Los servicios de inteligencia del Estado mexicano no han cumplido la orden presidencial de entregar los documentos relacionados con crímenes y persecuciones políticas. Entre los archivos perdidos hay información sobre el asesinato de Colosio, espionaje al EZLN, y nombres de funcionarios que fueron agentes de la Dirección Federal de Seguridad durante la llamada Guerra Sucia

Texto: Daniela Pastrana, Alejandro Ruíz y María Ruiz

Fotos:Informe del MEH

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Macedo de la Concha, el general que fue Procurador General de la República en el gobierno de Vicente Fox, había sido agente de la temida Dirección Federal de Seguridad durante la llamada Guerra Sucia. ¿Qué actividades realizó en la DFS? No se sabe. Su expediente fue sustraído de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy convertido en Centro Nacional de Inteligencia (CNI) .

Tampoco está la carpeta de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la administración de Carlos Salinas de Gortari, ni la de la campaña de Manuel Clouthier en 1988.

El catálogo de anomalías en la transferencia de documentos que, por decreto presidencial, el CNI debió hacer al Archivo General de la Nación, es largo: carpetas “vacías”; expedientes “sin datos” o “no localizados”; Inconsistencias entre carátulas de gavetas y fichas; evidencia de que existieron documentos digitalizados; expedientes faltantes de narcotraficantes o de agentes de la DFS que habrían sido sustraídos; series enteras que nunca fueron transferidas.

El Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH), que se publica este martes, detalla los motivos por los que los investigadores no han podido acceder a los archivos del CNI.

El Mecanismo —dice el documento— “ha enfrentado dificultades para el acceso y la consulta irrestricta a documentación relacionada con violaciones graves a derechos humanos proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”.

El incumplido Acuerdo presidencial

El 28 de febrero de 2019, a través de un Acuerdo presidencial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó a todas las oficinas federales transferir al Archivo General de la Nacional (AGN) “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.”

De acuerdo con el Acuerdo, esta información debería facilitarse a la Comisión para el Acceso a la Verdad (CoVAJ), y depositarse en el Archivo General de la Nación para su consulta pública durante este gobierno.

Pero cuatro años y medio después, el MEH reconoce que “la instrucción presidencial ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI”.

El informe, de 57 páginas, tiene dos secciones. La primera refiere la opacidad en la transferencia de la documentación al AGN que el CNI está obligado a realizar.

La segunda presenta evidencias de que “hay material faltante (ya sea porque nunca fue entregado por la agencia de inteligencia o porque pudo haber desaparecido, pues hoy no está disponible en el AGN a pesar de que existe rastro de su existencia por diversos instrumentos de consulta”.

Gavetas vacías y ausencia de expedientes

En las 7 millones de tarjetas catalográficas con información sobre los 58 mil 302 expedientes entregadas en 2002 al Archivo General de la Nación destaca la falta de archivo sobre las violaciones de derechos humanos contra integrantes  de organizaciones político-partidistas durante la campaña presidencial de 1988.

Entre los descubrimientos del MEH están las gavetas vacías sobre la guerra sucia contra PRD y la campaña presidencial de Manuel Clouthier. Existen denuncias de al menos 665 ejecuciones de militantes del PRD ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), y al menos cien de esos casos sucedieron durante el periodo que está revisando el MEH, y que está «perdido».

Tampoco fueron entregados expedientes de agentes de la DFS, existen las fichas personales de los agentes pero los expedientes no son localizables. Respecto a  la información perteneciente a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN sobre los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Angel Félix Gallardo y el agente de la DEA asesinado en México, Enrique Camarena Salazar, los expedientes tampoco están.   

Otros formatos no localizados

Las fichas también evidenciaron la existencia de archivos digitalizados y filmados que, sin embargo, no fueron entregados al AGN. De acuerdo con los datos recabados por el Mecanismo, existe un archivo digital llamado UNIPLEX y hay tarjetas que solo cuentan con códigos de barras que los investigadores creen que pueden contener expedientes digitales. Pero nada de esto se encuentra disponible para consulta.

Los investigadores también encontraron evidencias de que los expedientes de 1953 a julio de 1979 ya se encontraban microfilmados pero no hay constancia de la existencia de esos microfilms de la DFS ni en ningún catálogo. Tampoco el Archivo General de la Nación cuenta con ellos. 

Para analizar los expedientes y fichas que faltan en el acervo, el Mecanismo cotejó 4 instrumentos de consulta:

–El catálogo viejo (utilizado de 1953 a julio de 1979)

–El catálogo de la DFS, DGISEN y CISEN (utilizado de agosto de 1979 a finales de 1980)

–El Inventario General realizado por la ex directora del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez Alvarriato (elaborado de 2009 a 2013).

–El Inventario Topográfico de los Depósitos 1 y 2 (elaborados recientemente)

El MEH cotejó los archivos, series y expedientes que aparecieron en todas esas épocas, para determinar cuáles nunca fueron registrados por el Cisen (o CNI); cuáles fueron registrados parcialmente; y cuáles fueron sustraídos por los servicios de inteligencia.

Los viajes a Cuba

Este expediente estaba integrado por todos los vuelos registrados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Cuba, a través dela aerolínea Cubana de Aviación.

El expediente está clasificado por el número 009-017-010, y se integra por 52 legajos que están registrados en el Inventario General, o sea, de 2009 a 2013. Sin embargo, después de esos años, y ya en el registro del Inventario Topográfico, la mitad de los registros del expediente desaparecieron. Todos los datos que faltan corresponden a fechas posteriores a 1985.

