Pobladores de Xochimilco demandarán la destitución del alcalde José Carlos Acosta, al que acusan de autoritario. Necesitan recolectar 35 mil firmas y después, convocar a 140 mil personas a las urnas

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 7 de febrero, pobladores de diferentes colonias y barrios de Xochimilco iniciarán una campaña para revocar el gobierno del alcalde José Carlos Acosta. A través de redes sociales y de una página de internet podrán descargar un formato para la recolección de las 35 mil firmas que se necesitan para iniciar el proceso.

“La gota que derramó el vaso fue la represión del 2 de diciembre en San Gregorio Atlapulco, después de eso, en varias asambleas, con representantes de varios pueblos, se tomó la decisión de iniciar el proceso de revocación. Ya se había platicado, pero veíamos que no estaban las condiciones, por los requisitos que impone la ley de participación ciudadana”, comenta al respecto Alejandro Velázquez, asesor jurídico de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, una organización que promueve la autonomía de las localidades. 

Según la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, habitantes de una demarcación pueden solicitar la revocación de personas representantes electas cuando así lo demande el 10 por ciento de quienes tengan inscripción al ámbito geográfico específico. 

Semanas después de los disturbios del 2 de enero, que derivaron en el cierre por más de una semana de una de las calles más importantes del sur de Xochimilco, algunos miembros del barrio de San Gregorio Atlapulco se reunieron con el secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, a quien le solicitaron la deposición de la alcaldía de José Ángel Acosta; ambos políticos de estirpe morenista. Batres respondió que no estaba en sus facultades llevar a cabo tal petición, por lo que los vecinos de San Gregorio decidieron cambiar la estrategia. 

La violencia vivida en San Gregorio se suma a una larga cadena de enfrentamientos que ha tenido la Alcaldía con vecinos de la demarcación a lo largo de 4 años de gobierno. Por ejemplo, en 2019, vecinos de Santa María Tepepan pidieron la cancelación de una plaza comercial construida en ese barrio. Otros vecinos han denunciado el derribo de sus casas sin advertencia de la Alcaldía, por supuestamente invadir zonas indebidas, como le pasó a Felipe Rosas, así como a vecinos cercanos al río San Lucas. 

En otro tipo de acciones, durante 2019, vecinos de Santa Cruz Xochitepec denunciaron lo que sería una constante en esta administración: que trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad (SACMEX), con ayuda de personal de la Alcaldía, buscaban hacer obras para llevar agua de este barrio a otras colonias de la ciudad.

En 2021, en la zona serrana de la demarcación, en San Mateo Xalpa, otro grupo de vecinos denunció irregularidades parecidas en la reparación de un tanque de agua. Las obras detonaron un conflicto entre este barrio y la comunidad vecina de San Andrés Ahuayucan, que fue azuzado por personal de la alcaldía para imponer un proyecto despreciado por la mayoría de los pobladores. 

Pie de Página ha documentado cómo en la mayoría de estos problemas sociales, trabajadores de la Alcaldía de Xochimilco bajo instrucciones de Acosta Ruiz y su director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Francisco Pastrana, enfrentan a los pobladores, interrumpen asambleas vecinales con golpeadores y amedrentan a los habitantes que se animan a ejercer algún tipo de activismo comunitario. 

“La gente está descontenta –dice con seguridad el asesor jurídico de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. El alcalde sale en los últimos lugares de todo tipo de encuestas de aprobación; por ejemplo, en la encuesta de agosto de 2022 de Mitofsky apenas y suma 33 puntos; mientras que en la elección intermedia de 2021 el Instituto Electoral de la Ciudad tuvo que hacer un recuento por lo cerrado de los comicios, en los que Acosta Ruiz apenas obtuvo uno por ciento de sufragios más que sus opositores.

“En general la gente está descontenta en temas de seguridad y de agua. Hay mucha gente cuya casa fue destruida, todas las obras de infraestructura han detonado conflictos sociales. Como pobladores queremos dejar el antecedente de que no vamos a permitir un gobernante así”, sentencia el abogado Velázquez. 

Si consiguen las primeras 35 mil firmas, el siguiente paso sería que el Instituto Electoral de la Ciudad de México realice una consulta de revocación de mandato, cuyos resultados serían vinculantes siempre y cuando participe al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal (140 mil 323 votantes) de la demarcación y que de ellos, al menos 60 por ciento (84 mil 144) pida su destitución. 

“Vamos a estar en las plazas públicas, en los kioskos, y vamos a designar un domicilio en cada barrio a donde las personas puedan mandar sus firmas por paquetería, por correo o incluso que vayan a dejarla personalmente irla a dejar. Conforme se vayan recabando, iremos dando resultados; también pensamos que cada fin de semana durante las actividades de los pueblos se pueda armar un módulo de recolección de firmas.

Esta última parte, sin embargo, la de designar centros de acopio, puede tener un par de cambios, pues los integrantes de la Coordinación de Pueblos y Barrios temen que desde la alcaldía se puedan gestar actos de represión o intimidación 

A la par del proceso de revocación de mandato, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco también planea impulsar la elección de representaciones autónomas de los pueblos, una figura de gobierno enfocada en las colonias y en los barrios y no en las alcaldías.

“Queremos que todos los barrios tengan su propia voz y el alcalde ha sido un obstáculo para ello. En realidad todo el fondo es eso, queremos dejar el antecedente, decir que en Xochimilco no queremos gobiernos autoritarios ni violentos. Queremos la autonomía. Las representaciones autónomas van a ser procesos que se van a llevar a cabo de manera paralela, mismos que se habían detenido por esta violencia, porque convocar a una asamblea o algo, pone en situación de riesgo a todos. Hacer una asamblea es estar sujetos a que llegue gente del alcalde a violentarlas”, concluye el abogado Velázquez.