El desarrollo de infraestructura del sector energético lleva años sumergido en la polémica aparición de grupos criminales, casos de amenazas, despojo, desempleo y pobreza. Ahora, tras la revelación de los papeles de comunicación interna de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), denominada #GuacamayaLeaks, también se reconoce que el robo de hidrocarburos es la principal fuente de ingresos del aparato criminal en México, que se expande con cada nuevo mega-proyecto

Texto: Ricardo Balderas / PODER Latam

Fotos: PODER Latam

CIUDAD DE MÉXICO. – Los grupos criminales con mayor presencia en México (Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cartel del Golfo) se concentran en las costas del mar del Golfo de México con el fin de extraer, de manera ilegal, el hidrocarburo propiedad del Estado mexicano que es gestionado desde las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) o subarrendado a firmas internacionales.

De esta manera, aun cuando los esfuerzos federales de la administración obradorista prometen terminar con esta práctica llamada coloquialmente como huachicol,  son el propio Estado y las empresas quienes indirectamente sostienen gran parte de las finanzas de los denominados Carteles de la Droga.

En mitad de esta embestida por la inseguridad provocada por la presencia del crimen organizado, aparece otro reto para los habitantes de dos de los estados con mayor actividad en la industria de hidrocarburos, Veracruz y Tabasco: un nuevo gasoducto.

Se trata de un anuncio de ampliación para la infraestructura de lo que se conoce como Complejos Procesadores de Gas Natural (CPG’s), ubicada en el Golfo, que desató que pequeñas comunidades pesqueras de Veracruz intentaran dialogar con las autoridades antes de ser desplazadas de las costas donde, por generaciones, solían realizar sus actividades económicas.

Hasta el momento, aseguran que ninguna autoridad ha tomado con seriedad lo que ellos prevén les podría arrebatar el sustento y la seguridad. De esta manera, cada nuevo gasoducto o refinería, es también, una brecha que se abre por sobrevivir al desempleo o al crimen.

El pasado mes de agosto, 18 organizaciones de la sociedad civil, coordinadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), suscribieron un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde exigen a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) desechar los proyectos de Gasoducto Extensión Sureste etapas I y II dado que, según apuntan las organizaciones firmantes, con dicha construcción se pone en riesgo un corredor arrecifal ubicado principalmente en Veracruz. Pero, al tratarse de una zona poco explorada, podría generar más daños de los previstos por las agencias del Estado.

La empresa que amenaza como un cartel

El problema no se concentra solo en El Golfo. La firma acusada por ambientalistas de dividir proyectos es también el corporativo energético con más antigüedad en México. TransCanada, misma que recientemente cambió su denominación social a TC Energía (TC Energy en inglés), fue la empresa que logró la primer autorización federal para operar infraestructura energética en el país. Según su información pública, tiene en potestad cuatro de los ductos más importantes del país (Manzanillo-Guadalajara, El Encino-Mazatlán, Naranjos EL Sauz y Sur de Texas-Tuxpan), además de dos proyectos en etapa de desarrollo. Varios de ellos, se encuentran en el mismo conflicto que el anunciado para el Golfo de México.

Cabe señalar que a pesar de haber presentado las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de las Etapas I y II del gasoducto Coatzacoalcos-Dos Bocas y de haber publicadas en la Gaceta Ecológica de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la información sobre el estatus del proyecto no aparece en el sitio oficial de la empresa. A diferencia de otros dos proyectos con calidad de desarrollo que sí son reportados.

No importa si es un cártel o una empresa transnacional, el miedo al embate siempre es el mismo. En septiembre de 2018, algunos medios de comunicación revelaron que, vía agentes negociadores, la empresa TransCanada había amenazado a una mujer campesina e indígena, doña Maura Aparicio, para que cediera su predio ubicado en el municipio Chila de Juárez, Puebla. Esto con el fin de que la empresa pudiera concluir con la construcción de un oleoducto con ruta Tuxpan-Tula.

Según lo narrado por Maura Aparicio para la cadena DW, un hombre, que las comunidades indígenas reconocieron como trabajador de TransCanada, habría aparecido en su parcela pisoteando la cosecha, tomando fotografías y exigiendo a la mujer que vendiera sus tierras. En ese momento, la empresa dijo desconocer los casos de apropiación de tierras en comunidades indígenas y se pronunció en desacuerdo con la reubicación sin consulta de la que era acusada de impulsar.

