Mérida fue el epicentro de una movilización multitudinaria contra coyotes de la tierra y empresarios que, ligados al gobierno de Yucatán que buscan quedarse de forma ilegal con lotes de campesinos. Víctimas de la represión policial, habitantes de Ixil exigen detener los intentos de apropiación ilícita de sus terrenos

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

MÉRIDA, YUCATÁN.- Al frente de un bloque de poblaciones que luchan por desterrar los intentos de apropiación ilegal de lotes, parcelas y montes para la especulación, habitantes de Ixil,un pueblo que lleva más de un año en batalla contra las mafias inmobiliarias, encabezaron una marcha que, reunió a más de 20 comunidades mayas en la ciudad de Mérida con la exigencia de que cesen las maniobras de despojo en la misma península.

La movilización reunió a más de 600 personas provenientes de Kinchil, Celestún, Progreso, Samahil, Hunucmá, Tulum, Yaxcucul, Acanceh, Conkal, Playa del Carmen, Chapab, Sisal, Tekit, Sihó, Chacksinkín, San José Dzal, Chocholá, Seyé, Hopelchén, Texán y del mismo Ixil, entre otros municipios y comisarías, tanto de Yucatán como de Quintana Roo y Campeche.

Y se prolongó durante al menos tres horas bajo consignas como “Fuera de Ixil, ladrones de tierras”, “Unidos en defensa de nuestras tierras”, “No al despojo, afuera la corrupción” y “Fuera Abimerhi y Millet” estampadas en carteles y mantas que desafiaron las lluvias intermitentes de esa jornada.

Abimerhi y Millet resultan, precisamente, las principales familias que pugnan por quedarse de forma ilícita con más de 300 hectáreas pertenecientes al pueblo de Ixil. Se trata de dos de los apellidos más pesados de la oligarquía empresarial yucateca. Ambos gozan de aceitados vínculos con la gobernación panista que encabeza Mauricio Vila Dosal y la gestión de Renán Barrera Concha, actual presidente municipal de Mérida y candidato a la gobernación del estado también por el PAN.

La envergadura del vínculo es tal que la tentativa de despojo que impulsan los grupos de empresarios contó, el pasado 17 de agosto, con el apoyo de más de 300 policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado que, con la premisa de respaldar la apropiación mediante el despliegue de alambradas ilegales, no dudaron en reprimir con gases, palos y piedras a las familias de campesinas y campesinos ixileños que, como cada día, durante las primeras horas de esa jornada intentaron llegar a sus tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería.

En Yucatán, la familia Abimerhi domina el negocio de las gasolineras, las grúas para el acarreo de vehículos, los lavaderos de carros y también interviene en la reparación de automóviles. Por su parte, los Millet juegan fuerte en la producción industrial de aluminio y vidrio. Estos grupos de empresarios dicen disponer de documentación que les otorgaría la propiedad de la tierra que han intentado ocupar en el último año.

Por el contrario, la comunidad de Ixil y aquellas organizaciones que acompañan la lucha de este pueblo maya señalan que ambas familias intentan quedarse con los terrenos mediante la presentación de papeles espurios y documentos manipulados por Alejandro Escoffié y Rafael Acosta, dos personajes –empresario y abogado, respectivamente– que los pobladores relacionan directamente con la mafia inmobiliaria.

“No vamos a salirnos de nuestras tierras, son del pueblo maya de Ixil y seguimos cultivándolas. No permitiremos que estas familias y los políticos corruptos que las respaldan dejen sin sustento a cientos de familias campesinas y colonicen nuestra comunidad con sus fraccionamientos odiosos”, dijo, Henry Zaldívar Novelo, uno de los vecinos de Ixil.

“La orden de aseguramiento que emitió de manera ilegal la Fiscalía General del Estado (y que apuntaló las alambradas colocadas por ambas familias) nos impide el ejercicio de nuestros derechos como pueblo. Frente a ello, nuestra comunidad ha recurrido a la Justicia Federal, presentando dos amparos. A pesar de que las violaciones a nuestros derechos son muy graves, el Juzgado Quinto de Distrito se ha negado a otorgar la suspensión provisional”, explicó Peregrina Cutz Tec, también vecina ixileña.

“Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, cuyo secretario de Acuerdos es hijo de la prima de Chikri Abimerhi, uno de los empresarios que encabeza el intento de despojo. Esto supone una falta administrativa que será puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, y muestra cómo la élite yucateca se ha tomado todos los poderes y los usa de forma arbitraria en contra de los pueblos mayas”, agregó.

Las avanzadas para despojar al pueblo de Ixil de sus tierras se han vuelto una práctica constante en tiempos recientes. Así, en los últimos cinco años, la comunidad sufrió los intentos de usurpación de al menos 5,300 hectáreas ejidales de uso común, 2,000 hectáreas de terrenos nacionales de amplia riqueza ecosistémica y arqueológica, y de más de 710 hectáreas de selva.

“Ya no queremos soportar más el racismo y la injusticia del gobierno estatal, la fiscalía estatal y los tribunales. Los pueblos mayas somos los dueños legítimos y originarios de nuestros territorios, y no van a sacarnos de las tierras que cultivamos desde hace generaciones”, enfatizó Antonia Cisneros Correa, otra de las campesinas de Ixil que se pronunció en un alto en la marcha por Mérida.

Leydy Pech, una de las referentes del Colectivo de Comunidades Mayas Los Chenes y Premio Goldman 2020, participó de la movilización y destacó las labores de defensa del territorio que, siempre de forma inclaudicable, sostienen los pueblos mayas de la Península de Yucatán.

“El territorio lo miramos de diferente manera los pueblos mayas. Lo defendemos porque somos parte del territorio y en él están nuestros medios de vida. Esta lucha debe ser integral, porque somos un solo territorio maya peninsular. Por eso aquí estamos presentes desde Hopelchén, en Campeche. El pueblo maya es el custodio del territorio, debemos ser quienes decidamos qué desarrollo queremos”, sostuvo.

La marcha concluyó con una concentración en el parque central de Mérida, a escasos metros de la catedral y el palacio de gobierno. Allí, sendos representantes de municipios como Celestún y Kinchil dieron cuenta de batallas legales libradas o activas contra, precisamente, algunos de los nombres que hoy van por las tierras del pueblo de Ixil.

“En Celestún tuvimos hace poco una victoria legal ante Rafael Acosta Solís, abogado conocido por los despojos que promueve en todo Yucatán. Acosta intentó legalizar el despojo de nuestras tierras de uso común por parte de Kekén, pero fracasó. Hoy nos unimos a esta marcha en apoyo de Ixil, donde también tiene sus manos metidas este especulador de tierras”, expresó Marco Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de ese municipio con costas al Golfo de México.

En tanto, María Modesta Canul Chuil, piscadora de orégano de la comunidad de Kinchil, remarcó que las poblaciones afectadas por la voracidad inmobiliaria enfrentan un problema que exige combinar fuerzas para erradicar el accionar de estas mafias basadas en el fraude y la comercialización especulativa.

“Hoy nos unimos representantes de 22 comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en rechazo al despojo. Retomamos la lucha de nuestros ancestros. Como Felipa Poot, defensora de la tierra maya asesinada en Kinchil en 1936 por enfrentarse a los terratenientes. Lo hacemos también en nombre de las generaciones futuras, pues si no defendemos la tierra, ya no tendrán futuro. Llamamos a toda la sociedad a respaldar nuestra lucha”, enfatizó.

El tenor de la movilización ocurrida en Mérida da cuenta de un momento de rechazo marcado, multitudinario, a las políticas pro empresarios amigos que son marca registrada de la gestión de Vila Dosal y, también, a su estrategia de mano dura policial y persecución incluso a través de los tribunales contra cualquier forma de lucha social. Una condena generalizada que puede hacerse extensiva a los gobiernos estatales de Campeche y Quintana Roo.

Frente a esto se ubica la resistencia histórica de los pueblos mayas, unidos nuevamente ante el desafío de desactivar por completo un negocio que se publicita como progreso y amenaza la supervivencia de gran parte de las comunidades de la Península.