La ley de ingresos aprobada por el Congreso de Oaxaca busca debilitar la propiedad social de la tierra, ejidal y comunal,  incentivando la privatización. El ejido es uno de los principales obstáculos para los megaproyectos como el interoceánico, la minería o el turismo. Es el mismo ejido que ha sido clave para el cuidado de la tierra y de los recursos naturales. El abogado Francisco López Bárcenas habla de las estrategias que tienen los pueblos  en Oaxaca para evitar la privatización. Hace un llamado a reforzar las asambleas comunales y ejidales

Por Daliri Oropeza Alvarez / X: @Dal_air

Al gobierno morenista  de Salomón Jara y a los intereses privados les estorban los ejidos en Oaxaca. Queda claro ante la aprobada Ley de ingresos para el año 2024 es el modo en el que buscan debilitar esta propiedad social de la tierra y sus estructuras comunitarias. Con ella promueven la privatización de la tierra, en un momento en el que se acelera la entrada de megaproyectos. 

La ley creó el ’Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio’. Su objetivo es “incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria”, y a quienes se registren les descontarán impuestos o aplicarán estímulos fiscales. 

De acuerdo con el abogado Francisco López Bárcenas, en la historia de Oaxaca, el principal obstáculo que se han encontrado los megaproyectos es la propiedad colectiva de la tierra, organizada en 851 ejidos y 719 comunidades agrarias equivalentes a 7,415,296 hectáreas. La ley agraria dicta que rigen por asamblea, la cual pone las reglas para el uso,  participación u organización del trabajo o ganancias de cada ejido. 

Actualmente el Registro Agrario Nacional da cuenta que el 50.8% del total del territorio mexicano es propiedad social, el 42.8% es propiedad privada. Destaca que dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan dentro de la propiedad social. También el 70% de los bosques y la biodiversidad.

En Oaxaca, esto ha permitido conservar la naturaleza y mantener las actividades productivas del campo, en manos de los pueblos indígenas. En entrevista, Lopez Bárcenas asegura que esta triangulación para incentivar la privatización no es por desconocimiento de la constitución y la ley, sino intencional. 

Lo hace el gobierno de Salomón Jara, ante los frenos que se han encontrado con megaproyectos como el Corredor Interoceánico. O desde la iniciativa privada, como la imposibilidad de que entren las minas. Gracias a las decisiones de las asambleas ejidales que no aceptan la destrucción o envenenamiento de sus tierras.

El abogado Francisco López Bárcenas asegura en entrevista que las implicaciones de cambiar la propiedad social de la tierra son a diferentes niveles: Históricas, culturales, económicas. Y la decisión recae en las asambleas ejidales, por lo cual hace un llamado a reforzar la organización colectiva en torno a la propiedad social. También a poner en el centro la vida comunitaria. 

Vender o no vender la propiedad social

El ’Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio’ provocó preocupaciones en diversas comunidades y ejidos que se pronunciaron en rechazo de la privatización. Saben que la amenaza de proyectos extractivos que pretenden instalarse en sus territorios sigue latente.

Campos eólicos, solares, mega granjas avícolas o porcícolas, presas, pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas, monocultivos, agroindustria, megaproyectos turísticos, inmobiliarias, complejos industriales, minas, gasoductos e incluso el tema de la basura en la capital, amenazan tierras comunales.

La entrada de megaproyectos abrió la posibilidad de privatizar las tierras y romper con la toma de decisiones colectiva, con perspectiva en comunidad, de los ejidos.  Esto facilita la entrada de megaproyectos como es el caso de las empresas mineras transnacionales. 

El Valle de Ocotlán es un ejemplo de privatización.  El reporte del año 2019 de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines enlista 49 contratos de usufructo para uso de suelo en San José del Progreso. El asunto es que dividieron a la asamblea y fueron firmados de manera individual entre los años 2009 y 2018. Caducan hasta el año 2048.

La minera proyectó en 2004 el uso de 364 hectáreas. Gracias a más de 30 concesiones mineras con las que cuenta, el territorio donde puede realizar operaciones se expandió a 80 mil hectáreas, con la consecuente afectación de las asambleas y propiedades ejidales o comunales de la región. La división social que conlleva y la  contaminación ambiental que provoca.

Oaxaca tiene por lo menos 322 concesiones mineras vigentes, hasta donde se sabe por documentos publicados por el Servicio Geológico Mexicano en 2022, pues la información sobre el sector minero ha sido cada vez más restringida en este sexenio por las mismas autoridades.

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) se pronunció sobre la privatización de la propiedad social y el caso de la mina candiense en Ocotlán. Lo ponen a la derecha de Carlos Salinas memorando la reforma al artículo de su sexenio. 

“Esta iniciativa de Salomón Jara es solo una parte de su política abiertamente neoliberal, antiagrarista y extractivista. No solo por esta propuesta sino por todos los megaproyectos relacionados con procesos de privatización de tierra en Oaxaca”, dice en su comunicado.

