Durante su visita oficial en días pasados a Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército durante las movilizaciones. El relator Stuardo Ralón advirtió sobre un déficit de fiscalías de derechos humanos para investigar lo ocurrido en el país

Texto: Fabiola Torres / Salud con Lupa

PERÚ.- “Hacemos un llamado amplio al diálogo. Ese diálogo tiene que llevar a un acuerdo en el marco del respeto al Estado de derecho. Pero si se quiere avanzar en ese camino tiene que haber empatía no solo de la presidencia, sino de las distintas autoridades hacia el dolor que están sintiendo muchísimas personas en el Perú”, dijo Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Perú, tras su segunda visita oficial al país.

La delegación de la CIDH estuvo en Ayacucho, Cusco, Ica, Lima y Puno entre el 11 y 13 de enero para recoger información sobre la crisis del país a raíz de las recientes movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales. Stuardo Ralón lamentó que la cifra de fallecidos en el contexto de las protestas se haya incrementado a 49 personas y exhortó al Estado peruano a adoptar medidas para reparar de forma integral —y con un enfoque intercultural— a los afectados en esta coyuntura. La CIDH consideró necesaria la asistencia médica urgente a los heridos de gravedad, así como apoyo económico y atención en salud mental a los familiares de las personas fallecidas.

En diciembre pasado, una delegación de la CIDH ya había llegado al Perú luego del fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. En esta segunda visita, el relator de la CIDH para el Perú dijo que la comitiva ha podido comprobar el deterioro generalizado del debate público y una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales hacia quienes protestan en las calles, sobre todo en el discurso de algunas autoridades que generalizan a personas indígenas y campesinas a las que califican de “terroristas”, “senderistas”, “indio” y de otras formas despectivas.

“Estos mensajes no son inocuos. Por el contrario, contribuyen a crear un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población. Especialmente, cuando provienen de autoridades públicas, y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo en su trabajo cotidiano», enfatizó Stuardo Ralón.

Faltan fiscales en derechos humanos

La delegación de la CIDH pidió al Estado peruano realizar investigaciones serias, imparciales y en un tiempo razonable sobre los responsables de las muertes y heridas causadas en las movilizaciones. En este contexto, Stuardo Ralón advirtió sobre el déficit de fiscales especializados en Derechos Humanos en el Perú.

El subsistema de Derechos Humanos del Ministerio Público contaba hasta el jueves con 12 fiscalías, de las cuales 2 eran fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).

Sin embargo, con los últimos cambios realizados por el Ministerio Público, solo quedan siete fiscalías: una fiscalía superior para casos de violación de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y seis fiscalias supraprovinciales. Esto reduce la capacidad operativa para investigar las 49 muertes que se han producido durante las protestas.

“No existen a nivel nacional los suficientes fiscales de derechos humanos. Sin embargo, el Ministerio Público nos ha indicado que el fiscal coordinador de la fiscalía de derechos humanos nacional estará acompañado las investigaciones y se trasladará a los lugares a donde sea necesario. Como parte de un acompañamiento de la Comisión, solicitaremos esta información”, explicó el relator de la CIDH en Perú.

Denuncias de disparos a órganos vitales de manifestantes

Sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército, el relator Stuardo Ralón señaló que la delegación recibió varios testimonios de heridos y familiares de fallecidos que evidenciaban esta situación, pero serán las investigaciones las que determinen el origen y tipo de armas en contra de los manifestantes.

“La Comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de manifestantes en ciertas regiones como Ayacucho, así como otras denuncias sobre disparos dirigidos a puntos vitales con armas letales y de alto calibre en violación al principio del uso gradual de la fuerza. El esclarecimiento de estas denuncias deben ser una máxima prioridad en las investigaciones que se realicen”, declaró.

Stuardo León recordó que el derecho a la protesta demanda un especial cuidado por parte de los liderazgos para que estas se desarrollen de manera pacífica. “Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas y apartados que puedan desnaturalizar las protestas para otros fines alejados con ellos y violencia extrema los actos de violencia”, añadió.

La crisis tiene relación con desigualdades históricas

En otro momento de la conferencia, el relator de la CIDH dijo que la delegación oficial encuentra una relación entre la actual «crisis institucional y el descontento social» y las «desigualdades históricas y estructurales existentes en el país».

“Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afroperuanas en el Congreso de la República, la falta de desarrollo e inversión social en las provincias apartadas de la capital y, en general, la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales y ambientales”, remarcó Stuardo Ralón.

En ese contexto, según lo expuesto por el comisionado de la CIDH, la «protesta social y pacífica significa un derecho que representa «la única vía de participación política para comunidades que enfrentan discriminación estructural o exclusión política y social».

La delegación que estuvo presente en la conferencia de prensa fue integrada por el comisionado Joel Hernández; el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y la secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido.

Que los medios escuchen más a las regiones

Ante las consultas de los periodistas, Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, se refirió sobre la violencia ejercida contra la prensa e hizo un llamado a la reflexión del gremio periodístico para eliminar la estigmatización en sus contenidos y facilitar el diálogo con los manifestantes y el Gobierno.

«En un momento de fractura social tan profunda como vive el Perú, los medios de comunicación ocupan un lugar central en el diálogo al que se invita a la sociedad.

El diálogo requiere de información y obtener esa información está siendo muy difícil para la prensa. De un lado, atentados contra infraestructuras y también a periodistas desplegados en el cubrimiento de las protestas. Hemos recibido tanto de reportes que se atribuyen a manifestantes como a la Policía. Esto dificulta la labor de la prensa”, expresó.

Vaca también señaló que la delegación ha escuchado de manera constante reproches a la actividad periodística. “Invitamos a un diálogo, pero ese diálogo tiene obstáculos. Un obstáculo para ese diálogo es la estigmatización que proviene de distintas fuentes, muchas oficiales. Hacemos un llamado a que la estigmatización cese y que los medios tengan más oídos en los territorios. Allí se escucharon fuertes reclamos sobre la poca empatía con el cubrimiento de la situación que padecen muchos peruanos», puntualizó.

La delegación de la CIDH se entrevistó también con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En un plazo de 30 días emitirá un informe sobre la crisis que vive el Perú.

*Esta publicación fue realizada por SALUD CON LUPA. Aquí puedes leer la original.