Entre las fichas que se encuentran sin la información están las del excandidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas; el periodista y fundador del semanario unomásuno, Manuel Becerra Acosta; y el fundador del Partido Socialista Mexicano, Rafael Aguilar Talamantes.

Las sedes secretas de la DFS

De acuerdo con los datos recopilados hasta ahora por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, la Dirección Federal de Seguridad tiene un expediente donde precisaban todas las sedes que tuvo a lo largo de su existencia.

El expediente es el 009-005-007. Pero algunas de sus carpetas están vacías.

De acuerdo con el Inventario General (2009 a 2013), el expediente está integrado por 7 legajos y tres carpetas. Sin embargo, en el Inventario Topográfico los legajos del 4 al 7 y las tres carpetas ya no están en el Archivo.

Esos expedientes y las tres carpetas también corresponden a archivos de 1985 en adelante.

Las fotografías inexistentes de las brigadas blancas

En el Inventario General (2009 – 2013) y el Inventario Topográfico se da cuenta de la existencia del expediente 009-005-016, el cual podría tener fotografías de las brigadas blancas, encargadas de desplegar la Guerra Sucia y la estrategia de contrainsurgencia, principalmente en Guerrero.

Sin embargo, cuando el Mecanismo lo buscó en el Archivo General de la Nación, el expediente ya no estaba.

Los archivos «perdidos» del EZLN, el Partido de los Pobres y los asesinatos inconclusos

De acuerdo con el MEH, hay una serie de expedientes que aparecen en el catálogo de la DFS, DGISE y Cisen que nunca fueron transferidos al Archivo General de la Nación.

Uno de esos expedientes es el 009-11-036, el cual contiene información sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Otro, el 009-011-025, es sobre el Partido de los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas.

Además de expedientes concretos, los servicios de inteligencia del Estado mexicano también evitaron transferir al AGN series enteras de expedientes sobre casos concretos:

-El secuestro y asesinato del vicecónsul estadounidense John Patterson, en 1973.

-El asesinato de los periodistas Ernesto Flores Torrijos y Norma Moreno Figueroa, en 1986.

-El asesinato del periodista Héctor El gato Félix Miranda, en 1988.

-El asesinato del diputado y simpatizante del Frente Democrático por México, Francisco J. Ovando Hernández, en 1988.

-El supuesto suicidio del entonces comandante de la Interpol en México y ex jefe de la policía judicial, Florentino Ventura Gutiérrez, en 1988.

-Los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruíz Massieu en 1994.

Rafael Macedo de la Concha: el procurador y agente de la DFS

Existe un expediente en particular, el 1-0-1 legajo 1, que da cuenta de la relación del personal adscrito a la Dirección Federal de Seguridad, así como los motivos de sus altas y bajas. El expediente está desaparecido, aunque la labor de rastreo del MEH ha podido inferir que en algún momento se registró en el Archivo General de la Nación.

Esto lo concluyen después de cotejar los datos del Inventario Descriptivo DFS Serie 0, generado por el propio Archivo General de la Nación en 2022.

Sin embargo, el expediente presuntamente fue extraído del Archivo en 2019, cuando el Centro Nacional de Inteligencia abandonó las instalaciones del Archivo General y dio entrada a las labores de la Comisión de la Verdad.

Entre los nombres de exagentes que pudieran tener responsabilidades en en graves violaciones a los derechos humanos, y en confirmar tareas de espionaje al servicio de la CIA, están:

Rafael Macedo de la Concha, el primer Procurador General de la República no civil, pues es ex militar. Lo designaron en el primer gobierno de transición del panista Vicente Fox, y fue parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que en 2002 investigó por primera vez las acciones contrainsurgentes cometidas por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia.

Pablo Echeverría Zuno, hijo del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, operador de la Guerra Sucia y colaborador de la CIA, según archivos el departamento de Estado desclasificados en Estados Unidos.

Rogelio Cabello Alonso, comisionado de la DFS en la embajada estadounidense durante las labores de contrainsurgencia.

Expedientes “perdidos”: muestra del desacato a la orden presidencial

De acuerdo con el Mecanismo Histórico, algunas de las hipótesis que explican la ausencia de éstos expedientes son las consideraciones políticas, por los temas que ahí se abordan.

Otra posibilidad podría ser la temporalidad de los expedientes, pues la mayoría de la información que no está disponible en el Archivo es posterior a 1985 y, por lo tanto, no entraba dentro del decreto presidencial de Vicente Fox cuando iniciaron los trabajos de la Femospp en 2002.

Sin embargo, otros expedientes estuvieron disponibles hasta 2013, como lo muestra la cotejación de los archivos de consulta. Después de esa fecha, posiblemente regresó a manos del Cisen, ahora CNI.

La apertura de archivos, requisito para la reparación

En sus conclusiones, el MEH asegura que el incumplimiento del traslado de la documentación al Archivo General de la Nación obstaculiza el cumplimiento cabal del mandato que tiene para entregar su informe final, en septiembre de 2024.

La apertura de los fondos aún en resguardo del CNI será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria”, dice el informe. 

“Los procesos de justicia transicional implican la apertura de archivos que prueban la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado, dando así un paso hacia el esclarecimiento histórico y la verdad, así como un primer avance en la reparación a las víctimas y sus familias”

El documento destaca que toda la información, incluidas las imágenes fue recabada por los investigadores del MEH, que las fichas que aparecen en las imágenes se encuentran para consulta pública en el Archivo General de la Nación y las imágenes de oficios se puede descargar de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La edición electrónica del informe se puede descargar en esta página: www.meh.org.mx