La primera contingencia ambiental de la Ciudad de México demuestra que la austeridad, cuando se la ejerce debilitando al aparato del Estado y quitándole fuerza, se convierte en un regalo para quienes destruyen el planeta.

Por: Eugenio Fernández Vázquez

La semana pasada se registró la primera contingencia ambiental de la Ciudad de México, provocada por los altos niveles de ozono que se registraron en el valle que alberga la capital del país. Aunque para los ciudadanos pareciera ya algo inevitable, no lo es: no solamente existe la tecnología para impedir estas contingencias, sino que es obligatorio instalarla para los principales contaminadores. El problema es que el gobierno federal simplemente no vigila que se cumpla la ley por omisión y falta de presupuesto.

El ozono que obligó a sacar muchos automóviles de circulación en el valle de México y que tantos dolores de cabeza provoca no es un gas que se emita en casi ninguna actividad. Más bien, se produce por la interacción de distintos gases con la luz del sol. Lo que ocurre es que en los días muy despejados la irradiación solar golpea de lleno la superficie terrestre y convierte una serie de compuestos llamados “orgánicos volátiles”, haciendo que algunos de sus componentes se alteren y de la reacción resulte el ozono. Se trata de un gas muy dañino cuando se lo inhala, que puede provocar desde irritación en las vías respiratorias hasta disfunciones pulmonares.

Esos compuestos orgánicos volátiles los emiten sobre todo las estaciones gaseras y las gasolineras. Si gotea gasolina, si una manguera tiene una ligera fuga y si es un día soleado, aparecerá ozono en la atmósfera. Para impedir que esto ocurra, en principio todas ellas deberían tener instalados unos equipos que “recuperan vapores” e impiden que lleguen a la atmósfera e interactúen con el sol. El problema es que las autoridades simplemente decidieron faltar a su obligación de velar porque se cumpla la normatividad y obligar a todas las estaciones de servicio a tener esos dispositivos en marcha y funcionando correctamente. Específicamente, se trata de una tarea que corresponde a la Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente.

Esta entidad “regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos”. Entre los sitios que tiene que supervisar están, según información de la dependencia, las 250 plataformas marinas, sesenta mil kilómetros de ductos y las 12 mil gasolineras que hay en el país, entre otras cosas.

Para realizar estas tareas, la ASEA cuenta con un cuerpo de inspectores, pero, a juzgar por la lista publicada este mismo año, esos inspectores no llegan ni a cien, y además, no tienen ni equipo ni presupuesto. En términos reales, en lo que va de este sexenio se le han otorgado 55 por ciento menos fondos a la ASEA que en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Si la dependencia de por sí inició con menos fondos de los que necesitaba para mantener a raya a los grandes intereses de la industria eléctrica e impedir que Pemex o la Comisión Federal de Electricidad acabaran con el entorno, su situación hoy es francamente insostenible.

La solución, sin embargo, está al alcance de la mano y es relativamente barata. Urge dar a la ASEA las capacidades de vigilar que se cumpla la ley, y eso incluye dotarla de un presupuesto apropiado, de un personal suficiente y de mecanismos contra la corrupción. Pareciera que no hacerlo es banal, pero en realidad cuesta miles de vidas cada año, además de hacer la vida más difícil en todo el valle de México.

La austeridad, cuando se la ejerce debilitando al aparato del Estado y quitándole fuerza, se convierte en un regalo para quienes destruyen el planeta y acaba matando, aunque sea indirectamente.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.