Urge cambiar la situación de las niñas y niños indígenas y no indígenas, esto significa que todos tenemos que generar condiciones propicios para que acceder a la educación

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Cuando vio una camioneta en el camino de Calpanapa a Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, se levantó y empezó a hacer señas. El conductor detuvo la marcha del vehículo para escuchar al hombre.

–Yo kù ndo’o (¿Quienes son ustedes?) –soltó.

–Na sà tyiñu tixi ve’e ka’an kuatyi xa’a ndayu kuenda na ñuu, Tlachinollan (Trabajamos en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan) –contestó Paulino Rodríguez.

Así empezó la conversación con un padre de familia de la comunidad Ñuu Savi, Barranca Ocotera.

El tàa savi (hombre de la lluvia), preguntaba si los que algunos de los que íbamos en la camionetas éramos los profesores que estaban esperando. En el platica, el padre de familia dijo que su comunidad lleva meses sin maestros para sus hijos, pero el gobierno de Guerrero no cumplió con su palabra con las comunidades indígenas de la Montaña de ese estado del Sur.

Los municipios Ñuu Savi de Metlatonoc y Cochoapa el Grande llevan meses sin maestros, las escuelas están cerradas mientras que los niños se ven obligados a dejar las aulas para ir con sus papás a los campos agrícolas a trabajar como jornaleros.

El 24 de mayo, niñas y niños acompañados de sus padres marcharon en las principales calles de Chilpancingo, Guerrero en demanda de profesores. La respuesta del gobierno fue el desalojo violento, ese día una madre de familia se enfrentó al policía quien le impedía el paso.

Desde hace dos años, los na savi vienen exigiendo al gobierno de Guerrero para que amplíe la clave presupuesta para basificar a maestros por contrato, así como la contracción de más profesores, pero al parecer la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ve ni oye.

La situación de las niñas y niños de las comunidades Ñuu Savi contrasta con el discurso la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y de los legisladores que han un impulsado una serie de reforma para acabar con el matrimonio forzado en esta región.

Hasta ahora, la situación de los infantes de la Montaña de Guerrero es cada día más difícil, a pesar de los esfuerzos de los padres de familias de sacar sus hijos de los surcos para enviarlos a la escuela ha sido imposible, porque el Estado mexicano no garantiza el derecho a la educación.

Así que la migración de niñas y niños a campos agrícolas va en aumento sin que los estados receptores tengan una política pública dirigida a la comunidad de jornaleros que viajan durante la temporada de corte de frutas y verduras.

En el Día Internacional de Trabajo Infantil la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dio a conocer que uno de cada 10 niñas y niños están en situación de trabajo infantil. “En México, esta cifra alcanza los 3,3 millones de niñas y niños, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019”.

En los últimos años, los conflictos bélicos, las crisis migratoria y la pandemia del COVID-19, han sumido a las familias en una situación paupérrima, esto ha obligado a millones de niñas y niños a recurrir al trabajo infantil. Además, es informal.

El lunes 12 de junio, fue el Día Internacional de Trabajo Infantil, que pasó desapercibida por las instituciones del Estado mexicano. Donde el trabajo infantil trae severas consecuencias para las niñas y los niños en las escuelas porque no alcanzan el rendimiento en el aula. En el peor de los casos, se ven obligados a abandonar sus estudios.

Así las cosas, la infancia indígena entra al campo laboral desde los seis años de edad, primero en la casa y después a los campos agrícolas. En mucho de los casos, la familia se va a los surcos a trabajar por falta de servicios básicos en sus comunidades de origen.

Centro de salud y médicos, escuelas y profesores, empleo remunerado, mercado para comercializar las textilerías que elaboran las mujeres, así como espacio para la venta de frutas y verduras que los campesinos que cultivan durante la temporada de verano.

Urge cambiar la situación de las niñas y niños indígenas y no indígenas, esto significa que todos tenemos que generar condiciones propicios para que acceder a la educación.

No se trata de sacarlo de su campo laboral para dejarlos a la deriva, como sucedió con los adolescentes de los campos agrícolas de San Quintín. Sino, acompañar la exigencia por la apertura de más espacios de recreación cultural y deportiva para que que desarrollen sus capacidades intelectuales.

Para cambiar la narrativa, la SEG tiene que enviar a la Montaña de Guerrero, profesores con perfil indígena, que hablen, escriban y lean la lengua materna, para que disminuir el indice de matrimonio forzado, la muerte materna y la migración a los campos agrícolas.

Ante la ausencia del Estado, las comunidades indígenas tendrán que rediseñar una estrategia que los lleve a construir sus propia autonomía.