Las rastreadoras de personas desaparecidas viven agresiones y amenazas cotidianas. Al menos 1,992 se encuentran en riesgo por buscar. Enfrentan desplazamientos forzados y el peligro a ser asesinadas. Los perpetradores suelen ser delincuentes y funcionarios de seguridad, quienes las mantienen bajo peligro permanente

Texto: Guillermo Rivera / Connectas

Fotos: Lauro Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Una llamada le cambió la vida a Cristina Hernández Vega la fría madrugada del 25 de enero de 2019.

—Los municipales se llevaron a Jesús en la patrulla —le anunciaron.

Su único hijo, Jesús Alberto Rodríguez, de 24 años, y un adolescente de 17 fueron desaparecidos por tres agentes de Empalme, Sonora. Así se registró en la denuncia por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que Cristina levantó en el Ministerio Público de la fiscalía estatal.

Cuando se percató de la resistencia de la autoridad a arrestar a los sospechosos, abandonó su negocio de venta de mariscos y se enfocó en buscar a Jesús. Ella y su hermana gemela, Marta, encontraron respaldo en el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Se sumaron al grupo y en pocos meses ayudaron a localizar más de 40 cuerpos en Ciudad Obregón y Navojoa.

Un hijo de Marta, Héctor Gómez, de 21 años, decidió emprender su propia investigación para dar con el paradero de su primo. Por indagar, fue amenazado. “Ya no busques a Jesús”, le advirtió un sujeto. Al poco tiempo, cuando regresaba en motocicleta tras inspeccionar supuestas casas de seguridad en Guaymas, fue arrollado por una camioneta. Los agresores descendieron del vehículo y lo golpearon.

Héctor sobrevivió al ataque, pero el 25 de junio hombres armados fueron por él a su casa. Se lo llevaron frente a su familia y no volvieron a verlo. Marta asegura que policías municipales en una patrulla participaron en la desaparición.

Días después, un motociclista apodado El Rojo frenó el paso de la tracker rojiza que conducía Cristina.

—Váyanse de aquí, tú y tu hermana. Me dieron orden de matarlas y no se me hace justo —le confesó.

Las hermanas decidieron huir. Marta se fue a otro municipio de Sonora; Cristina, primero a Sinaloa, y después al centro del país. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) le otorgó un refugio. En septiembre, Magda, su única hija, hostigada por sujetos, también escapó de Empalme con sus tres hijos y dos sobrinos. Se reencontraron con Cristina.

“Acuso a policías municipales de nuestro desplazamiento”, clama la buscadora. Más de tres años después sigue en un refugio porque las amenazas no se acaban. Muestra en su teléfono la que llegó al Messenger de Facebook este año. El agresor, anónimo, promete asesinarla a ella y a Magda. Lee un fragmento: “Guarda esa pala, pero para que busques a tu familia entera”.

Como Cristina, decenas de rastreadoras sufren atentados. Los datos oficiales muestran que están en riesgo cotidiano: de 2012 a agosto de 2022, al menos 226 personas (171 mujeres y 55 hombres) sufrieron, mínimo, una agresión en represalia por las acciones de búsqueda, de acuerdo con el registro del Mecanismo de Protección, el cual muestra que esta situación ocurre en todas las regiones de México y que los expedientes se duplicaron entre 2020 y 2021.

Las agresiones son amenazas, lesiones y persecución. Las respuestas a diversas solicitudes de información a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a la que está adscrito el Mecanismo de Protección, corroboran que, por buscar, las personas rastreadoras son violentadas y desplazadas.

Esta área de la Segob es la única referencia federal sobre los peligros que enfrentan las buscadoras. Los datos que ofrece, sin embargo, no coinciden con los de organizaciones nacionales e internacionales, que registran una mayor cantidad de episodios.

Las estadísticas del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas evidencian que hay muchos casos de agresiones en contra de las rastreadoras en México. Son 484 acciones urgentes de 2012 al 8 de abril de 2022. En la gran mayoría, explica Juan Pablo Albán Alencastro, relator del comité, hay señalamientos específicos de actos de violencia y hostigamiento. El país solo es superado por Irak, con 552.

