Ahora empieza no solamente el proceso de hilado y bordado fino del sustento legal del mismo, de la arquitectura financiera que le dé dientes, del reparto de responsabilidades para hacerlo valer. Empieza ahora la batalla para impedir un saqueo legal.

Por: Eugenio Fernández Vázquez

Dos terceras partes de los mares son aguas de nadie, áreas que están más allá de las jurisdicciones de los Estados nacionales y lejos de los pueblos y comunidades que resguardan muchas zonas cerca de islas y costas. Eso quiere decir que no hay quién se ocupe de ellas y ni siquiera a quién reclamar que llene los vacíos que permiten que florezcan la pesca ilegal, el tráfico de especies y seres humanos o la minería. Ahora, por fin, la comunidad internacional acordó un texto que sienta las bases para emprender acciones de conservación de altamar y regular el aprovechamiento de sus recursos, y eso son muy buenas noticias.

La vida en las costas es también la vida en la mar abierta. Los peces que llegan a los estuarios, muchas de las aves que adornan los cielos, las ballenas que visitan las aguas cálidas en invierno viven la mayor parte de sus vidas aguas adentro. Lo mismo pasa con las amenazas que enfrentan: muchas de ellas están en altamar, no en las aguas bajas. Es el caso, por ejemplo, de las tortugas. En México como en Costa Rica muchos esfuerzos de conservación centrados en las playas han encontrado que el estupendo trabajo hecho en minimizar la extracción de huevos de los nidos no redunda siempre en poblaciones más abundantes. Después de mucho investigar, se halló que esto e porque hay otra amenaza aún peor flotando en torno a los quelonios: las redes fantasma que las ahogan cuando están nadando.

Esas redes, los plásticos y microplásticos, la contaminación por derrames y por el transporte marino son, además, apenas algunos de los problemas ambientales que aquejan a los mares. El ruido de barcos, submarinos y plataformas extractivas es otro más, que afecta a todas las especies, desde los grandes cetáceos hasta los bivalvos y moluscos más pequeños, igual que las alteraciones al fondo del mar por el tendido de cables y otro sinfín de impactos.

El nuevo tratado que se firmó, el Tratado de Altamar, ayudará a lidiar con esas amenazas. Servirá, entre otras cosas, para establecer áreas naturales protegidas en el 30 por ciento de los mares que están fuera de la jurisdicción de los Estados. Esto permitirá proteger muchos sitios donde se reproducen las especies que animan esas aguas, pero que al estar demasiado alejados de las costas quedan a merced de los piratas y las flotas pesqueras, y muy lejos de la protección de comunidades y gobiernos.

El tratado también establece que se pedirán manifestaciones de impacto ambiental para detectar riesgos en el 70 por ciento de océanos que no esté dentro de un ANP, mitigando sus impactos de muchas actividades y prohibiendo aquellas que no se puedan hacer sin daños. Esto es especialmente relevante para poner cota a los desastres que pueden sobrevenir por la intención de países como Nauru y de las grandes corporaciones mineras de empezar a extraer los recursos del fondo marino.

El tratado, sin embargo, conlleva también riesgos, y ahora empieza no solamente el proceso de hilado y bordado fino del sustento legal del mismo, de la arquitectura financiera que le dé dientes, del reparto de responsabilidades para hacerlo valer. Empieza ahora la batalla para impedir un saqueo legal, por ejemplo, de los recursos genéticos del mar, que nos pertenecen a todos, aunque hay muchos que quisieran privatizarlos.

México jugó un papel importante en todo este proceso. Fue parte del grupo de altas ambiciones que lideró las negociaciones y sigue cumpliendo un importante papel de facilitador, gestor de encuentros y articulador de soluciones. Sin embargo, queda mucho por hacer en nuestras propias costas. La firma de este tratado abre una puerta para que el país mire hacia sus litorales y se ocupe por fin de conservar sus recursos pesqueros, sus bellezas naturales, sus servicios ambientales.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.