Antes de presentar el segundo informe de la Covaj, el subsecretario Alejandro Encinas dio una noticia: el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, se amparó ante un tribunal para que su nombre no pueda ser mencionado públicamente en el caso Ayotzinapa

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Tomás Zerón promovió un amparo ante un tribunal de la Ciudad de México para que su nombre no pueda ser mencionado en las acusaciones que pesan sobre él en el caso Ayotzinapa.

La noticia la dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos y titular de la Comisión para el Acceso y a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.

“Al presidente de la comisión de la verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio”, comento Alejandro Encinas.

El amparo, que aún no se resuelve, otorgó la medida cautelar de una suspensión provisional a favor e Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

Zerón es acusado, junto a otros funcionarios de alto nivel, en construir la “Verdad Histórica”. La misma que entorpeció la búsqueda de los 43 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Actualmente Zerón está refugiado en Israel. Sobre él pesa una orden de extradición por el caso Ayotzinapa. Lo acusan de usar tortura para obtener declaraciones que fortalecieron esa versión. También lo acusan de usar el software Pegassus para espionaje.

De acuerdo con la medida cautelar, emitida por el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, “las autoridades responsables” se deben de abstener en realizar declaraciones verbales, escritas, o publicaciones en páginas y redes sociales oficiales del gobierno mexicano que llamen torturador a Zerón de Lucio.

Tampoco pueden decir que el ex funcionario realizó actos de tortura y participó en la construcción de la Verdad Histórica.

“No se entiende cuál es la función de una comisión de la verdad”, lamentó Encinas al dar a conocer la medida cautelar.

La Verdad Histórica, planeada en la cúpula

De acuerdo con el primer y segundo informe de la Comisión de la Verdad, la Verdad Histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una acción para encubrir a políticos, policías y altos mandos militares coludidos con criminales y su responsabilidad en la desaparición de los 43.

Los hechos se remontan al 5 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los normalistas. Ese día, de acuerdo a las investigaciones de la Covaj, la PGR atrajo el caso después de diseñar su teoría en conjunto con otras autoridades federales y realizar detenciones.

Esto, de acuerdo a la Covaj, se conoció por un cuestionario respondido por Tomás N. (presumiblemente Tomás Zerón) quien admitió la existencia de una “Junta de Autoridades” para dirigir la investigación de Ayotzinapa.

Harfuch, en la lista de la junta de autoridadaes

Las reuniones sucedieron en la entonces residencia presidencial de Los Pinos. También se celebraron en la zona militar de Iguala, Guerrero, y en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México.

Entre los nombres que se dieron cita a estas reuniones aparecen el del ex procurador Jesús Murillo Karam, actualmente procesdado por el caso de  los 43, y el de Tomás Zerón de Lucio, actualmente con una orden de extradición. También aparecen los nombres del entonces presidente Enrique Peña Nieto, su secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces almirante secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

En un grado más bajo, aparece el nombre de Omar N., a quien el subsecretario Alejandro Encinas identificó como el ex secretario de seguridad pública de la Ciudad de México (y actualmente aspirante a la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno) Omar García Harfuch.

Harfuch, en ese entonces se desempeñaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal. Hecho que él mismo reconoció en un comunicado, después de que Alejandro Encinas lo identificara en esas reuniones:

“La información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio; que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. En las reuniones que participé se establecieron líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”.

Sin embargo, su nombre aparece desde la publicación del primer informe de la Comisión, en agosto de 2022.

132 detenidos hasta la fecha

De acuerdo con el segundo informe de la Covaj, desde el inicio de sus investigaciones se han detenido a 132 personas relacionadas con la desaparición de los normalistas.

41 de los detenidos son integrantes de Guerreros Unidos.

71 son policías, entre los que están 7 policías federales, 3 federales ministeriales, 7 policías esstatales, 2 del municipio de Cocula, 9 del municipio de Huitzuco y 45 del municipio de Iguala.

También, se han detenido a 3 funcionarios de la FGR, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam; así como al ex secretario de seguridad estatal de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa y ex titular del DIF en Iguala, María Pineda Villa, y a 14 elementos de la Sedena, entre los que están el ex comandante del 27 batallón de infantería, José Rodríguez Pérez, y al ex comandante del 41 batallón de infantería, Rafael Hernández Nieto.

