Aunque en muchos lugares se han ampliado los derechos de la comunidad LGBT+, una realidad demuestra que aún falta mucho para garantizar el respeto a la diversidad sexual en nuestro país, pues en México existen crímenes de odio debido a la orientación sexual, y el Estado no hace nada para prevenirlos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Rey R. Jáuregui

CIUDAD DE MÉXICO. – El informe anual de la organización Letra S es contundente: durante el 2022, en México ocurrieron, al menos, 87 muertes violentas de personas debido a su orientación sexual, o a su identidad o expresión de género.

Esta cifra, sin embargo, es tan solo una aproximación que la organización pudo documentar a través de notas periodísticas, debido a que las fiscalías estatales no llevan un conteo al respecto. En realidad, el número de muertes puede ascender a más de 200 casos.

En México, de acuerdo a los datos que Letra S ha recabado desde 1997, en los últimos 5 años se han contabilizado 453 muertes violentas por las mismas causas. Es decir: 453 crímenes de odio contra la población LGBT+.

La cifra es alarmante, pues además de demostrar que nuestro país está lejos de garantizar el respeto pleno a la diversidad sexual, también desnuda la inoperancia y deficiencia que existe en los sistemas judiciales, los cuales no cuentan con registros adecuados y personal capacitado para atender estos casos.

Al respecto, en Pie de Página dialogamos con Geo González, periodista del portal Presentes, y quien se ha dedicado a documentar los crímenes de odio y la agenda LGBT+ en el país.

Geo lo dice claro: “el informe muestra que hay un abandono institucional. No hay un reconocimiento de que estas violencias existen y se exacerban cada día más”.

2022: año letal para las mujeres trans

De acuerdo a los datos recabados por Letra S, en 2022, de los 87 crímenes de odio registrados, 48 fueron transfeminicidios: es decir, asesinatos de mujeres trans.

Geo González reflexiona al respecto.

 “Siempre las víctimas mayoritarias son las mujeres trans. Esta cifra no es casual, y refleja una serie de vulneraciones que atraviesan a las mujeres trans, aunque a los hombres trans quizá sucede una cosa contraria de invisibilidad a sus procesos de vida y necesidades. En este mundo, las mujeres trans son quienes puede recibir más violencia, pues están hasta arriba en la cadena de vulneraciones a los derechos humanos”.

Geo señala algunos puntos para reforzar su argumento, por ejemplo: que las mujeres trans son rechazadas por no ser mujeres cis género, lo cual genera odio hacia ellas; además, el rechazo social orilla a que muchas veces vivan en condiciones de precariedad.

Las mujeres trans sufren exclusión escolar, familiar, y hasta para acceder a una vivienda. Esto hace que las mujeres tans, en particular, tengan que buscarse la vida bajo trabajos muy precarizados y que las ponen en riesgo. Y el riesgo genera situaciones violentas”.

González explica que uno de estos trabajos es el trabajo sexual. Pero precisa en “que lo realicen no es algo malo. Pero sucede en condiciones que las puedan llevar a otras situaciones de riesgo”.

De acuerdo con el informe, la tasa de asesinatos contra mujeres trans es mayor que la que existe actualmente con mujeres cis. Este cálculo se hace a partir de los registros poblacionales levantados en el último censo del INEGI.

Sin embargo, para Geo González esta tasa es cuestionable:

«No se trata de decir a quién más, y a quién menos. Solamente dejarlo en términos de un dato no ayuda a comprender esto que tratan de retratar en el documento: que matan más a mujeres trans que a mujeres cis ¿pero, por qué? Son matices muy distintos. Hay distinciones en cómo suceden las violencias, aunque en ambos hay extrema violencia, en las mujeres trans está un factor: el no ser mujeres cis, en el odio, en la lectura social de que las mujeres trans no son mujeres. La cifra de la tasa no es problemática, pero sí es interesante que la pongan».

