Después de que 70 policías reprimieran a la comunidad de Sitilpech, en Yucatán, las defensoras del territorio anunciaron una serie de reglas para que las megaranjas porcícolas se vayan de su localidad. En rueda de prensa, denunciaron que existe una campaña de desinformación y estigmatización en su contra.

Texto y fotos: Katia Rejón

YUCATÁN. -Tras la represión de la policía estatal de Yucatán y municipal de Izamal, el pueblo maya de Sitilpech buscará el reconocimiento legal de una declaratoria para cerrar la granja porcícola contaminante.

Este 22 de febrero, durante una rueda de prensa en la comunidad, La Esperanza de Sitilpech y Kanan Derechos Humanos dieron a conocer una serie de reglas que la comunidad estableció para el cierre de la granja porcícola y para las próximas industrias que pretendan instalarse en el pueblo.

Sitilpech es una comisaría de Izamal, Yucatán. Un pueblo maya de mil 923 habitantes que se enfrenta a la contaminación del aire y del agua, proveniente de una granja de 48 mil cerdos a tres kilómetros de sus hogares.

Desde el 2018 la población comenzó a notar la degradación del agua de pozo, un recurso que utilizan para las labores domésticas, la cocina y el cultivo. Detectaron que la contaminación provenía de una granja porcícola de Kekén ubicada en la carretera hacia el poblado vecino de Tunkás y que cría 48 mil cerdos cuyos desechos se respiraban en toda la comunidad.

Conformaron la agrupación La Esperanza de Sitilpech, y con la asesoría jurídica de Kanan Derechos Humanos lograron una suspensión temporal que los mantuvo 9 meses en paz con el olor a cerdo.

«Era un riesgo, salías a la puerta de tu casa y las moscas te rodeaban. La granja estuvo detenida por 9 meses y el olor y las moscas se redujeron considerablemente. Sabemos que esto es a largo plazo. Queremos que el agua esté libre de contaminación», dijo una pobladora en entrevista.

El amparo fue desechado en diciembre de 2022 por un Tribunal Colegiado de Yucatán, después de que la empresa cambiara su razón social y duplicara su capacidad de producción para solicitar permisos con un nuevo nombre.

Ahora que los pobladores han comprobado que su calidad de vida depende del cierre de esa fábrica, realizaron un pronunciamiento donde dejaron en claro que no van levantar el bloqueo a pesar de la represión policiaca. Acordaron una serie de reglas para cualquier otra empresa que quiera entrar al pueblo, comenzando por la consulta previa e informada de sus actividades.

La represión de 70 policías armados contra 10 mujeres

El 18 de febrero, cerca de la una de la mañana, las mujeres y algunos niños hacían guardia en el campamento que la población mantiene a las afueras de la granja porcícola, cuando alguien de la comunidad les avisó que había entrado al pueblo un convoy de 10 patrullas.

Una mujer que estaba esa noche, y que prefiere no decir su nombre, explicó que 10 mujeres y 5 hombres se encontraban en el espacio cuando recibió el aviso de que la policía entró al pueblo. Pensaron que era un error que llegaran tantos elementos cuando alrededor de 70 de policías armados se bajaron de las patrullas y les empezaron a aplaudir y a tronar los dedos.

«Nos dijeron: ‘¡Presten atención, aquí se van a quitar porque se van a quitar!’. Empezaron a tirar las sillas, las mesas, las lonas. Nosotros teníamos acordado que cuando pasara algo tiráramos voladores. Un compañero logró tirar un volador y el resto me los dio a mí», explicó.

Cuando intentó grabar, quien ella reconoce como «el comandante» dio la orden de quitar celulares. Se resistió a entregar el teléfono mientras hacía una transmisión en vivo en su cuenta personal de Facebook y el policía le arrancó una uña. La entrevistada tenía heridas en algunos dedos y tres uñas con vendaje adhesivo. Entre tres elementos armados la atacaron a ella y a su compañera.