Las acciones urgentes son mecanismos que utiliza el CED para promover la búsqueda de personas desaparecidas, pero también para impulsar a los Estados a que adopten medidas concretas de protección para buscadoras víctimas de alguna represalia. Pueden ser solicitadas por el representante legal de ellas si se encuentran en peligro. Tras la petición, el comité se comunica con los gobiernos para recomendar acciones específicas.

En noviembre de 2021, Albán Alencastro y otros integrantes del CED visitaron México. En su informe, fechado en abril de 2022, apuntan que las mujeres afrontan las búsquedas con sus propios medios y que las personas que denuncian una desaparición o participan en acciones de rastreo e investigación son víctimas de decenas de indicidentes cotidianos de inseguridad, como actos de persecución, desapariciones y tortura.

El CED también mencionó el desplazamiento por ataques y amenazas que padecen las rastreadoras, que se registra cuando son obligadas a dejar el lugar donde residen, como consecuencia de acciones violentas que pueden provenir en ciertas ocasiones del Estado y, en otras, de actores particulares, de acuerdo con Albán Alencastro. Para él, desplazarse deteriora las condiciones de vida y genera división familiar.

Un informe de 2021 del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sobre cuestionarios a 30 colectivos del país, indicó:

48 % ha sido víctima de agresiones y/o amenazas.

58 % se siente inseguro o muy inseguro en las búsquedas de fosas.

64 % manifestó que no recibe medidas de seguridad, aunque denunció.

Con motivo de la visita del CED, la Red de Enlaces Nacionales (REN), conformada por más de 160 colectivos en 27 entidades del país, preparó un informe que recogió las experiencias de las familias y grupos en las búsquedas.

El documento arroja que 1,992 familias y/o integrantes de colectivos se encuentran en riesgo por buscar. La REN dividió las entidades en cuatro regiones y, en todos los casos, las buscadoras identifican las amenazas como uno de sus principales peligros.

Por otro lado, los análisis de riesgo del Mecanismo de Protección revelan que servidores públicos y presuntos criminales atacan, en la misma proporción, a las rastreadoras. Los agresores identificados por ellas fueron funcionarios, en 57 casos, y particulares, en 58.

Albán Alencastro explica que, en las regiones, existen patrones de actuación del crimen organizado “de algún modo avalados por algunas autoridades del Estado. En ciertas ocasiones, hay una suerte de acuerdo entre autoridades estatales y delincuentes para facilitar el actuar a estos últimos. A veces no son funcionarios de alto nivel. Son policías municipales, por ejemplo”.

—¿Qué buscan esos funcionarios agresores de rastreadoras? —se le pregunta para esta investigación.

—Emprenden acciones de hostigamiento e intimidación para disuadir a las víctimas de sus esfuerzos de alcanzar justicia y de localizar a sus seres queridos, como una forma de garantizar la impunidad de los perpetradores.

Cristina sostiene que el policía sospechoso de la desaparición de su hijo es el mismo autor intelectual de las agresiones. En el acta que levantó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso, declaró que el oficial que conducía la patrulla que lo privó de la libertad se llama Jesús Roberto N, quien no ha sido arrestado.

Los ataques contra ella y su familia por aferrarse a buscar son graves: cuatro asesinatos, dos desapariciones y 11 personas forzadas al desplazamiento a partir de 2019; además, denuncian múltiples amenazas.

“Es una lista interminable de desgracias”, lamenta la rastreadora de 47 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la trasladó al centro del país por intervención de María Teresa Valadez Kinijara, líder de las guerreras de Sonora y también desplazada de manera forzada por buscar a su hermano.

Las vidas de Cristina y sus familiares continúan en peligro. Ella cuenta que se involucró en las búsquedas nacionales y la FGR atrajo el caso de su hijo porque se unió a los colectivos que denuncian las desapariciones en todo el país. Insiste en que cuando esta institución federal solicitó su expediente a la fiscalía de Sonora, en julio de este año, volvió a recibir, de inmediato en redes sociales, intimidaciones de muerte.

El riesgo de un crimen mayor existe. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuenta, en 12 años, 17 personas buscadoras asesinadas, presuntamente por sus labores de búsqueda. Cinco de estos episodios ocurrieron tan solo de enero a noviembre de 2022. Las víctimas eran mamás rastreadoras.