Aunque también añade que este acercamiento permite abrir una discusión pendiente a nivel gubernamental: que los crímenes de odio por la orientación sexual o la identidad o expresión de género sean clasificados como violencia de género.

Esto, añade Geo, puede subsanar una carencia estatal que impide medir con cifras oficiales este tipo de crímenes: la ausencia de un registro con fuentes y datos gubernamentales.

Subregistro de casos demuestra omisiones del Estado

De acuerdo con el informe de Letra S, de los 87 casos documentados, sólo en 20 se identificó al presunto homicida. Del resto: 11 de ellos están en vinculación a proceso, 6 se encuentran detenidos, 2 están en prisión preventiva y 1 se encuentra prófugo.

Esto claramente refleja un alto grado de impunidad.

Al respecto, Geo González señala:

«La impunidad, mas otros factores, agravan los crímenes de odio. La impunidad responde a un prejuicio que hay todavía en los sistemas de impartición y búsqueda de justicia porque no hay perspectiva de derechos humanos, perspectiva de genero, o perspectiva de diversidad sexual».

Aunado a ellos, la falta de aplicación de protocolos y convenios ratificados por el Estado mexicano tan sólo deteriora esta situación.

Para Geo, esto vulnera los derechos de las víctimas directas e indirectas, pues muchas de las veces quienes buscan justicia para las víctimas de un crimen de odio son sus familias elegidas, es decir: otras personas LGBT+, activistas o no, que acompañan el caso para que no quede en la impunidad.

Además, añade, en las investigaciones «prevalecen prejuicios. No se toma en cuenta la identidad de género de la víctima, por ejemplo, se les sigue registrando como hombres a las mujeres trans, eso borra esta huella de la violencia que esa víctima vivió. No tomar en cuenta su identidad de género es un borramiento, no solo de su identidad, sino a las cadenas de violencia que atravesó y que las pudo poner en ese lugar de riesgo simplemente por ser quienes son».

Además, la falta de un registro oficial provoca un sesgo enorme a la hora de sistematizar estos crímenes de odio.

Por ejemplo, en el informe de Letra S se documentaron más crímenes en las ciudades que en zonas rurales. Esto, explica Geo, se debe a que en las ciudades existen más colectivos y activistas LGBT+ que buscan la justicia para esos casos.

«En las zonas rurales falta este fortalecimiento de los activismos, y se debe a que ser una persona visible que dentro de sus comunidad, que de cuenta de los derechos que se vulneran, o que goce de la identidad LGBT+, es mucho más difícil. En esos contextos tener una visibilidad y a partir de ahí generar una denuncia es difícil».

Este fenómeno también puede explicar otros datos que vienen en el informe. Por ejemplo, en los estados donde se registraron más crímenes de odio (Oaxaa y Veracruz) son también los estados que tienen redes de activistas más activos, o mayores reportes en la prensa local.

Sin embargo, aunque esta labor ayuda a aproximarse a un panorama que puede ser más complejo, Geo recalca que «tampoco es trabajo de los activismos contarnos cuantas muertes se han registrado en sus espacios. El trabajo es del estado, y sigue habiendo una ausencia de éste, pero en este sistema de cifras no sabemos cuántas víctmas son LGBT+, o cuantas murieron en una situación por ser LGBT+».

Al final, Geo Álvarez concluye que, si bien ha habido avances en la agenda política para ampliar derechos a la comunidad LGBT+ (como el matrimonio igualitario, o el reconocimiento de la identidad de género), en realidad, para prevenir la mayor expresión del miedo y el odio, todavía hay muchos pendientes.

«Que sigan siendo los activismos las encargadas de hacer el trabajo del estado me parece lamentable. Es un abandono. Por mucho que los políticos puedan decirnos que están con la diversidad, lo cierto es que no han hecho nada. Sean del partido que sean».

Si quieres conocer más del trabajo de Letra S puedes hacerlo revisando sus redes sociales o su página de internet en el siguiente enlace.