Resalta la anécdota: “Salomón Jara nunca ha sido un amigo o aliado de las causas y las luchas de los pueblos y lo saben los y las compañeras de los valles centrales de Oaxaca cuando con su investidura de Senador de la República en el año 2016 llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán con todo el cinismo que lo caracteriza y acompañado de los representantes de la empresa minera Cuzcatlán ha intentado, con engaños, realizar una consulta exprés y aceptar la ampliación del proyecto minero. Ese es el verdadero Salomón Jara”.

Soluciones desde los pueblos: entrevista con López Bárcenas

Esta forma de tenencia de la tierra es tan relevante que marca la identidad cultural y la posibilidad de existencia de la vida campesina. “Se remiten a su relación con la tierra y a lo común, porque ésa es la responsabilidad primera”, describe Ramón Vera Herrera, integrante de Grain.

Francisco López Bárcenas destaca que hay estrategias que los pueblos pueden llevar a cabo, desde fortalecer la organización de la asamblea de ejidatarios hasta recursos legales como el amparo ante esta “nueva embestida contra la propiedad social de la tierra”.

A continuación, Microfilme Postal comparte la entrevista con el abogado mixteco, para ampliar la comprensión de las implicaciones de esta ley en Oaxaca y las posibilidades que tienen los ejidos y comunidades agrarias para luchar y defender la tierra. 

–¿Hay desconocimiento de la constitución y la  ley agraria  por parte del gobernador  Salomon Jara? ¿Es legal cómo triangula la privatización de tierras?

–Yo creo que hasta cierto punto es legal. Porque tiene facultades el Congreso del estado para elaborar la ley de ingresos, la ley estatal de derechos. En este caso se presenta lo que jurídicamente se llama una “antinomia aparente”. Que no ataca la forma de la ley sino su contenido. Lo que está en juego no es la forma de la ley sino su contenido.

El contenido de la ley, tanto la de Egresos, Ingresos, y Derechos sí están en contra de lo que marca la Constitución federal, los tratados internacionales, incluso la propia ley de derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca, que establece que hay que proteger los territorios indígenas.

–¿Qué implicaciones tiene en los pueblos este apartado de la ley de ingresos que promueve la privatización de los ejidos?

–Promover de manera indirecta la privatización tiene varias implicaciones. Señalaría al menos tres, unas históricas, unas culturales y otras económicas.

En el asunto de las implicaciones históricas, señalaría que desde 1956, cuando se crea la ley de desamortización, es cuando se intenta privatizar las tierras de los pueblos en México. Oaxaca tuvo un papel muy importante en aquel tiempo para oponerse. Era gobernador de Oaxaca Benito Juárez y en un principio, él se negó a aplicar esa ley en el estado.

Cuando Lerdo de Tejada lo presiona, le dice que aplique la ley, él en calidad de gobernador le consulta al secretario, si era posible que las tierras no se sacaran a subasta pública, sino que se repartieran entre los miembros de las comunidades.

Lerdo le contesta que no, que eso es hacer fraude a la ley, y eso es fundamentalmente al Estado y que tiene que sacar la subasta pública de tierras para que la venta se haga.

Benito Juárez hace una jugada yo creo, interesante, para proteger las tierras comunales. Manda una iniciativa a la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca para que todas las tierras que pertenecen a los pueblos pasen a ser de los municipios.

Y entonces cuando Lerdo sigue presentando, Juárez le dice ‘ya no hay nada que privatizar los pueblos ya no tienen tierras, son de los municipios’.  Y esa es una explicación de por qué hay tanta tierra como nadie en Oaxaca. Porqué hay tantos municipios en Oaxaca. Por la defensa de las tierras.

Respecto a las implicaciones culturales, hay una tradición comunalista, hay toda una teoría sobre comunalismo y comunalidad que tiene que ver con que en Oaxaca la vida comunal.

Según los que lo han estudiado, tiene varios elementos, lo central es la tierra, otra es el trabajo de la gente en común, el famoso tequio que en cada región tiene su propio nombre.  El asunto de las fiestas, mayordomías que tienden a lo comunal. Y los gobiernos comunitarios.

Con esta iniciativa se está atentando contra uno de esos pilares que es el territorio, contra la comunalidad. Pareciera que el gobierno actual, pues no no reconoce esta realidad Oaxaqueña.

Están las implicaciones económicas. Ya que lo central en Oaxaca: hay una suerte de proyecto de vida comunitaria que pasa por lo que viven como modo de organizarse. La gente hace los tequios. La vida comunitaria se extiende al comercio.

Y frente a eso, con el neoliberalismo, pues la propuesta es los programas extractivistas, los programas de invasión, que muchos vienen del gobierno anteriores, pero muchos son de este gobierno, pues hay que privatizar las tierras porque son un freno muy fuerte a megaproyectos como el Interoceánico.

Ya está trazada la ruta… pero alrededor de la ruta del Interoceánico se van a construir negocios, industrias, ¿no? Y para eso no tienen tierra, y lo comunal y lo ejidal siguen siendo un problema.