El último caso es el de María Carmela Vázquez Ramírez, de 46 años. Sucedió apenas el 6 de noviembre pasado, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon múltiples veces en la puerta de su casa, en Abasolo, Guanajuato. María buscaba a su hijo, Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio. Era integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo, que en redes sociales lamentó el crimen con una fotografía donde aparecen madre, hijo y una leyenda: “No me alcanzó la vida para encontrarte”.

El desplazamiento, última medida de auxilio

En abril de 2010, unos sujetos desconocidos desaparecieron a Yatzil Martínez Corrales, de 24 años, en un mercado en la colonia Progreso, de Acapulco, Guerrero. Su hermana Yoltzi, licenciada en Derecho y entonces funcionaria, abandonó su trabajo para buscarla.

Con el tiempo, Yoltzi se ganó la confianza de grupos de búsqueda y lideró el colectivo Raúl Trujillo Herrera. Ella y sus compañeras emprendieron unos 20 rastreos de personas en municipios conflictivos del centro de Guerrero. Una vez, rumbo a Chichihualco, varios sujetos las encañonaron y las echaron de la zona. En 2018, Yoltzi se focalizó en mujeres desaparecidas.

Con sigilo, las buscó en bares y cantinas clandestinas de la región de Acapulco y alrededores. Su objetivo principal era hallar a Yatzil. En un poblado cercano al puerto, encontró mujeres víctimas de trata sexual. Notificó a la fiscalía estatal. Por medio de un operativo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) rescató a una decena de ellas.

Yoltzi asegura que, con sus búsquedas, perjudicó el negocio de más de un funcionario. Que sus investigaciones dejaron al descubierto que habitantes, síndicos y autoridades municipales estaban involucrados para que el negocio de explotación de mujeres operara en los establecimientos ilegales en los poblados.

De acuerdo con su denuncia en la FGR, gestionar los casos de mujeres en la fiscalía de Guerrero coincidió con las primeras amenazas que llegaron a las redes sociales del colectivo. Luego comenzaron las llamadas intimidatorias a su teléfono para disuadirla de investigar. Culpa a agentes de la fiscalía de las represalias por señalar a funcionarios locales. “Ya no pude tener paz”, confiesa.

“Las amenazas más fuertes vienen cuando, como buscadora, te enfocas en rescatar a mujeres en trata. Ellas generan dinero”, asegura Yoltzi. No tardaron en perseguirla sujetos en vehículos. Se cambió de domicilio y se cortó el cabello. La advertencia decisiva se registró la madrugada del 14 de enero de 2021. Los agresores, presuntos funcionarios de seguridad y criminales, según Yoltzi, incendiaron el automóvil de su pareja frente a su casa, a dos calles del centro de Chilpancingo, la capital guerrerense.

Días después del incendio, hombres en motonetas rondaron su domicilio. Ella y su pareja salieron a buscar ayuda. Cerca de la casa se aproximaron a policías estatales, pero notaron que los agentes mandaron una seña a los hostigadores. Yoltzi pensó que nadie la protegería de un atentado mayor. Entonces, tomó un poco de ropa y huyó con su hijo a la Ciudad de México. Se alojaron en un refugio otorgado por el Mecanismo de Protección.

Esta área de la Segob ha otorgado refugios a 37 personas buscadoras originarias de Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja California. En todas las regiones del país las rastreadoras fueron forzadas a huir para protegerse de un posible riesgo de muerte.

La información concedida por la Segob indica que, en siete casos, los agresores que provocaron el desplazamiento eran funcionarios. En 13, criminales. En el resto, la autoridad no aclaró quiénes fueron los agentes amenazadores.

Las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en la existencia de una cifra desconocida de casos de desplazamientos forzados porque es común que las rastreadoras, por temor, no informen sobre sus cambios de domicilio. Sin embargo, un análisis de los datos otorgados por colectivos y autoridades muestra que hay muchas más buscadoras desplazadas que las que se encuentran en los refugios concedidos por la Segob.

Así, por ejemplo, mientras en su informe la REN contabiliza 162 personas rastreadoras forzadas al desplazamiento por inseguridad relacionada con sus actividades, dependencias federales y de los gobiernos estatales informaron por transparencia que son, al menos, 341.