Sobre este caso, la organización de la sociedad civil GRAIN, publicó un documento titulado Territorios del agua: defensa de los ámbitos de comunidad y la historia compartida de sus pueblos, donde de manera colectiva sus integrantes recolectaron algunas de las reflexiones sobre la resistencia de los pueblos Otomí, Nahua y Totonaca[1].

“Comunidades otomíes, nahuas y tepehuas de la región de la Sierra conocida como Puebla-Hidalgo, en México, se habían agrupado en consejos indígenas locales y luego en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Éste es fruto de un tejido muy de abajo de poblados, localidades, comunidades y ejidos que sabiendo que serán afectados por el paso del gasoducto comenzaron a organizar su entendimiento de las afectaciones. Eso los llevó a emprender una serie de acciones jurídicas (amparos) para frenar el paso del gasoducto y las movidas de la compañía”, explica el documento en manos de PODER.

Respecto del mismo gasoducto, Tuxpan-Tula, operado por TransCanada, la comunidad de Tepapatlaxco, en el municipio de Xicotepec, denunció para el diario La Jornada, que personal de la firma se encontraban realizando recorridos en terrenos de la localidad para trazar una nueva ruta vía la Sierra Norte de Puebla.

“Los lugareños señalaron que es una falta de respeto que ingenieros y topógrafos de la minera transnacional vayan a medir terrenos, cuando no han sido tomados en cuenta. Relataron también que el personal de la empresa supervisó la zona para verificar los terrenos por donde iría el tubo que transportará gas natural desde Texas, Estados Unidos de Norteamérica”, explican.

Pescadores en Veracruz piden apoyo federal ante nuevo gasoducto

Los pescadores del estado de Veracruz pasan por una situación similar a la de los campesinos en Tepapatlaxco o las comunidades indígenas de Chila de Juárez.

El caso de Henry Márquez Escudero, actual presidente de la Sociedad Cooperativa Puente de Tamiahua y Tampamachoco y un sobreviviente a un levantamiento presumiblemente causado por su activismo en contra del gasoducto en el municipio de Tuxpan, Veracruz, ocupó los titulares de los periódicos en Veracruz tras notificarse que su camioneta había sido abandonada en las inmediaciones de Tamiahua.

El pescador, oriundo de esa pequeña comunidad pesquera, lleva ya más de cinco años luchando por recuperar diferentes espacios de diálogo con el gobierno tras la llegada de TransCanada y preocupado por sostener la actividad pesquera de su comuna.

“El proyecto en el Municipio de Tamiagua, donde inicia el proyecto del gasoducto Texas-Tuxpan, ya venía autorizado desde la Ciudad de México desde 2017. Llegaron (los ingenieros de TransCanada) a decir que iban a comenzar los trabajos de la construcción y el sector pesquero no sabía, los capitanes del puerto no sabían nada, en general, ninguna autoridad tenía información”, explica, en exclusiva para PODER, el activista y pescador.

Márquez Escudero se refiere a lo que ellos, los pesqueros, identifican como primer etapa del gasoducto,  el que sale de Texas y llega al municipio de Tuxpan donde asegura que sin ningún tipo de consulta, la empresa llegó a las comunidades con los documentos autorizados por el gobierno sin que ellos, quienes viven o trabajan en la zona pudieran discutir al respecto. Ese proyecto según explican, ya se encuentra operando. “Me imagino que (la nueva solicitud de MIA) es una segunda etapa de lo mismo”, comenta.

Desde entonces, las costas del Golfo han sufrido movimientos respecto a la actividad pesquera sin que autoridades o empresa puedan dar parte del por qué algunos sectores reducen sus actividades. Es por estos motivos que el sector de pescadores de todo el Golfo pide al Gobierno Mexicano ser partícipe en la toma de decisiones sobre los puntos y trazos donde pasa, o pudiese pasar, el gasoducto.

La respuesta de la empresa a esta exigencia fue negativa. Según lo narra Henry, esos temas son de los pocos que no están sujetos a negociación para la firma.

