Hay carencias dolorosísimas en el país. Hay leyes pendientes que pueden cambiar la vida de millones de personas. No están las cosas para perder el tiempo en reformas constitucionales que no sirven para nada, pues no hace falta reformar la Constitución para ninguno de esos fines. De hecho, es todo enormemente redundante

Por Eugenio Fernández Vázquez / X: @eugeniofv

Es difícil tomarse en serio las propuestas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental y agropecuaria. Se tocan tantos temas en las iniciativas que cuesta pensar que se las llegue a discutir en tiempo y forma, y las ramificaciones que tendría cada punto generarían un proceso legislativo y de negociación muy difícil. De todas formas, casi todo lo que plantean —al menos en esos temas— ya está en la ley o en la propia Constitución, así que la propia discusión parece ociosa. Mientras tanto, hay otras muchas reformas legales urgentes que se beneficiarían enormemente del apoyo y la urgencia presidenciales, pero que siguen en segundo plano.

La iniciativa ambiental presentada en el aniversario de la Constitución de 1917 incluye modificaciones y adiciones en materia energética, alimentaria, hídrica, de biodiversidad y de minería. Busca, por ejemplo, lo mismo prohibir que se otorguen contratos para hacer fracking en yacimientos petroleros no convencionales que recalcar que todos tenemos derecho al agua, y propone determinar que el maíz es el alimento básico del país y prohibir los transgénicos. También pretende mandatar al Estado para conservar la biodiversidad, señalar que se castigará el daño ambiental, recalcar que la ley regulará la explotación de minerales, y asegurar que el Estado promoverá el desarrollo rural integral, entre otras cosas.

No hace falta reformar la Constitución para ninguno de esos fines. De hecho, es todo enormemente redundante.

La reforma del párrafo 5 del artículo 4 que propuso el presidente de la República, por ejemplo, lo único que haría es expresar con más palabras lo que de todas formas ya estaba marcado. Si antes se estipulaba que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prácticamente todos los expertos en el tema están de acuerdo en que eso incluye la protección de la biodiversidad, ahora esto se pone con todas sus letras: “el Estado… asegurará la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad nacional”.

Las provisiones de esa iniciativa, además, entran en francas contradicciones con las de la iniciativa sobre bienestar, que tiene mucho de agropecuario. Por ejemplo, si en la primera se establece que se privilegiarán las prácticas agroecológicas, en la segunda se propone garantizar por ley la entrega de fertilizantes gratuitos a los productores de pequeña escala. Esta última es, además, terriblemente peligrosa, porque enquistaría la política agropecuaria neoliberal —la que se centra en la entrega de apoyos, sin intervenir en los mercados— y haría muy difícil impulsar políticas públicas realmente progresistas, centradas en la acumulación de capacidades productivas y organizativas, en la construcción de cadenas cortas, y no en el reparto de dinero.

Mientras el presidente de la República y sus partidarios en el poder legislativo buscan que la conversación pública se concentre ahí, y la oposición —para variar— muerde el anzuelo, hay iniciativas que son realmente urgentes. La ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura está ya en comisiones de la Cámara y puede hacer una verdadera diferencia para la vida de medio millón de familias, casi todas ellas pobrísimas, pero los legisladores tienen mucha paciencia para esas cuestiones. Urge acelerar la discusión sobre una nueva ley general de aguas realmente incluyente y progresista, que nos ayude a enfrentar la crisis hídrica que atraviesa el país y que no se irá, pero por lo visto a los legisladores no les falta agua.

Hay carencias dolorosísimas en el país. Hay leyes pendientes que pueden cambiar la vida de millones de personas. No están las cosas para perder el tiempo en reformas constitucionales que no sirven para nada.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.