Es muy probable que la industria minera que se lleva muy bien con el actual gobernador quiera expandirse. Hay muchísimas concesiones que están todavía sin explorar y menos aún sin explotar. Es muy probable que las quieran impulsar, pero para eso necesitan acceder a la tierra la cual está en manos de los ejidos. Las comunidades siguen siendo obstáculos.

Otro ejemplo, con lo que están haciendo de carreteras. Para conectar todos los polos económicos, el tipo de tierras comunales siguen siendo un obstáculo para que pasen.

Pareciera desde mi punto de vista que se está privilegiando un tipo de desarrollo extractivista depredador, frente a un desarrollo comunitario de los pueblos.

–Ante la ofensiva para la privatización de tierras de propiedad social, ejidales y comunales en Oaxaca… ¿Qué pueden hacer los pueblos?

–Lo primero es informarse y organizarse.

La iniciativa tiene un problema grave, que si los pueblos deciden no lo van a poder sortear.

He venido insistiendo en que la propuesta de privatizar no es directa, es indirecta. Porque el Gobierno de Oaxaca no tiene ninguna facultad para meterse directamente con las tierras ejidales o comunales. Eso corresponde a la Federación, por disposición de nuestra Constitución Federal, de la Ley Agraria, del derecho internacional. Sobre todo lo que concierne a pueblos indígenas.

Incluso la Constitución actual, en su artículo 27, dice que la máxima autoridad en los ejidos y comunidades es la Asamblea ejidal. La Ley Agraria establece que, como facultad exclusiva, nadie más tiene facultades de definir el destino de las tierras.

Ahí ahí tienen un instrumento importante las comunidades, de tomar acuerdos de que no van a privatizar sus tierras. Hay muchas comunidades que ya las tienen, pero creo que es el momento de que lo refrenden o de que las que no lo tienen, lo hagan.

Es un asunto central, que se informen y que se organicen. Después de esto hay algunos instrumentos, que protegen los territorios indígenas la integridad de los territorios indígenas como recurrir al convenio 169 de la OIT.

Hay otros como el derecho de la consulta mismo. Esta Ley de Ingresos es inconstitucional porque afecta a los pueblos indígenas. Cualquier comunero, ejido o comunidad podrían ir al amparo.

–Pero ¿no es ilegal promover este tipo de urbanización? Me quedo pensando en ciudades como Oaxaca, que puede parecer un tema lejano y sin embargo, hay ejidos en misma en la misma ciudad…

–Es muy probable que en varias ciudades… pienso en la capital, o pienso por ejemplo en Huajuapan de León, que es una ciudad urbana grande, y en otras que han crecido bastante su zona urbana, y que probablemente les hayan invadido tierras ejidales, que busquen con esta con esta propuesta regularizarlas.

Tal vez les convenga, pero no es ese el sentido con el cual llevan a cabo esta embestida contra tierras ejidales y comunales desde la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca. Es clarísimamente la intención promover la conversión  de la propiedad social en privada.

Aunque haya quienes puedan regularizar, no nos quedemos con esa mirada porque podemos perder el horizonte grande y, por ahí puede estar el peligro.

–¿Qué pasa si los ejidos no ponen cartas en el asunto? Pienso en los ejidos que han sido corrompidos,por megaproyectos o el corredor Interoceánico o algunos en donde ya está funcionando la minería, o que reciben algún monto económico por la renta de las tierra…

–Ese es justamente el problema. Algunos que tengan minería y reciben un monto económico por renta de tierras, pueden ver en esta ley la posibilidad de regularizar su situación. Lo que en realidad estarían regularizando es el mal que han hecho las empresas mineras.

No es que me oponga a quien quiera privatizar que lo haga, el problema es que hay otros instrumentos mejores que le dejarían mayores rendimientos a través de la ley agraria y no de este programa que propone el gobierno de Oaxaca.

Pienso en los ejidos que tienen agua o tienen bosque o tienen paisajes… Todo eso está en la Ley, que hay cuidarlos.

–El ejido ha permitido cuidar la naturaleza, ¿con este programa de Salomón Jara también se está atentando contra la misma naturaleza?

No es lo mismo un ejido del sur y del norte. Sobre todo la integralidad que hay en torno a la Tierra, los bosques, el agua, el simbolismo es muy rico y todo eso incluye el territorio de acuerdo con derecho internacional.

Cuando les dicen ‘ustedes regularice su tierra, nosotros no le vamos a cobrar impuestos o le vamos a cobrar lo mínimo’, pues le están invitando a que destruya toda esa naturaleza. En el fondo, como decía con cuando hablaba de la comunalidad, pues es la esencia del ser de Oaxaca. Si no hubiera comunalidad,  muchísimas comunidades de Oaxaca ya hubieran desaparecido, eso es clarísimo.

Hay que fortalecer la asamblea comunitaria y fortalecer la vida comunitaria porque así como están los tiempos, pues me parece que por ahí está el horizonte.