Lo que era un conflicto de vivienda nacido en la desatención del predio por sus dueños “originales” o “registrales”, fue convertido en una causa penal contra los habitantes, abierta en diciembre de 2023. Esta es otra historia de la fiscalía del despojo en la Ciudad de México

Texto: Eliana Gilet / Cooperativa de periodismo

Foto: Axel Hernández

Actualización 25 de enero 2024

CIUDAD DE MÉXICO. – Más de 200 personas viven en la calle hace once días, tras ser expulsadas arbitrariamente por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México. La Fiscalía aseguró el edificio dónde vivían, en General Anaya #27, en el corazón de la colonia Merced. Para hacerlo, acusó a los vecinos de un delito que no cometieron.

Para que exista un despojo, alguien tuvo que perder su casa, es decir: una ocupación o toma violenta para desplazar a quien ocupaba ese sitio. Pero eso no ocurrió en General Anaya #27: la vecina más antigua llegó en 1968, y las más recientes, hace una década. Todos pagaron renta siempre, a un apoderado legal, que se presentaba como hermano de una dueña española, Carmen Ramón Pérez.

Este jueves 25 de enero, 40 vecinos de General Anaya fueron imputados de un delito fabricado: el despojo de su propia casa. La Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México sólo les permitió defenderse y tener acceso a la carpeta de investigación hasta esta tarde, y sólo si aceptaban la imputación mencionada. Las imputadas son en su mayoría mujeres, y un tercio son personas de la tercera edad. Así funciona la maquinaria del despojo: haciendo de la víctima, un victimario.

Un delito que nunca existió

Lo que era un conflicto de vivienda nacido en la desatención del predio por sus dueños “originales” o “registrales”, fue convertido en una causa penal contra los habitantes, abierta en diciembre de 2023.

Rosalba Lara, agente del Ministerio Público, decidió el destino de estos vecinos desde el tercer piso del Búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México. Según una carpeta de investigación, en apenas tres semanas, esta funcionaria determinó que la Fiscalía Ambiental tenía que asegurar el edificio.

Tras apenas un mes de investigación, Lara firmó el acuerdo de aseguramiento del predio el 3 de enero de 2024. El martes 9 de enero, la jefa de Rosalba Lara y responsable de la agencia de despojos de la Fiscalía Ambiental, Julia Sánchez Arcos, comandó a más de 300 granaderos y policías de investigación para que irrumpieran, pasadas las 8 de la mañana, en los 30 departamentos y 25 cuartos de azotea ocupados de General Anaya #27. Después, sin mayor explicación, sacaron a todos los vecinos de sus hogares con lo puesto, abrieron los departamentos que estaban vacíos porque sus dueños ya estaban trabajando o llevando a los hijos a la escuela; esculcaron, robaron celulares, dinero.

Ninguno de los vecinos sabía que sucedía. Algunos fueron amedrentados y obligados a firmar un documento donde aceptaban haber sacado sus pertenencias del edificio, aunque no fuera cierto. Antes de las 11 de la mañana, todos los funcionarios ministeriales se habían ido y los vecinos estaban en la calle con una copia del “acuerdo de aseguramiento” firmado por Lara y sellado por la Fiscalía Ambiental (Fidampu) como única explicación.

Pasado el mediodía, cortaron Anillo de Circunvalación, la avenida principal que permite la entrada a la Merced. Se instalaron sobre la banqueta, en las puertas del predio donde vivieron generaciones, para custodiar sus pertenencias que siguen dentro de sus casas clausuradas por los sellos que les pusieron los agentes de la policía de investigación esa mañana. Había más de una centena de personas en la calle, sosteniendo el plantón, entre ellos cerca de 30 niños; el menor, con un mes de nacido. Todos pasaron esa primera noche acurrucados en cartones en el piso, tapados con las mantas que los comerciantes de alrededor les prestaron.

Durmieron y comieron en la banqueta durante cuatro días. Sin embargo, el viernes 12 decidieron cortar General Anaya, y allí se mantienen desde entonces. Funcionarios de concertación social del Gobierno capitalino intervinieron para que el lunes 22 los recibiera la Fiscal Ambiental, Alma Luisa Rodríguez Soberanes. La funcionaria no quiso darles información sobre la investigación, a menos que los vecinos acepten los cargos por despojo que la Fiscalía busca imputarles.

Viejos lobos, viejas prácticas

Quien demandó a los vecinos es un antiguo inquilino del lugar, quien ya intentó previamente desalojarlos con violencia a todos, en el año 2017, contratando golpeadores. No lo logró, pero según el periódico La Jornada hubo 109 detenidos entre las personas que irrumpieron en el edificio.

Quien sí los desalojó fue la Fidampu, quien los expulsó con todo el peso del Estado, siguiendo a pies juntillas la versión de ese mismo exvecino, que ahora los denunció, como si todos se hubiesen metido a la brava.

La Fiscalía, fiel al mecanismo que describimos en marzo de 2023: aseguró este edificio en tiempo récord, aún sin comprobar que el delito denunciado realmente exista. Nunca llamó a declarar a los vecinos del lugar, ni les permitió probar su “posesión pacífica” de décadas, antes de expulsarlos, sin aviso previo, y cortar con violencia esa posesión que les da derecho de permanecer; obligándolos a vivir en la calle, apoyados únicamente de la solidaridad del barrio alrededor.

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La fiscalía del despojo en Cdmx

Por eso, cuando siete funcionarios de la Fiscalía Ambiental, comandados por el Agente del Ministerio Público de Fidampu, Luis Antonio Pérez López, se presentaron ante el plantón de General Anaya, los vecinos no quisieron aceptar esos citatorios tardíos, que de llegar a tiempo hubieran evitado todo este dolor que han debido padecer -y que siguen padeciendo- si tan sólo les hubieran golpeado la puerta y les hubiesen informado sobre la “investigación” en curso.

La Fiscalía pretende que los vecinos prueben su derecho, cuando era su deber investigar que la gente no había cometido ningún delito. Así, encuadra un antiguo conflicto de vivienda como un delito penal, que la gente no cometió, que ni siquiera existe. La principal herramienta del mecanismo de expulsión diseñado por la Fiscalía Ambiental, es convertir antiguos vecinos con derechos en imputados del delito de despojo.

Los vecinos expulsados han aceptado acudir, en grupos de cinco en cinco, a presentar sus papeles ante la Fiscalía Ambiental, con la mediación de un representante del Gobierno de la Ciudad de México. Mientras la autoridad dilata su decisión de levantar el aseguramiento y regresarles el predio, ellos siguen durmiendo, comiendo y viviendo en la calle. Sin mayor apoyo, que el del barrio alrededor.