La detención de los activistas ocurrió en la madrugada y con violencia. El municipio permanece sitiado, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y militares

Texto y fotos: Diana Manzo / Istmo Pres

OAXACA. -Tras nueve días de ser detenidos arbitrariamente y acusados supuestamente por el robo de una patrulla del municipio de Mixtequilla, Oaxaca, los nueve activistas- ocho hombres y una mujer- la mayoría adultos mayores, fueron vinculados a prisión preventiva por el juez de control de Tanivet, Oaxaca, informaron activistas e integrantes de la Resistencia Civil Mixtequillense.

En un comunicado, señalaron que el juez que conoce la causa 44/2024 (Tehuantepec) relacionados con sus compañeros quienes son integrantes de la Red de Resistencia Civil Mixtequillense  acordó el pasado 2 de febrero dictarles un auto de vinculación a proceso con medida de prisión preventiva.

Lamentaron el actuar parcial y por consigna del juez, pues el delito que se les imputa aclararon, no requiere necesariamente de la aplicación de la medida de prisión preventiva, pues pueden pasar prisión preventiva domiciliaria, o bien quedar en libertad pagando las supuestas afectaciones que se les acusa, de manera arbitraria.

“Es evidente que la escalada represiva desatada a partir del 27 de enero, además de castigar a los y las integrantes de Resistencia Civil Mixtequillense, busca acabar con todo tipo de oposición a la imposición del Polo de Desarrollo”, precisaron.

Anunciaron que los abogados han interpuesto un amparo, en espera que la autoridad judicial se los otorgue y puedan quedar en libertad lo antes posible.

Lamentaron la criminalización social que viven los activistas, pues su detención ocurrió en la madrugada y con violencia, lo cual es un ejemplo de una detención arbitraria que violenta sus derechos humanos.

Un día después de la detención de los nueve activistas, el municipio amaneció sitiado, por elementos de la guardia nacional, policía estatal y militares.

La Red de Resistencia Civil Mixtequillense surgió en el mes de agosto del año pasado derivado un pago en millones por las 502 hectáreas de tierras agrarias que adquirió el gobierno federal para la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico, la exigencia es que se comparta para los 4 mil habitantes y no solo para los 800 comuneros, como lo están considerando.

“Nosotros lo que queremos es que el recurso por el pago de las tierras de uso común se reparta entre nosotros también, la sociedad civil, y no solo en los comuneros, y eso ha sido la confrontación, además vemos que 26 pesos el metro cuadrado es una burla, exigimos al presidente López Obrador reconsiderar ese pago, le enviamos una carta para decirle que queremos un dialogo, pero hay negativa de su parte”, dijeron.

Sin embargo, la llegada de un megaproyecto a la comunidad ha generado una desintegración y división social. La exigencia es la información, pues la hay sesgada y la inconformidad es que se hayan usado tierras de uso común.

Esta nota fue publicada originalmente en iSTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.