Queda mucho por hacer. Hay que luchar por una nueva legislación ambiental y un nuevo aparato de justicia que sí sirvan para algo. Hay que seguir innovando y trabajando para impulsar un nuevo modelo económico. Hay que organizarse y luchar para que ese modelo económico se imponga, mitigue un poco el desastre en que ya vivimos y permita reconstruir el mundo

Por Eugenio Fernández Vázquez X: @eugeniofv

El Tren Maya inició operaciones este sábado y su primer viaje abre una nueva oportunidad para hacer un corte de caja y reflexionar sobre lo que significa ese proyecto para el futuro, sobre lo que ha implicado el proceso para hacerlo realidad y sobre lo que nos trajo un debate que fue muy ríspido. En pocas palabras, el Tren Maya ha dejado por los suelos la legislación ambiental, supone la profundización de un modelo de desarrollo muy depredador e implica sacrificar un mañana más justo e incluyente a cambio de beneficios escasos, pero inmediatos.

En torno al proyecto ha habido mucho ruido, muchas mentiras y algunas voces que —aunque presentaron argumentos contundentes, respaldados con evidencia científica y legitimados por una militancia de mucho tiempo— no lograron ser escuchadas. Las derechas derrotadas en 2018 se treparon al debate con más interés en golpear al presidente que en defender selvas y comunidades. El triunfalismo de los cercanos a López Obrador hizo parecer que cualquier crítica al proyecto era conservadurismo o corrupción, y las plumas afines a él renunciaron a toda crítica, se olvidaron de la realidad y despreciaron las advertencias que llegaron desde la izquierda.

Por otra parte, esas voces críticas de ambientalistas a la izquierda de la 4T se toparon con su terrible marginalidad en un entorno político dominado por la figura de Andrés Manuel López Obrador. La evidencia científica que presentaron y las alarmas ante un modelo de desarrollo que ya mostró desde hace décadas que no lleva ni a más justicia ni a mayor bienestar, quedaron ahogadas por los gritos de los partidarios de la 4T y de los que perdieron el poder frente a ese movimiento. Salir de esa marginalidad y convencer a otros de la relevancia de sus puntos de vista será importantísimo en el futuro.

Mientras tanto, el derecho ambiental y el andamiaje construido para hacerlo valer han quedado, en los hechos, cancelados, inservibles. El hecho de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hubiera aceptado una manifestación de impacto ambiental tan francamente ridícula es gravísimo. También lo es que, contraviniendo lo que marca muy literalmente la ley, se hubieran desmontado miles de hectáreas sin autorización y en completa impunidad. Urge que los abogados ambientales, el poder judicial y todos los que entiendan algo del tema planteen alternativas para impedir que una situación así se repita.

Mirando hacia el futuro, el proyecto del Tren Maya supone profundizar y expandir un modelo de desarrollo terriblemente depredador, que ya mostró sus consecuencias en Cancún y por todo el litoral mexicano y que no le sirve más que a hoteleros, narcotraficantes y otros grandes empresarios. Dicen algunos defensores del Tren Maya que su circuito podría ser el esqueleto para un nuevo tejido de iniciativas ecoturísticas, culturales, comerciales, pero para eso tendrían que estar ya en marcha políticas públicas que brillan por su ausencia. Ni la Secretaría de Turismo acompaña a las pequeñas iniciativas, ni la Secretaría de Economía impulsa cadenas de suministro con menos intermediarios, ni hay ningún trabajo para impedir que se repita el modelo turístico que ya prima en prácticamente todas las playas del país.

El presidente López Obrador parece entender, como sus defensores, que el problema no es el modelo de Cancún ni el entramado económico que nos legó el neoliberalismo. El problema para ellos es más bien que hay muchos que han quedado excluidos de esa economía y, si se los incluye, subirán los niveles de bienestar.

Esa idea, sin embargo, es falsa y cancela alternativas que serían más justas y que abrirían un futuro más luminoso. El problema, en los hechos, sí es el modelo, que se sustenta en la explotación de los trabajadores —que no tienen más opción que tomar empleos precarios, estacionales y mal pagados— y en la depredación ambiental. Las consecuencias de este desarrollo están claras: una crisis climática brutal, una pérdida de biodiversidad como no se había visto y una degradación del tejido social tan grave que una enorme porción del país y de su población está entregada al crimen organizado.

A pesar de todo, queda mucho por hacer. Hay que luchar por una nueva legislación ambiental y un nuevo aparato de justicia que sí sirvan para algo. Hay que seguir innovando y trabajando para impulsar un nuevo modelo económico. Hay que organizarse y luchar para que ese modelo económico se imponga, mitigue un poco el desastre en que ya vivimos y permita reconstruir el mundo.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.