«Eran varones con caretas, escudos y armas. Empezaron a empujarnos hacia el centro del campamento, les preguntamos si tenían una orden o cuál era su intención y solo nos insultaron. Uno me dijo que si no quitaba mi carro en diez segundos lo iba a desbaratar con la pipa que traían. Eran como 70 policías contra 10 mujeres y 4 hombres», relató una entrevistada.

La policía estatal de Yucatán y la policía municipal de Izamal retuvieron a los 10 pobladores que no lograron salir durante una hora y media. Cercaron unos metros adelante del campamento con otros 40 elementos para que la población no pudiera pasar a ayudar a sus compañeros y familiares.

Otra mujer que se encontraba junto con su esposo con discapacidad visual dijo que logró escapar. También se fue un poblador que se encontraba con su hijo.

«Una de mis compañeras se puso frente a los policías y la aventaron. Quienes intentaron defenderse fueron golpeados, en todo tiempo hubo violencia, nosotros no llevábamos armas», contó en entrevista.

A pesar de que el Juzgado Federal de Yucatán ordenó la suspensión de la intervención policial contra el pueblo de Sitilpech debido a un amparo directo (expediente 286/2023) que interpusieron los habitantes tras los hechos del 18 de febrero, la policía estatal sigue rondando en los pueblos de Tunkás e Izamal que están cerca de Sitilpech. La población aseguró que drones sobrevuelan el pueblo y se han quedado sin red e incomunicados durante varias horas.

«Tenemos miedo porque sabemos que la policía no vino por su cuenta, vino a proteger particulares. Queremos que desaparezca esta granja para que se acabe el conflicto», dijo una entrevistada.

Pueblos mayas se unen a la lucha de Sitilpech

El pasado 22 de febrero, la Esperanza de Sitilpech y la organización Kanan. Derechos Humanos convocaron a una rueda de prensa para posicionarse después de la represión policiaca y la campaña de desinformación que algunos medios locales han iniciado para deslegitimar la lucha del pueblo.

«Es tan absurdo ese argumento de que Kanan viene a manipular gente. La información que comparten es falsa y estigmatizante para personas que defienden los derechos humanos. Me parece incluso racista: como si las personas mayas no fueran capaces de señalar lo que les molesta. Kanan vino porque la gente nos pidió que les asesoráramos», dijo Miguel Anguas, abogado de Kanan, en la rueda de prensa.

Aclaró que es mentira que el Tribunal Colegiado haya resuelto que la granja no contamina, pues el amparo se desechó por una formalidad sin analizar la contaminación ni pronunciarse sobre la falta de consulta a la población para determinar si estaban de acuerdo con la megagranja.

«Tenemos un documento de la Comisión Nacional del Agua que en 2022 presentó un estudio con muestreo de los pozos y determinó que sí es contaminante. Tienen poliformes fecales, grasas, aceites, nitratos y fósforos que incumplen la Norma Oficial Mexicana del 96. El argumento de que cuentan con la última tecnología en tratamiento de aguas residuales es falsa», dijo.

Durante la rueda de prensa, pobladores encararon a reporteros de medios de comunicación que han deslegitimado su lucha con mentiras. Uno de los reporteros señalados cuestionó la reacción de los pobladores durante la represión policiaca del 18 de febrero diciendo que la población había cometido «vandalismo».

Estuvieron presentes pobladores de Seyé, Kinchil, Samahil, Sinanché y Sanahcat, municipios donde también existe una preocupación debido a la contaminación de las industrias.

«Las autoridades como viven en Mérida y ahí tienen sus casotas, abren la llave y sale agua limpia. Por eso no les importa. Toda la contaminación se queda en los pueblos. Nosotros que vivimos en las comunidades respiramos el aire contaminado, nosotros nos bañamos con agua contaminada. Por eso salen en la tele y en la radio a decir que tienen un ‘sistema de alta tecnología’. Es mentira», dijo un poblador vecino.