Este último número se encontró a partir de las respuestas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que reportó 147 desplazamientos en 12 entidades, y de las homónimas estatales de Veracruz, que notificó que tiene 158 registros; de Morelos, que anunció 26, y de Guanajuato, Puebla y Sinaloa, que agregaron 10 personas que cambiaron de residencia.

En la información otorgada por la Segob no hay mención a refugios cedidos a buscadoras de Veracruz y Morelos, aunque ambas entidades suman 184 personas que abandonaron su domicilio.

Yoltzi, hoy de 40 años, se vio obligada a perder su casa de Acapulco y a cortar contacto con familiares porque, además, a finales de 2021, meses después de refugiarse en la Ciudad de México, dos sujetos en motocicleta detuvieron a una de sus sobrinas en una calle en Chilpancingo: querían saber la ubicación de la buscadora.

No ha parado su búsqueda, ahora a nivel nacional. “Si no busco a mi hermana, es como si la matara”, confiesa. De acuerdo con sus investigaciones, concluyó que, en contubernio con la fiscalía de Guerrero, uno de los cárteles de la entidad fue el perpetrador de las amenazas en su contra. La acusación quedó registrada en la denuncia que levantó en la FGR después de arribar, con su hijo, a la Ciudad de México, en enero de 2021. “Esa es la razón por la que tengo tanto temor y me resulta imposible regresar a mi estado”, advierte en el documento.

En su declaración también dice que una persona la previno de que la fiscalía estatal sabía que estaban en la capital mexicana. La rastreadora reclamó al personal del Mecanismo de Protección. “Solo ellos conocían de nuestro traslado a esta ciudad… cómo es que se había filtrado la información”, anota la denuncia.

Las rastreadoras, así como colectivos, organizaciones y dependencias de gobierno consultadas para esta investigación, señalan los patrones de las agresiones que empujan al desplazamiento o que pueden culminar, incluso, en un asesinato. Las buscadoras entrevistadas muestran indignación por las ejecuciones de sus compañeras. Sobre todo, confiesan tener miedo.

Concuerdan en que, casi siempre, la primera intimidación es telefónica. A veces envían fotografías de familiares. Si las rastreadoras continúan en búsquedas y difunden en medios, el hostigamiento crece hasta que la amenaza es de muerte. Algunas huyen a otra entidad. Muchas familias no se desplazan lejos, pero sí abandonan sus patrimonios. Si surge otra amenaza, vuelven a cambiar de domicilio.

“Dentro de sus acciones de búsqueda, ellas preguntan a personas que tal vez estuvieron involucradas dentro de la delincuencia organizada. Tocan fibras sensibles de estos grupos, y pueden ser amenazadas”, puntualiza Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la CEAV.

Con base en lo que ha logrado documentar, Rodríguez precisa que, cuando los agresores son funcionarios, se debe a que son “autoridades corruptas, sobre todo del ámbito municipal, relacionadas con grupos delincuenciales. Cuando las rastreadoras indagan, este tipo de autoridades buscan una manera de reaccionar y acallar de manera directa. Es importante que se realicen las investigaciones correspondientes”.

Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, de Guanajuato, confiesa que tres de sus compañeras están desplazadas por buscar. “Nosotras desenterramos los cuerpos que el crimen organizado quiere ocultar. Somos incómodas para las autoridades porque mostramos que son mentiras las cifras que presumen de entidades seguras”, argumenta.

Cuando ellas van a los lugares de riesgo donde podrían encontrar cuerpos de desaparecidos y son acompañadas por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, el despliegue frena por días el negocio de la venta de droga, comenta la abogada Isabel Suárez Terrazas, especialista en género de la organización Idheas. Así, perjudican las ganancias de delincuentes y funcionarios involucrados.

“Autoridades del Estado han matado a buscadoras porque visibilizan el nivel de delincuencia del lugar y la colusión con el gobierno. Por eso nos calla la boca, nos mata, nos echa”, sostiene, por su parte, Yadira González, desplazada y coordinadora del colectivo nacional Unidas Siempre Buscando. “No sabemos de qué lado va a venir el riesgo. Es el mismo monstruo de dos cabezas: Estado y crimen organizado”.