También, informaron que están pendientes por ejecutar 51 órdenes de aprehenesión, entre las que hay funcionarios de alto nivel, así como tres extradiciones pendientes, entre ellas las de Tomás Zerón.

Sin embago, el informe también detalla la absolución o cambio de medidas cautelares a detenidos por el caso Ayotzinapa.

Por ejemplo, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas liberó a varios acusados argumentando torturas, pero sin integrar una carpeta de investigación al respecto.

De igual forma, el Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México rechazó algunas medidas de protección para testigos con reserva de identidad, aumentando su riesgo.

Ese mismo juzgado, también modificó en agosto de este año la medida cautelar del ex comandante del 41 batallón de infantería, Rafael Hernández Nieto, otorgándole una medida cautelar que le permite llevar su juicio en libertad.

Lo mismo, juzgados estatales de Guerrero y del distrito de Iguala han evadido considerar el delito de tortura como competencia federal, o se han pronunciado como incompetentes para llevar algunos casos. También han otorgado libertades bajo fianza a individuos involucrados en los hechos que actualmente están prófugos de la justicia.

Otro caso de relevancia es la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras de videovigilancia que estaban afuera del palacio de Justicia de Iguala (lugar clave para reconstruir los hechos del 26 de septiembre). Esto lo ordenó la magistrada del tribunal superior de justicia de Guerrero.

La búsqueda pendiente

Desde su arranque hasta hoy, la Covaj informa que ha localizado los restos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Siguen faltando 40 estudiantes.

Sin embargo, la Covaj dijo que han buscado los sitios donde el cartel de Guerreros Unidos tiene mayor influencia, o sea 9 municipios de Guerrero:

Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecoacuilco.

Pese a esto, organizaciones civiles y políticas de Guerrero han denunciado que la Covaj no ha realizado trabajos suficientes en una zona que en las llamadas analizadas aparece como prioritaria: Huitzuco.

Al respecto, en la conferencia de prensa, Alejandro Encinas explicó que sí se han realizado labores de búsqueda en esa zona, pero que no se han encontrado aún las «casas de seguridad» que en el informe aparecen como uno de los sitios donde probablemente se trasladó a algunos normalistas.

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«Nuestra versión no es la misma que la verdad histórica»

Al finalizar el informe, Alejandro Encinas recalcó que, aunque un grupo de las familias de los 43 y su defensa legal han declarado que esta segunda entrega se acerca más a la Verdad Histórica de Murillo Karam, en realidad hay muchas diferencias.

Una de ellas, por ejemplo, es la conclusión de que ninguno de los normalistas pertenecía a células del crimen organizado o que mantenían comunicaciones con estos grupos. También, que además de la hipótesis que plantea que su desaparición fue producto de «una confusión entre los grupos criminales», no descartan que exista un motivo político, particularmente los conflictos con Abarca y su esposa, y tampoco la otra hipótesis que plantea que en alguno de los autobuses iba un cargamento de drogas, armas o dinero de los grupos criminales en su ruta hacia los Estados Unidos.

También, defendió las decisiones que ha tomado, y recalcó que la investigación no se ha agotado, que el gobierno federal sigue exigiendo a la Sedena la entrega de los documentos que piden las familias, particularmente las grabaciones de las conversaciones que los militares tuvieron con el Gil, líder de Guerreros Unidos, y que podrían explicar el paradero de 17 normalistas.

Sobre las acusaciones que el GIEI hizo al salir de México, las cuales afirmaban que la Sedena está ocultando información respecto al caso Ayotzinapa, Encinas no hizo ninguna mención.

A la vez, detalló que a diferencia del primer informe, en este, siguiendo la recomendación del GIEI, la Covaj no integró una serie de captura de pantalla de presuntas conversaciones por whatsapp entre militares, policías e integrantes de Guerreros Unidos. Aunque defendió que en ellas existen 99 coincidencias con los testimonios recabados.

Entre las coincidencias están, por ejemplo, que hay mensajes y testimonios contrastados con la información de la Covaj, el GIEI y la CNDH, que dicen que miembros de Guerreros Unidos pensaban que entre los normalistas había gente del grupo criminal Los Rojos. También, que el 26 de septiembre militares, el CISEN, policías estatales y municipales conocían de los movimientos de los normalistas en Iguala, por lo que se reafirma la premisa de que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado.