La multa a 13 epresas por emplear a niños y adolescentes en los campos agrícolas de Sinaloa destapa una cloaca: la realidad de millones de familias que tienen que abandonar sus comunidades para trabajar y poder subsistir; aunque esto implique trabajo infantil y exponerse a condiciones de inseguridad

Texto: Kau Sirenio

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. -La Dirección de Trabajo y Prevención Social de Sinaloa multó a 13 empresas agrícolas por emplear a niños jornaleros. La sanción asciende a más de 7 millones de pesos y aún puede apelarse ante el Tribunal Laboral, o firmar un convenio de pago con el Servicio de Administración tributaria.

Sin mencionar los nombres de las empresas agrícolas que fueron inspeccionadas, la Dirección de Sinaloa señaló que durante la inspección encontró a niños y adolescentes en los surcos sin las medidas de salubridad que demanda la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el director de Trabajo y Prevención Social de la zona norte de Sinaloa, Juan Francisco López Orduño, la edad promedio de los jornaleros infantiles oscila entre los 10 y 15 años. Y por eso, decidieron aplicar la sanción, pues de acuerdo a la nueva reforma laboral de enero, los niños y adolescentes no deben trabajar en los campos agrícolas.

El hecho es histórico, pues es la primera vez que se sanciona por esto a la empresas agrícolas. Esto, a pesar de que organizaciones defensores de derechos humanos han documentado el trabajo infantil en los campos agrícolas de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias.

En entrevista con Pie de Pagina, el responsable del área que acompaña a la comunidad jornalera agrícola del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, reflexiona al respecto.

“El problema en los campos agrícolas de Sinaloa es mayor, y no se va a resolver con la multa que la dirección Trabajo y Prevención Social de Sinaloa impuso a las empresas que emplean a niños jornaleros, mientras no haya condiciones para quedarse en sus comunidades, esto se va a repetir una y otra vez”.

Sin oportunidades, la opción es el jornal

Rodríguez Reyes analiza que, para entender las implicaciones de estas sanciones, primero hay que comprender el motivo por el que una familia entera decide abandonar su hogar e irse a cortar frutas y verduras.

Para él, la mayoría de los jornaleros infantiles provienen de las comunidades indígenas, y migrn por falta de escuelas y empleo en la Montaña de Guerrero:

“La familia se va completa a trabajar en los campos agrícolas porque no tienen con quien dejar a sus hijos, además, los profesores no llegan a estas comunidades”.

Y añade que «los niños y niñas hijos de jornaleros migrantes mejor se van a trabajar con sus papás, porque no hay albergues que cuenten con escuelas, por eso no reciben una educación con pertenencia cultural de sus comunidades de origen”.

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, en 2009, la población jornalera era alrededor de 2 millones 040 mil 414 personas. Para 2016 la cifra aumentó a 4 millones 551 mil 764, lo que significa que, si contamos a toda la familia, el conteo se eleva a unas 9 millones de personas.

“Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 estima que en México hay 2 millones 900 mil personas jornaleras, de las cuales se aprecia que un millón son migrantes, que sumados los miembros de la familia, hacen una población de casi 5 millones de personas que viven del salario de algunos de sus miembros fuera de su comunidad de origen” señala la RNJJ en su página web.

Las jornaleras y jornaleros trabajan en los campos agrícolas de las dos Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Queretaro, Michoacán, Morelos y Estado de México.

El problema en las infancias

Paulino Rodríguez dice que el acceso de niñas, niños y adolescentes jornaleros al mercado laboral en los campos agrícolas crece debido a que las empresas empleadoras que contratan a esta población para evadir sus responsabilidad con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Por otro lado, agrega que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no inspecciona a los campos agrícolas a pesar de la prohibición en la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con datos de Tlachinollan, de enero a diciembre de 2023 el numero de jornaleros agrícolas que emigraron a los campos agrícolas es de 12 mil 493 personas. De esta población, 3997 son niñas y niños, los que significa que estos niños abandonaron sus estudios para ir a trabar como jornaleros.

Rodríguez Reyes sostiene que los niños enfrentan múltiples problemas en los campos agrícolas. Problemas que van desde la explotación laboral, el acceso a la educación, salud, vivienda digna y trato justo, además de estar expuestos a condiciones de violencia por la inseguridad de los lugares donde trabajan.

Además de esto, también están expuestos a la extorsión por parte de autoridades, que, como el caso de Sinaloa, la ejercen policías de tránsito y municipales, según Tlachinollan.

“Hemos documentado varios caso en el que los inspectores imponen multas que van de 5 mil hasta 80 mil pesos para permitir la circulación de camionetas hacia los campos agrícolas”.