Las entrevistadas, en todos los casos, enfatizan que, cuando denuncian las agresiones con pruebas en el Ministerio Público, no se da seguimiento a las carpetas de investigación. Martín Villalobos, integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, insiste en ello. Es desplazado y cuñado de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de la UNAM desaparecida en 2004. De acuerdo con las investigaciones de la familia, el delito fue cometido por un grupo criminal que operaba bajo el cobijo de un policía judicial del Estado de México. Por investigar, 17 familiares fueron desplazados.

https://www.youtube.com/embed/mn1lWjotGaQ▲ Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004. Por más de tres lustros, su mamá Adela Alvarado y el resto de su familia han sido amenazados y desplazados por buscarla.

“Tan involucradas están algunas autoridades del Estado que, si tienes una línea de investigación que apunte contubernio con criminales, no avanza el caso”, advierte Villalobos. “Pasa, sobre todo, en municipios, donde muchos cargos los controla el crimen organizado”.

“Si te amenazan las autoridades, ¿con quién te quejas? Sucede bastante, pero es muy difícil probarlo. Es escalofriante porque también participa el crimen. Es un monstruo gigante”, resume Jesse Barajas, del colectivo Buscando a Tolano, de Baja California. Conoce al menos a 10 personas que se desplazaron por medios propios.

En los casos de amenazas, ataques y desplazamientos documentados para esta investigación, no hay personas arrestadas y/o enjuiciadas. Los colectivos tampoco identifican uno solo que haya concluido en un proceso.

Sobre estas acusaciones, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque, dice que identifica “pocos casos relevantes en donde son las autoridades municipales las que agreden y son fuente de riesgo”. En los episodios de agresiones contra rastreadoras más marcados en los que ha intervenido el Mecanismo de Protección, asegura, los perpetradores fueron integrantes de la delincuencia organizada.

Irazoque no descarta involucramiento entre algunos funcionarios locales, principalmente municipales, con bandas de delincuencia organizada que tratan de inhibir las búsquedas porque se ven amenazadas cuando las rastreadoras van a los territorios. De acuerdo con él, son las fiscalías estatales quienes deben dar respuesta sobre los verdaderos culpables, autores materiales e intelectuales, debido a que “el mecanismo no tiene atribuciones para eso”.

“Aunque las buscadoras proporcionen números, mensajes y pruebas de las amenazas, las autoridades no buscan a los agresores”, acusa la abogada Isabel Suárez con base en su experiencia como representante legal. Los casos no documentados de amenazas y desplazamientos prevalecen porque, en ocasiones, por desconfianza y temor, ellas optan por no denunciar. Es “una cifra negra alta. La información oficial de las autoridades no reflejará el poder de las agresiones contra las rastreadoras”, sentencia.

La CNDH, por ejemplo, no entregó mención alguna sobre casos de desplazamiento forzado. De seis comunicados otorgados, cuatro abordan los peligros en territorio sonorense: una desaparición, un secuestro, un asesinato, medidas cautelares para el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Otro es sobre una demanda para ingresar a un predio en Matamoros, Tamaulipas. El último es una queja colectiva de familiares que solicitaron protección ante presuntos actos y omisiones de la CEAV.

Hay un pronunciamiento de febrero de 2022: un integrante del colectivo Hasta Encontrarte y tres familiares más fueron golpeados y torturados, en enero, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado, que irrumpieron en su domicilio.

Autoridades omisas, impunidad constante

La abogada Isabel Suárez Terrazas, de la organización Idheas, acompaña a siete buscadoras líderes de colectivos y que son mamás de mujeres desaparecidas. Ellas, originarias de Guerrero, Estado de México, Veracruz y Guanajuato, han sido agredidas y amenazadas de muerte por ser rastreadoras. Dos, de Iguala, Guerrero, están desplazadas.

