La aprobación de una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, en Argntina, desató protestas que derivaron en una violenta represión. Las modificaciones en la norma buscan habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano

Texto: Rodolfo Chisleanschi / Mongabay Latam

Fotos: Mongabay

ARGENTINA. – “Aquí, en Jujuy, el capital lo ponen los de afuera, la tierra la entregan los gobernantes que se creen sus dueños, y el trabajo es la mano de obra esclava a la que someten a nuestros jóvenes”, dice Mercedes Maidana para explicar el eje del conflicto en la provincia más norteña de Argentina, que ha estallado con singular violencia en las últimas semanas. Natural de Laguna de los Pozuelos, en plena altiplanicie, la familia Maidana ocupa esas tierras desde tiempos remotos y es una de las que se ha sumado a las protestas.

La reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy (el régimen federal argentino establece que cada distrito promulgue su propia Carta Magna) fue elaborada en apenas tres semanas y aprobada en la madrugada del 16 de junio pasado. Quienes rechazan el texto, aseguran que algunos de sus artículos promueven y facilitan las explotaciones mineras, especialmente la del litio, lo que amenazaría a mediano y largo plazo los delicados ecosistemas de los salares y de los glaciares de montaña. Además, sostienen que la nueva norma pondría en serio peligro la subsistencia de las comunidades de pueblos originarios que viven en esas zonas. Esa reforma, aseguran, haría aún más grave la falta de agua en la región.

Esa fue la mecha que terminó por encender un polvorín cuyos efectos pueden sentirse en todo el distrito y originó violentos choques entre los manifestantes —indígenas, docentes, trabajadores de las minas, pequeños agricultores de las periferias urbanas y, en general, opositores al actual gobierno local— y las fuerzas de seguridad. Las protestas escalaron a tal punto que incluso el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, denunció que “en Jujuy hubo un intento de golpe de Estado”.

El punto de mayor tensión se vivió el 20 de junio, cuando la policía intentó impedir que la Legislatura local fuera invadida e incendiada. Los enfrentamientos dejaron más de 70 heridos entre quienes protestaban (uno de ellos estuvo varios días en terapia intensiva y otro perdió un ojo por un balazo de goma) y más de 40 en los cuerpos de seguridad, además de 68 detenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos a través de un comunicado en el que insta a buscar soluciones a través del diálogo.

De un lado, las autoridades locales acusaron al gobierno nacional de “alentar la violencia” y denunciaron la participación de gente llegada de otras provincias con ese fin. “Los maestros llevaban ya dos semanas de protestas tranquilas y sin cortar las rutas. Pero quemar la Legislatura y dar vuelta coches es terrible”, alegó en su momento Rubén Rivarola, diputado presidencial a favor de la reforma.

Para Laura Méndez, comunicadora social ligada a los pueblos indígenas kolla y omaguaca y directora del portal Originarios.ar, las imágenes dadas a conocer por los medios de comunicación dan cuenta de una violencia desmedida ejercida en contra de los manifestantes. “Las cámaras mostraron la persecución, cómo derribaban puertas para entrar a las casas a buscar gente y se la llevaban en camionetas de empresas privadas sin patente. Este es el nivel de violencia que vivimos”, enumera. “Se violan derechos democráticos mientras los fiscales y jueces miran para otro lado”, acusa Méndez.

Los grandes problemas en Jujuy: propiedad privada y agua

Para quienes rechazan la reforma, la nueva norma perjudica especialmente a las más de 300 comunidades indígenas que existen en Jujuy.

Un documento publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que la nueva constitución “viola los derechos esenciales de los pueblos originarios”. Aunque según FARN “la afectación se da en todo el articulado” de la nueva norma, la disconformidad se asienta en algunas cuestiones muy concretas: las referidas a la propiedad privada, al uso que se le pretende brindar a las tierras fiscales, al derecho a la protesta y el empleo del agua.

Tras las manifestaciones, el gobernador Morales decidió quitar los artículos más controversiales: aquel que limitaba la protesta social y otro que, según Natalia Morales, trabajadora de la agricultura familiar y diputada electa por el opositor Frente de Izquierda y de los Trabajadores: “Habilitaba los desalojos y expropiaciones de quienes no pudieran demostrar el carácter de propietario de un sitio, un punto clave para las comunidades indígenas que suelen no contar con títulos de propiedad”. Sin embargo, la nueva carta magna continúa siendo motivo de protesta.

En las tierras fiscales que la población indígena reivindica como propias en función a su preexistencia respecto al Estado argentino, la nueva norma “prioriza de manera absoluta el desarrollo de la actividad productiva”, dice la diputada Morales, lo cual podría profundizar los problemas de las comunidades originarias para continuar su vida en lugares que han sido el hogar de sus ancestros desde hace siglos.

