Autoridades judiciales revocaron el permiso ambiental ante la multiplicidad de pruebas científicas y legales que anticipan el daño que provocarán las instalaciones de PAPO, una aparcera de Kekén que busca explotar una factoría de 49 mil cerdos, y perteneciente a Grupo SIPSE, una de las empresas de medios más poderosas de Yucatán

Texto: Patricio Eleisegui

Foto: Lourdes Medina

YUCATÁN. -En lo que representa un nuevo paso hacia el cierre definitivo de sus instalaciones contaminantes, y al mismo tiempo una certeza de que las autoridades judiciales ya no pueden negar el desastre ambiental que genera la porcicultura industrial en el estado, el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada a la mega factoría que la firma PAPO (Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V.) edificó y pretende operar en la comunidad maya de Homún, ubicada al sureste de Mérida, la capital del estado.

La intención de PAPO, que actúa como proveedora de Kekén (empresa que monopoliza el procesamiento de carne porcina en la Península de Yucatán), es activar una instalación con hasta 49 mil cerdos, pero la naturaleza contaminante de su negocio ha dado pie a una resistencia comunitaria que, defensa legal mediante, derivó en reveses judiciales que lograron detener la actividad de la mega granja. La quita de la autorización ambiental acerca ahora la posibilidad de la clausura definitiva del proyecto.

PAPO es controlada por los dueños de Grupo SIPSE, uno de los conglomerados de medios de comunicación más importantes de Yucatán y portavoz permanente de los intereses de los empresarios regionales de la carne porcina. El fuerte posicionamiento que ostenta Grupo SIPSE en el mapa mediático e informativo del estado explica, vía omisión o censura directa, la acotada visibilidad social que presenta la lucha popular que viene encarnando la población de Homún.

La decisión del Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán, indicó la abogada Lourdes Medina Carrillo, asesora legal de Kanan Ts´ono´Ot, el colectivo maya de vecinas y vecinos de Homún que batalla contra la mega factoría, surge tras tomarse en cuenta la abrumadora evidencia científica y jurídica que prueba incumplimientos, omisiones y otras irregularidades detrás del permiso otorgado a PAPO por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán.

La sentencia destaca que el Gobierno estatal ha incurrido en reiteradas omisiones administrativas que derivaron en la vulneración de normas ambientales y derechos comunitarios. También, ordena la protección del Anillo de Cenotes, reserva hídrica clave de la región, ante cualquier nueva autorización de impacto ambiental que pueda someterse a consideración de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

El impacto de PAPO en el ambiente y la población de Homún

Entre las pruebas aportadas, se precisó que durante la construcción de la mega granja se deforestaron sin autorización casi 70 hectáreas de selva mediana sub caducifolia, y que se omitió analizar de forma adecuada el impacto que la factoría generaría en el Anillo de Cenotes, un humedal protegido a nivel internacional por el Convenio Ramsar.

Por otro lado, las pericias indicaron que las aguas residuales que generaría la mega factoría no podrían reutilizarse como abonos o fertilizantes, un argumento largamente sostenido por PAPO. En contraposición, se afirmó que los excrementos de los cerdos conformarían volúmenes de nutrientes que exceden la capacidad de absorción del suelo y esto, a mediano y largo plazo, colocaría al acuífero en riesgo de contaminación agravada.

Respecto los impactos en el territorio de Homún, Medina Carrillo señaló que, de habilitarse, la mega factoría emitirá grandes concentraciones de nitrógeno, fósforo y metales pesados con afectación directa al territorio y las fuentes de agua del municipio.

También indicó que en el otorgamiento de la autorización de impacto ambiental, la Secretaría de Desarrollo Sustentable no consideró la contaminación atmosférica que provocan las factorías, altamente emisoras de ácido sulfhídrico (H2S) y amoníaco (NH3), ambos compuestos capaces de afectar la salud de la población y los ecosistemas a partir de la eutrofización del agua y la acidificación del suelo.

Gobierno cómplice con las empresas

Medina Carrillo explicó estas irregularidades en el marco de una concentración de vecinas y vecinos de Homún frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Mérida.

En la concentración también estuvieron representantes de otros pueblos mayas afectados por porcícolas como Kinchil y Santa María Chi, y poblaciones que padecen el despojo que promueve la especulación inmobiliaria, como es el caso de Ixil.

“Se omitió todo tipo de contaminación como es la atmosférica, que se ha corroborado con el dictamen de SEMARNAT del año pasado. Allí se explicó que (el funcionamiento de la mega granja) es altamente peligroso para la salud en tanto se emite ese ácido sulfúrico y amoníaco a la atmósfera, al aire que consumimos las y los habitantes en el estado de Yucatán”, precisó, altavoz en mano, la abogada.

Y añadió que “esa evidencia científica combatió la bandera que aún tienen la industria porcícola, la empresa PAPO y el Gobierno de Yucatán, de que las aguas (residuales) no van a contaminar. Esto es totalmente falso. Se comprobó que el tipo de suelo donde se pretendía desarrollar esta granja no es apto para soportar esa carga de contaminantes que iba a producir una instalación de 49 mil cerdos”.

Medina Carrillo no dudó en remarcar que “el Gobierno de Mauricio Vila no se cansa de seguir litigando a favor de las empresas”, quien a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable pretende “tener la facultad de autorizar manifestaciones de impacto ambiental, cambios de usos de suelo sobre selva. Todas facultades que (la Secretaría) no tiene”.

La obligación de cumplir con la consulta previa

La sentencia del Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán reconoce, además, que cualquier autorización o permiso que se entregue a una empresa para su instalación en un pueblo indígena como Homún debe cumplir de forma ineludible con el requisito de la consulta previa.

La autorización ambiental –ahora desactivada– que favoreció la radicación de la mega granja de PAPO en Homún fue otorgada en 2017 por Eduardo Batllori Sampedro, entonces secretario de Medio Ambiente de Yucatán, y defendida en juicio por Sayda Rodríguez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y actual pre candidata a diputada local por el PAN.

Tras esa decisión, en noviembre de ese mismo año el colectivo Kanan Ts´ono´Ot promovió un juicio de amparo que inició la resistencia con el resultado positivo que ahora se conoce.

Durante la concentración, un integrante de Kanan Ts´ono´Ot comentó que esta victoria debe extenderse a las más de 500 granjas porcícolas que operan ilegalmente en Yucatán:

“Queremos que el Gobierno estatal saque las manos de nuestro proceso. No queremos que esto continúe así. Es un proceso largo, cansado y muy costoso. Lo importante es que seguimos viendo que no quieren respetar la voluntad del pueblo. Y no es sólo Homún, es todo Yucatán. Hay más de 500 granjas en el estado y todas trabajan de forma ilegal”.

En paralelo a la quita del permiso ambiental, las autoridades judiciales fijaron como obligación de la Secretaría la concreción de una consulta previa al pueblo maya de Homún siguiendo estándares internacionales y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también, la puesta en marcha de una resolución que analice la posible afectación al Anillo de Cenotes.

Relacionado con estos puntos, conviene aclarar que la sentencia no especifica medidas y acciones concretas para prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente reconocidas. Tampoco es contundente respecto de desterrar la pretendida injerencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la generación de manifestaciones de impacto ambiental, rol que le compete a la Semarnat. A raíz de estos elementos por definir y delimitar, anticipó Medina Carrillo, la comunidad movilizada de Homún y su representación legal evalúan solicitar la revisión de la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.