13 diciembre, 2022
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México lanzaron una declaración conjunta en defensa de los derechos de Castillo, “víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Texto: Corresponsables de IPS y Arturo Contreras
Foto: Ernesto Benavides / AFP
GINEBRA Y CIUDAD DE MÉXICO.- Entidades de derechos humanos de las Naciones Unidas reclamaron respeto por los derechos humanos en Perú, donde las protestas por la destitución de Pedro Castillo como presidente han dejado al menos siete muertos, decenas de heridos y un clima de emergencia en varias regiones.
Marta Hurtado, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), declaró que “con el aumento de la violencia a medida que continúan las protestas en Perú, estamos profundamente preocupados de que la situación pueda escalar aún más”.
Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas para esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”, agregó.
En Perú, la situación es particularmente tensa en regiones del sur, donde los manifestantes han bloqueado vías, intentado tomar aeropuertos y protagonizado choques con las fuerzas policiales, incluso usando explosivos caseros, y las fuerzas de seguridad son señaladas por utilizar munición real en sus disparos.
Decenas de policías y civiles han resultado heridos, y entre los manifestantes muertos hay varios adolescentes.
Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al condenar los hechos de violencia, pidió dialogar a las instituciones del Estado y a todos los sectores sociales “para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos”.
En cuanto a la situación de Castillo, la Cidh “llama al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida”, para el exmandatario depuesto y detenido el 7 de diciembre, después de que trató de establecer un gobierno de emergencia y disolver el parlamento.
En Lima se viven horas de expectación porque la Corte Suprema evalúa la apelación de Castillo a la orden de detención provisional, y cuyo resultado podría ser liberarlo este miércoles 14 o mantenerlo entre rejas a la espera de juicio.
El período quinquenal que inició Castillo el 28 de julio de 2021 debía caducar el mismo día del año 2026.
La convocatoria inmediata a elecciones anticipadas, tanto para la presidencia como parta el parlamento, la renuncia de Dina Boluarte —quien fue designada presidenta por el Congreso legislativo— y la libertad de Castillo, son las principales demandas expresadas en las manifestaciones que se han extendido en Perú, sobre todo en el sur que votó masivamente por el detenido exmandatario.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México lanzaron una declaración conjunta en defensa de los derechos de Castillo, “víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Ese artículo de la convención aprobada en 1969 garantiza los derechos de elegir y ser elegidos que tienen los ciudadanos americanos mediante el sufragio, así como la libre expresión de la voluntad de los electores, y señala las limitaciones a ese derechos que pueden ser legalmente aceptables.
Los cuatro gobiernos hicieron “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, añadió el texto de los cuatro gobiernos, reconociendo a Castillo y sin mencionar a Dina Boluarte.
La cancillería peruana replicó declarando que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre generaron la decisión del Congreso de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú”.
El texto de Lima recordó que Castillo “intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que constituyen un golpe de Estado”.
“Ante este escenario, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”, expuso la réplica.
Agregó que “en atención al consenso existente en el Perú, la presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024”.
Esta mañana. en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones están en pausa.
No hay normalidad política en Perú. No se trata de decir: Va a haber relaciones. Está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa, los medios no informan (…) está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, dijo.
En referencia al documento emitido por los cuatro gobiernos, dijo que “es un llamado a todos los sectores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y los sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A pregunta expresa de si el gobierno Mexicano reconocía a Dina Boluarte como presidenta del Perú, el presidente respondió: “Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior”.
Lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe de ser víctima de represión”, apuntó.
El 9 de febrero el presidente López Obrador ya había usado el término de pausa en las relaciones bilaterales; en ese entonces con España. En ese entonces, el presidente pidió una pausa porque en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, las empresas españolas apoyadas por el poder político habían abusado del pueblo mexicano.
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