Además, el citado documento de FARN hace hincapié en que “los humedales altoandinos han sido excluidos de toda idea de preservación en la reforma, y tampoco se mencionan los glaciares o el ambiente periglacial, que son reservas estratégicas de recursos hídricos”. En ambos casos, se trata de las áreas donde se asienta la actividad minera provincial.

La ambición por el litio

Ambientalistas y comunitarios aseguran que la desprotección en la que quedan los humedales altoandinos tiene una indiscutible razón de ser: los salares del altiplano esconden descomunales cantidades de litio. Se calcula que en la Argentina se halla el 20.5 % de las reservas del planeta del llamado oro blanco, codiciado por la industria mundial para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y productos como teléfonos celulares y electrodomésticos. De ese total, un 37 % se encuentra en Jujuy.

“Los gobernantes ya tienen el capital, pero necesitan las tierras”, explica Maidana: “La reforma deja abierta la puerta para que todo pase a ser manejado por el gobierno de turno. Así, el día de mañana un señor designado por el gobernador podrá expropiarlas para producir”, agrega.

Además, las familias indígenas temen perder las tierras que habitan desde generaciones, puesto que obtener sus títulos de propiedad es una de las principales dificultades que encuentran. “Los papeles siempre se extravían o falta algo, nunca se consiguen”, relata Orlando Flores, autoridad comunitaria de Abralaite, en la cuenca de Salinas Grande y laguna de Guayatayoc. “Ahí (en la nueva constitución) se habla de consultar solo a las comunidades que tengan títulos. Como la mayoría no los tenemos, no podremos participar; y tampoco nos dejarán protestar porque quieren penar la protesta”.

Para Flores, los objetivos de la modificación normativa no admiten dudas. “El mayor interés de la provincia es la explotación de minerales. No solo el litio, también el cobre, el zinc, el oro…”, asegura. Su comunidad conoce las consecuencias por experiencia propia. “La minera Aguilar está arriba, en la serranía desde donde viene bajando el río Yacoraite”, cuenta. “Nosotros criamos llamas, cabras y ovejas en poca cantidad, y tenemos chacras para consumo propio y para intercambio. Pero la minera desvió el río hacia Humahuaca porque la necesita para los diques de cola [lagos artificiales donde se depositan los residuos sólidos tras el proceso de lixiviación] y ahora tenemos menos agua que antes en las acequias donde hacíamos la siembra. Las minas de litio están en la zona baja y no queremos que nos pase lo mismo”, explica con preocupación.

“Las comunidades ya venían desarrollando conflictos abiertos y la reforma fue la gota que rebalsó el vaso. Hizo que sus denuncias tomaran fuerza para poner sobre la mesa su defensa del agua y sus cuestionamientos al avance del extractivismo del litio”, dice la diputada Morales.

Una lucha que promete ser larga

Actualmente, hay una única mina que produce litio en Jujuy. Lo hace desde 2015 y se ubica en el salar de Cauchari-Olaroz. Con el 66.5 % de las acciones, su principal propietaria es la empresa Allkem, australiana, aunque en su capital participan el banco norteamericano JP Morgan y el inglés HSBC. La japonesa Toyota participa con un 25 % de las acciones, y la sociedad provincial Jemse con un 8.5 %. “En las comunidades atacamas de esa zona el gobierno y las empresas habían ejercido una política de cooptación, pero ahora la población está viendo con preocupación el tema del agua y por primera vez se ha sumado a los reclamos actuales”, subraya Natalia Morales.

Lo ocurrido en otros parajes sirve para vislumbrar cuál puede ser el futuro a mediano plazo. “En el salar del Hombre Muerto, en Catamarca, donde se extrae litio desde 1997 ya se secó la vega de un río”, informa Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN. Algo semejante ocurre en San Pedro de Atacama, Chile, que lleva más de 30 años de explotación.

El todavía gobernador Gerardo Morales —dejará de serlo en diciembre pero tomará su lugar su mano derecha en Jujuy— participará en agosto en los comicios primarios a nivel nacional como precandidato a vicepresidente por una de las agrupaciones internas del frente opositor Juntos por el Cambio.

Si el resultado electoral lo favorece verá refrendada su actuación en la provincia. En caso contrario, habrá que ver hasta dónde las protestas pueden sostener su fuerza a medida que transcurran los meses. Orlando Flores, sin embargo, desde sus alejados dominios en la puerta del salar asegura que “esto va a llevar tiempo, pero vamos a lograr la derogación de la reforma. Luchamos por la memoria de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos, aunque hay que ser pacientes y no desesperarse”.

Este trabajo fue publicado inicialmente en MONGABAY LATAM. Aquí puedes consultar su versión original.