A través de las acciones urgentes del CED de Naciones Unidas, Suárez ha emprendido una lucha contra el desplazamiento de las buscadoras. Como su representante legal, ha solicitado las medidas cuando ellas están en riesgo. Gracias al amparo 1077/2019, interpuesto por Idheas, las recomendaciones del CED al Estado mexicano son obligatorias para las autoridades. “Se ejerce presión rápida”, señala. De esta manera, ha logrado medidas de protección para las rastreadora

Sobre la seguridad que confieren las autoridades federales en las búsquedas de cuerpos en fosas clandestinas, las personas buscadoras explicaron que las comisiones de búsqueda estatales la solicitan a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Uno de los mayores problemas que enfrentan las rastreadoras, advierte Suárez, es que, en general, los gobiernos estatales no les otorgan seguridad. Agrega que es común, incluso, que, si son intimidadas, no acudan a las fiscalías. Una buscadora “no puede ir con la autoridad porque es la que la está violentando y amenazando”, arguye.

Para esta investigación se realizaron diversas solicitudes de información a las 32 administraciones de las entidades del país. El propósito era documentar el nivel del sistema de protección para las buscadoras que otorgan las secretarías de Gobierno, las fiscalías, las comisiones de derechos humanos y de protección a víctimas.

La información recabada arrojó que las entidades federativas, en general, no tienen registros sobre medidas de protección para las rastreadoras. Solo cinco otorgaron alguna. Las únicas fiscalías que reportaron agresiones fueron las de Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato. Once comisiones de derechos humanos levantaron quejas por agresiones, pero solo tres lanzaron una recomendación.

Respuestas de las entidades federativas sobre la protección que otorgar a rastreadoras de personas.

TABLA

Las entidades federativas, en general, no protegen a las buscadoras

En el informe del CED se efectuó una recomendación al Estado mexicano: fortalecer el sistema de protección de las víctimas de la violencia en México, específicamente el Mecanismo de Protección federal, para garantizar su seguridad.

Enrique Irazoque, de la Segob, plantea que “hay toda una deuda institucional desde las entidades federativas en esta materia”. Identifica solo una tercera parte de las entidades del país, no más de 11, con un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“Va a llegar un momento en que esto será insostenible. Es decir, el Mecanismo de Protección federal no puede asumir todas las obligaciones de proteger a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. En este caso, a las madres buscadoras. El problema es que, a lo largo de estos años, el mecanismo se ha venido quedando solo en muchas regiones del país. Ha asumido la obligación de todo el Estado y no va a haber institución que pueda responder a eso”, considera.

El Mecanismo de Protección informó que en 91 casos ha entregado 1,017 acciones de protección para las rastreadoras. Del total, 127 (el 12.48 por ciento) corresponden a medidas relacionadas directamente con resguardo: 72 patrullajes y 55 casos de escolta y acompañamiento. Más de 273 casos no se especificaron, pero representan casi el 27 por ciento del total.

“Las medidas que proporciona el mecanismo son nulas. Ellos creen que darte un número telefónico o un botón de pánico es una medida de seguridad. No es verdad”, opina Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte.

Algunas de las rastreadoras entrevistadas para esta investigación aseguran que no han recibido medidas de protección del mecanismo federal, principalmente por desconfianza hacia las autoridades y porque creyeron que se pondrían en mayor riesgo si proporcionaban datos personales.

Es el caso de Edna Ruth Quiles Hernández, desplazada de Ensenada, Baja California, por buscar a su hijo Jordan Giovanni de 26 años, desaparecido en 2019. También el de Juan Carlos Trujillo Herrera y sus familiares, quienes hace una década huyeron de Pajacuarán, Michoacán, tras investigar y denunciar las desapariciones de cuatro hermanos de él, ocurridas en dos episodios distintos, en 2008 y 2010.

Y es la historia, de igual manera, de María de Jesús Soria Aguayo. El primero de varios desplazamientos forzados que enfrentó se detonó en los separos del Ministerio Público de la fiscalía de Veracruz. Ahí, el 12 de septiembre de 2016, un agente le ordenó que se marchara de la entidad, tres días después de que varios hombres armados, presuntos policías, desaparecieran a su hijo Iván Yan Ibarias, de 21 años, de su domicilio en la colonia La Juanita, al oeste del puerto.

—Ni modo. ¡A la chingada! ¡Se tiene que ir de aquí con su familia! —decretó el agente frente a otros oficiales después de interrogar a María.

Un día antes, un agente del Ministerio Público, a quien ella identifica como Alejandro León Chaga, de acuerdo con la denuncia que levantó en la FGR, comentó que la desaparición “había sido una equivocación”.

