La Secretaría de Medio Ambiente anunció que trabajará con el gobierno del estado de Yucatán para ordenar a las granjas porcícolas en el estado. Las comunidades indígenas que han luchado por la regulación de la industria cárnica denuncian que fueron ignorados en el convenio

Texto: José Ignacio De Alba

Foto: Patricio Eleisegui / Archivo

CIUDAD DE MËXICO.- En los últimos cinco años Yucatán se ha convertido en un atractivo para la industria cárnica. Las comunidades del estado han denunciado afectaciones y se han opuesto a este negocio. Pero el gobierno parece dejarlos solos: ninguna de las 500 granjas de cerdo que se ha instalado en Yucatán ha contado con la autorización de los pueblos de la región.

Esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el gobierno de Yucatán firmaron un acuerdo para ordenar la industria porcícola en el estado, “con el fin de preservar, conservar, remediar, restaurar y proteger el equilibrio ecológico, servicios ecosistémicos y el medio ambiente ante los impactos de la actividad de las unidades de producción”.

El documento fue firmado por la titular de la Semarnat, María Luisa Albores y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. El gobierno expuso en un comunicado de prensa que el convenio fue resultado del “reclamo de la sociedad yucateca”. Aunque se reconoce que para la elaboración del documento solo participaron “sector ambiental, porcicultores y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán”.

En las comunidades afectadas desconocen los detalles del documento. José May, vocero de la organización Kanan Ts’ono’ot (guardianes de los cenotes), dice en entrevista: “no sabemos el contenido del documento”.

Además, explica que su organización, integrada por una comunidad indígena dedicada al turismo en los cenotes de Yucatán, están preocupados. “Hasta ahora el gobierno solo ha hecho cosas para favorecer a los empresarios de la región. En Yucatán hay 507 granjas porcícolas y ninguna cuenta con permiso, la industria ha hecho lo que ha querido”.

May vive en el municipio de Homún, una de las localidades más afectadas por la industria porcícola. Desde el 2019 la gente del lugar se organizó para hacer una consulta y frenar las operaciones de una granja que se instaló en las cercanías del pueblo, desde entonces hay una pugna judicial que no se ha resuelto.

Nosotros tenemos derecho, como pueblo maya, como pueblo indígena a decidir qué se hace en nuestro territorio. El gobierno nunca nos ha respetado y ahorita lo vemos, con el convenio que hicieron”, resume May.

Pueblos mayas organizan sus propias consultas sobre las granjas de cerdos

Según el Programa Agropecuario de México los principales productores de carne de cerdo en México son: Jalisco, Sonora, Puebla, Veracruz y Yucatán. Aunque este último estado es el de mayor crecimiento para la industria.

Dese 2019, Yucatán, en un lugar ha cobrado especial interés, debido a la abundancia de insumos como el agua, sumado a su ubicación geográfica estratégica de salida hacia Estados Unidos y Asia, desde el puerto de Progreso.

La mayoría de las granjas están instaladas en: Conkal, Telchac, Homún, Tizimín, Umán, Chicxulub, Tixkokob, Tetiz, Izamal, Ticul.

Desde hace años los pobladores de la Península han denunciado que las granjas provocan afectaciones a comunidades y al medio ambiente. De hecho, la propia Semarnat reconoció en un Dictamen de Diagnóstico Ambiental, publicado este año, que la industria cárnica rebasa los límites saludables y de sostenibilidad permitidas.

A pesar de eso, hasta el momento las empresas funcionan sin regulación y sin sanciones por contaminar.

Carlos Yama, integrante del Consejo Maya del Poniente, explica que tampoco conoce el convenio firmado entre Semarnat y el gobierno yucateco, pese a que varias comunidades han tenido diálogo con la secretaria María Luis Albores.

Mas que sorprenderme el convenio, creo que nos dio la razón. Nosotros hemos sostenido que no tienen intensiones serias, más bien tienen intereses. Lo último que querían era el bienestar de las comunidades”, dice Yama.

Yama es apicultor, en una comunidad maya, y relata que desde el 2012 la empresa Kekén -de Grupo Kuo- despojó a su familia de un terreno para operar una granja porcícola. Desde entonces “en aras de desgastar a la comunidad” la compañía ha robado abejas y el ganado de los vecinos del lugar.  

“Les cuesta mucho trabajo a las autoridades reconocer que primero nos tienen que pedir permiso. Parece que los indígenas somos la comunidad a vencer”, dice Yama.

Este jueves, las organizaciones Indignación y Kanan Ts’ono’ot publicaron un comunicado donde explican que tampoco conocen el acuerdo firmado entre Semarnat y el gobierno de Yucatán. Además, pidieron “Revisar la actuación y deslindar responsabilidades de las dependencia federales, estatales y municipales que de manera ilegal y corrupta dieron permiso y omiten la revisión de las mega granjas y, en su caso, denunciar penalmente a los responsables”.