El juez Samuel Ventura Ramos absolvió a José Luis Abarca y a Sidronio Casarrubias del delito de delincuencia organizada. El exalcalde de Iguala fue sentenciado a 92 años de prisión por secuestro agravado contra tres activistas. Pero el juez no los reconoció como víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial

Texto: Lydiette Carrión 

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras casi 10 años desde que el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca privara de la libertad, torturara y asesinara al activista Arturo Hernández Cardona y otros seis más activistas, un tribunal lo sentenció únicamente por secuestro agravado. Abarca recibió 92 años y seis meses de prisión; su defensa todavía puede impugnar.  

La sentencia firmada el pasado 12 de mayo por el juez primero de distrito de procesos penales federales, Samuel Ventura Ramos, absolvió a Abarca por el delito de delincuencia organizada.

Ventura Ramos sí emitió sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román. Cabe recordar que estas tres personas fueron halladas maniatadas, con huellas de tortura y asesinadas el 1 de junio de 2013. Un testigo que logró escapar señaló directamente a Abarca de haber asesinado a Cardona. 

El exalcalde también recibió una sentencia condenatoria por el  secuestro en contra de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado. 

De este modo, legalmente Abarca no fue juzgado por ser responsable de ni de la desaparición forzada, la tortura de cuatro activistas y la ejecución extrajudicial de tres de ellos.  

En las misma sentencia emitida el pasado 15 de mayo de 2023, Ventura Ramos absolvió a Sidronio Casarrubias (quien fue señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala) de haber participado en estas desapariciones forzadas. 

Cabe recordar que el pasado septiembre de 2022, el mismo juez, Samuel Ventura Ramos,  absolvió a José Luis Abarca por el delito de  participar de forma intelectual en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Previamente Ventura Ramos ya había dejado en libertad a 77 personas vinculadas a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Estas personas fueron exoneradas debido a que habrían sido objeto de torturas. Sin embargo, aunque el juez alegó esto para liberarlos, no inició ningún procedimiento en contra de las autoridades que habrían cometido estas violaciones de derechos humanos.  

Actualmente la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Carmona se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocerse a fondo. Fue admitido precisamente debido a que la asesoría legal de la familia Hernández Cardona acusó de dilaciones y negligencia. 

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El caso

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían  cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ). 

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a Abarca de vínculos criminales. En medio de ese estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.

Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron  frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona.  Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el alcalde fue quien acusó a Hernández.

Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.

Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó: 

–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.

Hernández Cardona le reviró:

–¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Para qué trabajo?¿Nos vas a matar?

Ese mismo día,  varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal. 

Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García , Rafael Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Bernardo Cruz Manjarrez.

Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron. Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón. 

Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron. 

El hallazgo de los cuerpos

El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. 

Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.

Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.   

Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.  

Ayotzinapa y Hernández, destinos unidos

Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa. Cuando la noticia llegó  a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron  los vidrios de la presidencia municipal. 

Se dice en Guerrero que Abarca nunca perdonó a los jóvenes de Ayotzinapa por ello. Que desde entonces fueron amenazados de morir si regresaban a la ciudad. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.

La impunidad en Guerrero

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.

La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala. 

Para marzo de 2014, la entonces  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada. El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos.

Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso. Todo bajo presión internacional por lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa.