Hace poco más de un año, 222 personas fueron expulsadas de Nicaragua. El gobierno desconoció su nacionalidad y casi cualquier rastro de su existencia. Este viernes, una de estas personas dará su testimonio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace un par de años da seguimiento puntual a la crisis de Derechos Humanos causada por el régimen de Daniel Ortega
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Aluna
CIUDAD DE MÉXICO.- A Evelyn Pinto el gobierno de Nicaragua le quitó su pensión, todos sus bienes, su nacionalidad y la posibilidad de estar con sus seres queridos. Su único delito fue manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy, desde su exilio en Estados Unidos, presentará su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los crímenes de su gobierno no queden en el olvido.
“La detención se dio porque, en específico, era sabido que era opositora al régimen. Soy defensora de derechos humanos y participé en las actividades de 2018 –cuando estudiantes y adultos mayores junto a una porción amplia de la población se levantó en contra del régimen de Daniel Ortega– porque me tocaba la reforma”, comenta Evelyn en entrevista
Diez meses después de que en Nicaragua se recrudecieran las protestas estudiantiles en contra del régimen antidemocrático, el presidente de esa nación, Daniel Ortega, envió al congreso una reforma al sistema de seguridad social del país en la que tocaba las pensiones reduciendo la cantidad de dinero que entregaban a los pensionados. La medida solo avivó el descontento social.
Evelyn dedicó su carrera a la defensa de los derechos humanos desde organizaciones de la sociedad civil alimentadas por la cooperación internacional, especialmente en temas como educación, derecho de las mujeres y de los pueblos indígenas.
“En 2018 tenía 59 y a mí la reforma me tocaba directamente, me afectaba, medidas como esas fueron las que provocaron todo el estallido social, de las protestas. Yo me sentí comprometida a involucrarme, no solo como defensora de Derechos Humanos; me vi también en la necesidad de apoyar a las víctimas de la represión”.
Organizarse junto con otros ciudadanos le valieron a Evelyn ser encarcelada por menoscabo a la soberanía nacional, propagación de noticias falsas y ciberdelitos. Según le dijeron, ella tenía cuentas de redes sociales que esparcía noticias falsas contra el régimen de Murillo, pero Evelyn había cerrado sus cuentas de redes desde un año antes, por miedo a persecuciones políticas.
Evelyn llegó a Washington, Estados Unidos, después de estar presa por un año y tres meses. Junto con ella llegaron a ese país 221 personas más, todas exiliadas, que habían sido presas políticas, como ella y a quienes el gobierno de Nicaragua se encargó de borrar de los registros nacionales. Eliminaron su acta de nacimiento, confiscaron sus bienes y cancelaron su cuenta de retiro, de donde cobraba su pensión.
A las pocas horas de salir de Nicaragua en un avión de las fuerzas armadas de Estados Unidos, Evelyn y el grupo de opositores se enteró de que el gobierno de Ortega había desconocido su nacionalidad, convirtiéndola a ella y a las otras personas en apátridas.
Actualmente, aunque desde diferentes colectivos que trabajan desde el exilio en Nicaragua se ha documentado una política de represión migratoria a los familiares de estas 222 personas. Por un lado impiden el reingreso a Nicaragua de personas exiliadas, y al mismo tiempo niegan la salida de sus familiares para mantener a las familias separadas.
Ante las protestas de 2018 en contra del gobierno de Daniel Ortega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de observación y defensa de los Derechos Humanos en toda América, instaló en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Esto, para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión. Desde entonces el órgano internacional no ha dejado de lado el tema.
El pasado 23 de febrero la Comisión emitió un comunicado en el que reconocía que las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 3 de marzo se darán en medio de una estrategia represiva que busca dispersar un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno para limitar su participación de cara a las elecciones regionales.
A Evelyn el comunicado no le extraña. Cuando ella fue apresada apenas faltaban unos días para las elecciones generales de 2021. En ese entonces el gobierno de Daniel Ortega organizó redadas en contra de sus opositores para evitar cualquier protesta durante el día de los comicios”.
La visita de Evelyn y de otras personas víctimas de la represión a las audiencias públicas de la CIDH, que se llevaron a cabo del 26 al 1° de marzo, busca dar una actualización de la situación de las personas apresadas por cuestiones políticas en Nicaragua.
“En un país como Nicaragua, donde el acceso a la justicia esta imposibilitado, donde no hay reparación a las víctimas, que la Comisión emita, simbólicamente, una resolución, que de alguna forma reivindique el hecho victimizante e identifique responsabilidades, contribuye a un posicionamiento internacional ante un régimen que está siendo renuente a la presión internacional”, comenta en entrevista otra de las persona que acompañará a Evelyn durante la audiencia.
“En Nicaragua se ha consolidado un régimen dictatorial, que tuvo un punto de inflexión en 2018, a raíz del conjunto de protestas y de la insurrección cívica. Desde entonces, el dispositivo represivo de la dictadura ha sido avasallador en contra del movimiento social. No ha sido solo contra los liderazgos políticos, también contra activistas y defensores de Derechos Humanos. A cualquier persona que cuestiona al poder lo pueden detener, desaparecer o exiliar”, comenta la persona que acompaña el caso que expondrá Evelyn.
Según recuentos de diversas organizaciones de Derechos Humanos que trabajan casi a escondidas o desde le extranjero, como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas en Nicaragua, desde 2018 a la fecha han habido cerca de 2 mil personas detenidas, criminalizadas, enjuiciadas y encarceladas por delitos fabricados .
Muchos son llevados a prisiones como en la que estuvo Evelyn durante 15 meses y tres días antes de ser enviada a Estados Unidos.
“Ahí las condiciones son duras, son difíciles. Las presas políticas ahí somos marcadas como personas non gratas, se nos niega todo derecho, se nos niega todo beneficio que se le pueda dar a las presas comunes como atención médica especializada, o llevarlas a un hospital para que se les haga un análisis. También la salida al patio de sol se les restringe a unos 30 minutos al día o a cuanto la gente de la prisión quiera”.
A pesar de que las violaciones a Derechos Humanos ya no son un tema mediático como en 2018, las agresiones se mantienen, e incluso se dirigen a las familias de quienes se oponen al régimen de Ortega, por lo que ponencias como la de este viernes sirven para no quitar la atención del tema.
Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.
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