, inspirando otros a otros países con contextos hostiles para la diversidad
Texto: Inés M. Pousadela / IPS
Foto: Stavrialena Gontzuo / Unsplash
MONTEVIDEO, URUGUAY. -Después de casi dos décadas de campañas de la sociedad civil, el parlamento griego aprobó una ley que permite a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar niños. Es el primer país de mayoría cristiana ortodoxa que logra el matrimonio igualitario.
El matrimonio igualitario ahora está reconocido en 36 países, y el año pasado Estonia se convirtió en el primer Estado postsoviético en unirse a esa lista. Sin embargo, estos notables avances han estado acompañados de regresiones en otros lugares, incluido Rusia, el país con la mayor población cristiana ortodoxa del mundo.
El debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Grecia se remonta a 2006. Ese año y nuevamente en 2008, el partido de centro izquierda Pasok presentó proyectos de ley para reconocer a las parejas no casadas, incluidas las del mismo sexo. Ninguno de los dos pasó por el parlamento y finalmente se aprobó una ley de convivencia que no incluía a las parejas del mismo sexo.
En 2008, activistas por los derechos LGBTIQ+ explotaron un vacío legal en una ley que no especificaba que el matrimonio debía involucrar a un hombre y una mujer.
A pesar de la reacción inmediata y las amenazas legales, el alcalde de la isla de Tilos, un destino turístico gay, celebró la ceremonia de una boda civil para dos parejas del mismo sexo. Los tribunales pronto anularon estos matrimonios, pero ayudaron a incluir el tema en la agenda.
En el período previo a las elecciones de 2009, la Comunidad de Gays y Lesbianas de Grecia envió a los candidatos un cuestionario sobre los derechos LGBTIQ+. El Paso, que ganó las elecciones, dijo que apoyaba las uniones registradas entre personas del mismo sexo. Pero en el cargo se retrasó.
Los activistas LGBTIQ+ recurrieron a los sistemas de derechos humanos regionales e internacionales. Presentaron informes paralelos a la revisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el historial de derechos humanos de Grecia.
En 2009, cuatro parejas homosexuales presentaron dos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), afirmando que la restricción de las uniones civiles a parejas heterosexuales constituía una discriminación injustificada.
En noviembre de 2013, el TEDH dictaminó que efectivamente había discriminación y ordenó al Estado que proporcionara una indemnización. A los pocos días, el gobierno liderado por el Pasok anunció que presentaría un proyecto de ley para ampliar las uniones civiles a las parejas del mismo sexo.
Pero el tiempo pasó. Un año después, el gobierno volvió a decir que estaba considerando el cambio, pero poco después el parlamento fue disuelto y se convocaron elecciones anticipadas para principios de 2015.
En medio de la ira pública por las medidas de austeridad económica impuestas en respuesta a la crisis de deuda de Grecia, el izquierdista partido Syriza ganó el poder.
La marcha en favor del matrimonio igualitario se aceleró bajo el gobierno liderado por Syriza y, después de un largo y polémico debate parlamentario en diciembre de 2015, las parejas del mismo sexo obtuvieron el derecho a la unión civil.
Pero esas parejas todavía no podían adoptar ni ejercer la patria potestad sobre niños no biológicos, pero el cambio fue un primer paso vital. Un año después, el parlamento volvió a modificar la ley para ampliar algunos de los mismos derechos que el matrimonio, incluidos los derechos laborales.
Los activistas por los derechos LGBTIQ+ lograron más avances durante los cuatro años de Syriza en el poder.
En 2017, el parlamento aprobó una ley de identidad de género que permite a las personas cambiar de género en documentos oficiales sin someterse a ningún procedimiento médico y permite a las personas trans afirmar su género a partir de los 15 años.
Casi toda la oposición política votó en contra, incluido Kyriakos Mitsotakis, líder del partido de centroderecha Nueva Democracia y actual primer ministro.
En junio de 2019, el primer ministro y líder de Syriza, Alexis Tsipras, prometió que su gobierno legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo si ganaba las próximas elecciones. Pero fue derrotado por Nueva Democracia y su proyecto de ley fue archivado. Renovó su promesa antes de las elecciones de 2023, pero cayó derrotado por Nueva Democracia.
En una medida sorpresiva, un improbable defensor presentó un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en enero de 2024: el primer ministro Mitsotakis, después de haber consolidado su control sobre la derecha política, ahora buscaba avanzar en territorio socialmente progresista.
El 15 de febrero, varios legisladores destacados de Nueva Democracia se abstuvieron o votaron en contra del proyecto de ley, pero los partidos de oposición de izquierda compensaron esa deserción. Los legisladores de Syriza votaron abrumadoramente a favor.
Pero hay fuerzas poderosas que todavía se oponen a la igualdad. Según una encuesta de 2018, Grecia es el cuarto país más religioso de Europa. Alrededor de la mitad de los adultos se consideran «altamente religiosos» y 59 % dice creer en Dios con «absoluta certeza». Hasta 98 % de los encuestados identificó como cristiano ortodoxo griegos Para muchos, pertenecer a la iglesia va más allá de la religión: está ligado a la identidad griega.
La Iglesia ortodoxa griega ha resistido ferozmente cada victoria de los movimientos de derechos de las mujeres y LGBTIQ+. Ha sido particularmente beligerante con la ley de identidad de género. Las autoridades de la Iglesia lo condenaron como «un acto satánico» y compartieron las mismas teorías de conspiración que los grupos de extrema derecha.
Con la opinión pública dividida equitativamente, el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo fue profundamente polarizador.
En los debates parlamentarios se produjo una avalancha de lenguaje abusivo y discursos de odio. Los políticos de extrema derecha afirmaron que el proyecto de ley era «anticristiano» y advirtieron que permitiría la entrada de pedófilos.
Los representantes de la Iglesia insistieron en que la homosexualidad era un «pecado mortal». La iglesia insistió en que el proyecto de ley destruiría a la familia. Los sacerdotes propagaron desinformación y amenazaron con la excomunión.
Como muestra el Índice de Igualdad de Equaldex, la nueva ley está muy por delante de las actitudes públicas predominantes.
Los activistas tendrán que trabajar mucho más para cambiar la opinión pública, evitar la regresión y seguir avanzando. Pero son optimistas: esta última victoria ayudará a normalizar aún más la presencia de personas LGBTIQ+ y generará una mayor aceptación social de la diversidad.
También importa fuera de Grecia, que está a la vanguardia entre los estados de mayoría ortodoxa y podría ofrecer un ejemplo a seguir.
Bielorrusia, Rusia y Moldavia son los países de mayoría ortodoxa con los entornos más hostiles para las personas LGBTIQ+.
Bielorrusia y Rusia han cerrado el espacio cívico, haciendo casi imposible defender los derechos, y Rusia ha intensificado aún más su represión contra las personas LGBTIQ+ como una cuestión de identidad nacional durante su invasión a gran escala de Ucrania.
Pero Moldavia, junto con varios otros vecinos de mayoría ortodoxa de Grecia (Bulgaria, Montenegro y Rumania), tienen un espacio cívico relativamente propicio y activos movimientos LGBTIQ+ que buscan el cambio.
Los activistas en Grecia seguirán presionando para que el cambio social esté a la altura del progreso legal. Y los activistas de los estados vecinos seguirán haciendo campaña, sabiendo que una defensa sostenida puede dar frutos incluso en contextos hostiles.
Seguirán intentando forzar la apertura de ventanas de oportunidades políticas para que el cambio buscado durante décadas finalmente pueda materializarse.
*Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.
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