La noche de ese 12 de septiembre, María y sus familiares empacaron lo indispensable. Su hija, yerno y nietos huyeron a la Ciudad de México, a casas de familiares. María tomó el riesgo de quedarse en Veracruz, pero rentó un cuarto en otro municipio de la entidad. Para encontrar a su hijo Iván, decidió unirse a los colectivos. Con ellos, aprendió técnicas para rastrear cuerpos en terrenos.

En ningún momento, pese a estos desencuentros con las autoridades, María paró de exigir a la fiscalía que buscara a su hijo. Una noche, cuatro sujetos la acorralaron en su morada y uno la encañonó desde la ventana. Ella huyó a otro municipio de Veracruz, pero un día, a finales de 2020, un hombre la desalojó de un taxi y entregó un mensaje: sería ejecutada si no frenaba su búsqueda.

María notificó a la FGR uno de sus cambios de domicilio por amenazas. Por instrucción del agente del Ministerio Público federal, tres policías estatales en una patrulla se presentaron ante ella. Fue la única vez. Además de esa visita, nunca ha recibido otra medida. “No confío en las autoridades porque se llevaron a mi hijo”, acusa. Por recelo, cuando conoció el Mecanismo de Protección, no solicitó ayuda.

Encontró consuelo y apoyo, dice, en algunas compañeras buscadoras. Hoy, es integrante del colectivo Unidas Siempre Buscando, que nació en 2020 y está conformado por 18 rastreadoras de 18 estados. Quince de ellas son desplazadas. Representan a compañeras que peligran si regresan a entidades donde se efectúan búsquedas. Se conocieron en los encuentros nacionales. “Hicimos esa tribu porque solo entre nosotras nos entendemos”, dice Yadira González, coordinadora del colectivo.

Yadira, de 40 años, es desplazada de Querétaro. Afirma que nunca buscó protección de las autoridades del Estado porque estas la persiguieron por denunciar en la entidad las desapariciones, incluida la de su hermano, Juan González, registrada en 2006. Desde 2011, ha buscado a personas desaparecidas en diversas entidades del país.

No confía en las autoridades encargadas de la seguridad, igual que María y que el resto de rastreadoras y colectivos entrevistados para esta investigación. Se solicitaron entrevistas a todas las dependencias de justicia y seguridad señaladas por las buscadoras como sus agresores. No se obtuvo respuesta.

Antes de su expulsión definitiva a la Ciudad de México, María de Jesús y su familia, nietos incluidos, fueron agredidos por un hombre, en la primavera de 2020, cuando daban mantenimiento a la vivienda abandonada de la Juanita. “¿Qué hacen aquí ustedes? Ya no son dueños de la casa. Voy a hablar para que les den un pinche levantón”, amenazó el sujeto. María lo enfrentó con machete en mano.

Autoridades y delincuentes la echaron de su tierra, concluye. “Sé que es peligroso y que pueden volarme por lo que destapo, pero ya me arrancaron la vida”. Las amenazas no frenaron su objetivo de encontrar a su hijo: en 2019, los restos de Iván aparecieron en Arbolillo, municipio de Alvarado, un inmenso sepulcro ilegal donde se han hallado decenas de cuerpos desde 2017. Tres años después, a principios de 2022, María logró recuperar el cráneo, el torso y otras partes.

Familiares que viven en la capital mexicana le tendieron una mano. María perdió a Iván Yan y, también, su patrimonio, ese rincón material en La Juanita que ambos levantaron tras años de esfuerzo. “Mi propósito es escarbar”, exclama María, de 52 años. No debe buscar en Veracruz. Por eso se enfoca en búsquedas grandes de fosas en otras entidades del país. Sale de la Ciudad de México únicamente para rastrear.

Esa es su vida. Pese al riesgo inminente, desea regresar a su casa en La Juanita. Sabe que retornar implicaría un riesgo, incluso de muerte, pero ruega para que, un día, alguien susurre en su oído: “Ya regrésate a tu covacha, ya todo terminó”.

*Esta investigación fue realizada por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez para CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.

*Esta es la tercera entrega cuya versión original puedes leer aquí.

Primera parte:

¿Quién teme a las rastreadoras?

Segunda parte:

Desaparecer a los desaparecidos