Fue necesario una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al territorio yanomami, al norte de Brasil, para desvelar la crisis sanitaria y alimentaria que venían denunciando líderes comunitarios y desatar una operación de emergencia para salvar la vida de centenares de indígenas

Texto: Mario Osava / IPS Noticias

Fotos: PR-FotosPúblicas y Mario Osava

RÍO DE JANEIRO – Detener lo que muchos califican como genocidio del pueblo indígena yanomami, en el extremo norte del país, se suma a las urgencias del nuevo gobierno de Brasil, ya perturbado por un ataque golpista y una crisis militar en su primer mes de vida.

Imágenes de niños desnutridos y enfermos, con sus costillas sobresalientes, conmovieron el mundo al revelar la tragedia humanitaria que venían denunciando los líderes indígenas y fiscales del Ministerio Público (fiscalía).

Fue necesario una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 21 de enero, al territorio yanomami para desvelar la crisis sanitaria y alimentaria, y desatar una operación de emergencia para salvar la vida de centenares de indígenas.

Ese mismo día, Lula destituyó al comandante del Ejército, general Julio Cesar de Arruda, en un intento de superar la desconfianza hacia los militares desde el 8 de enero, cuando seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un intento de provocar un golpe de Estado.

El general se negó a desactivar el campamento de los bolsonaristas que durante 70 días estuvo instalado delante de su cuartel general, en Brasilia, reclamando un golpe militar contra la llegada de un gobierno de Lula, el dirigente de izquierda moderada, que ya gobernó el país entre 2003 y 2010.

Arruda también impidió por algunas horas que la policía detuviese a los golpistas que, tras ser desalojados de los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal, se refugiaron en el campamento.

En su lugar, Lula nombró al general Tomás Paiva, considerado como defensor de la legalidad y favorable a la separación de la política de las Fuerzas Armadas.

Pero es dudoso que se establezcan buenas relaciones entre el actual gobierno y los militares, manifiestamente hostiles a Lula y simpatizantes del ultraderechista Bolsonaro, que los devolvió a la cima del poder durante su gobierno (2019-2022), siendo él mismo un capitán retirado del Ejército.

Ello supuso un rescate del autoestima castrense, herida desde el fin de la dictadura militar de 1964 a 1985.

De emergencia en emergencia en su primer mes en la presidencia, Lula también fue llamado a salvar el Mercado Común del Sur (Mercosur), en una visita a Uruguay el 25 de enero, tras reincorporarse Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en una reunión de sus 33 paises en Buenos Aires, durante la víspera.

Lula trató, sin éxito aparente, de convencer el presidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle, a desistir de un acuerdo de libre comercio con China, que Uruguay negocia fuera del Mercosur. El hecho viola reglas del bloque que es una unión aduanera, al tener una política arancelaria común.

La prioridad a la economía, especialmente a la austeridad fiscal, demandada por el empresariado y los economistas en general, perdió visibilidad ante los desafíos urgentes de reconstrucción del Estado que enfrenta el nuevo gobierno de Brasil.

Crisis humanitaria

La tragedia indígena dejada por el gobierno anterior se impuso en la agenda prioritaria por la agonía ahora expuesta del milenario pueblo yanomami, que sumaba 26 780 brasileños, según el censo de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) de 2019. Del lado venezolano eran 11 341, según el censo oficial de 2011.

Los yanomamis brasileños viven en un territorio demarcado en 1992, con 9,6 millones de hectáreas, la mayor parte en el estado de Roraima, el resto en el estado de Amazonas.

“Un escenario de guerra”, resumió Ricardo Weibe Tapeba, secretario de la Sesai, al referirse a la realidad de los yanomamis. Por lo menos 570 niños menores de cinco años murieron en los últimos cuatro años del gobierno de Bolsonaro, 29 % más que en los cuatro años anteriores, según la Sesai.

El titular de esa Secretaría integra el grupo de indígenas que, por primera vez en la historia de Brasil, asumen la dirección de los órganos gubernamentales que responden por la política indigenista.

Joenia Wapichana, quien fue la primera diputada nacional indígena, preside ahora la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que nunca había tenido un miembro de los pueblos originarios al frente, uno de sus viejos reclamos.

Lula también creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, cuya jefatura entregó a Sonia Guajajara, también diputada electa. Los indígenas brasileños suelen adoptar como apellido el nombre de sus etnias. El wapichana es un pueblo de Roraima, por lo tanto cercano al yanomami.

Más de 1000 indígenas yanomamis ya recibieron atención sanitaria de emergencia en los últimos días, según Tapeba.

El Hospital de la Niñez de Boa Vista, la capital de Roraima, recibió cerca de un centenar de niños con grave desnutrición, malaria, diarreas y otras enfermedades, ante la imposibilidad de tratamiento intensivo en su propio territorio, cuyos límites están a más de 250 kilómetros de esa ciudad.

La tragedia se debe al deterioro de la asistencia médica y alimentaria por parte del gobierno en los últimos años, ante la drástica reducción del presupuesto y de los recursos humanos de la Funai y de la Sesai, que también tuvieron sus direcciones ocupadas por militares y personas sin conocimiento de las funciones.

Genocidio al Tribunal Internacional

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que coordina las organizaciones indígenas de las distintas regiones de este extenso país sudamericano, anunció que acusará a Bolsonaro y su gobierno de genocidio, ante el Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa de la Haya.

La acusación despertó una duda entre juristas. Si se trata de “destrucción parcial de un grupo étnico”, pero la configuración de genocidio exige probar que fue intencional, algo más difícil.

Pero recortar presupuestos, nombrar autoridades reconocidamente incapaces para las funciones y reducir la asistencia componen una política antiindígena, con los resultados evidentes y pretendidos, arguyen los defensores de la acusación.

Además Bolsonaro estimuló agresivamente la expansión del “garimpo” (minería informal, antes artesanal, ahora mecanizada) y otras actividades económicas ilegales en tierras indígenas. Sus discursos siempre defendieron el exterminio, cuando era diputado, y la conversión de los indígenas “a gente como nosotros”, como presidente.

Los líderes yanomamis estiman que hay cerca de 20 000 “garimpeiros” en su territorio, invasión que contamina las aguas por mercurio, disemina enfermedades como la malaria, deforesta grandes áreas y ahuyenta los animales, quitándoles los alimentos básicos a los indígenas, como el pescado.

Minería fundó Roraima y agrede los indígenas

Ese drama de los yanomamis y otras etnias locales ya lleva décadas, pero se agravó en los últimos años de negación de los derechos indígenas y de políticas ambientales por parte de Bolsonaro.

Roraima nació como estado brasileño gracias al “garimpo”, apuntó Haroldo Amoras, profesor de Economía de la Universidad Federal de Roraima y exsecretario de Planificación del gobierno del estado por 14 años, en una entrevista a IPS en Boa Vista en noviembre.

De sus 79 años, Amoras vivió los últimos 43 años en Roraima. Antes estuvo en tres otros estados amazónicos.

El oro es la dádiva y el verdugo de ese estado amazónico de 650 000 habitantes. Según el censo oficial de 2010, un 11 % de su población era indígena. Las tierras indígenas demarcadas ocupan 46,2 % de su territorio.

El monumento al “garimpeiro” en la plaza central de Boa Vista reconoce ese papel histórico. La ciudad tiene varias avenidas con el comercio dedicado a la actividad y el  aumento en la venta de querosene de aviación y la importación de equipos aeronáuticos refleja el auge de la minería ilegal en los últimos años.

La actividad responde por buena parte de la economía local y eso, pese a la ilegalidad, se refleja en el poder político, lo que dificulta su expulsión del área yanomami.

*Esta publicación fue realizada por IPS NOTICIAS. Aquí puedes leerla.