“Es un tema que ellos determinan por los estudios de factibilidad ideal y fiabilidad; déjame decirte que el sector pesquero no está en contra del proyecto de desarrollo energético, pero sí, tampoco podemos pasar por alto que no seamos tomados en cuenta, somos 35.000 pescadores en Veracruz más sus familias. Sí hay más de 10.000 embarcaciones menores, hablo de lanchas que operan en todo el estado de Veracruz y hay más de 60 embarcaciones”, asegura.

La falta de información: origen y destino.

La experiencia del pescador respecto a la falta de información sobre los proyectos de infraestructura es absoluta y llega hasta Tabasco donde se construye la Refinería Dos Bocas, uno de los proyectos emblemas del actual presidente y destino inminente de los gasoductos que ahora se encuentran en etapa de evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental.

En todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, sin importar el tiempo que un solicitante se tome para pedir acceso a la información, que por ley debería ser pública, hay opacidad. En el mejor de los casos, simplemente dejan de responder. El problema no es nuevo. En 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto la adhesión a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), para ampliar justamente la transparencia y rendición de cuentas del sector. A pesar de aquel logro, y la inclusión de México en la EITI, el país continúa ocultando información y privilegiando a las empresas.

Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos, en su apartado 66 explica que: “El Centro Nacional de Control del Gas Natural deberá ejercer sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como de independencia respecto de los Permisionarios cuyos sistemas conformen el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural”. Por lo menos, en lo que respecta a la transparencia, esto sigue sin ocurrir.

Las autoridades locales tampoco se muestran abiertas al diálogo. En el Congreso de Tabasco, donde el partido Morena tiene la mayoría representativa, ningún legislador de los cinco que presiden la comisión de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, accedió a entrevistarse o compartir información sobre el desarrollo del proyecto propiedad de TransCanada.

Salvo por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Shirley Herrera Dagdug, quien explicó que, al ser de oposición al actual gobierno, nadie comparte información en tiempo y forma con ella y que por ese motivo no podría opinar sobre el proyecto, ningún otro asambleísta accedió a hablar, ni de Dos Bocas ni del gasoducto que pretenden conectar con la refinería.

Cuando PODER solicitó al presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, José de Jesús Hernández Díaz, una entrevista para abordar el tema, el funcionario público se encerró en la sala de sesiones y salió por la puerta trasera para evitar contacto y se solicitó a guardias negar el acceso al recinto público a nuestros reporteros.

De la misma manera, se solicitó una entrevista con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, actual precandidato a la Presidencia de la República y exgobernador de Tabasco y hasta el momento del cierre de esta edición, su equipo de comunicación no respondió.

En el mismo sentido la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la propia TransCanada (Ahora TC Energy) hasta el momento del cierre de esta edición no respondieron a la solicitud de entrevista realizada por este medio de comunicación.

La única versión oficial que es posible recabar en Tabasco es la de la alcaldesa del municipio de Paraíso donde actualmente se construye la refinería, Anita Castellanos del PRD. La alcaldesa únicamente posee información sobre las implicaciones directas al municipio que gobierna.

Tras la llegada de la Refinería Dos Bocas, a ese municipio de Tabasco, la zona habitacional colindante a la mega obra quedó, según palabras de la alcaldesa, “en un 80% bajo el agua”. Tal y como la primer edil lo explica, los trabajos que requerían de rellenos sanitarios para la construcción de dicha refinería fueron un “fracaso” dado que el flujo del agua del río que pasa por la ciudad cambió su cauce y terminó por inundar dichas zonas habitacionales.

Casas inundadas, crimen organizado, falta de empleos y abandono presupuestal son las condiciones que la alcaldesa identifica y reprocha a Rocío Nahle actual titular de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Del gasoducto, nadie de su equipo reconoció tener información oficial.

Una realidad que abruma

El tamaño del conflicto por la energía y su infraestructura es calculable sólo en términos globales. Esto debido a que la infraestructura energética responde al mercado mundial, donde el principal socio comercial de México es Estados Unidos. La red de gasoductos, debe ser vista como una sola red continental, no como redes que responden únicamente a intereses nacionales, así lo explica el académico economista y maestro en geografía, Samuel Rosado-Zaidi de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La historia de las divisiones del sistema de gasoductos en México, según el economista, narra que en 2019 la Secretaría de Economía dividió el país en 9 zonas de ductos. 3 zonas fronterizas, 4 zonas del Golfo de México, una del Istmo (que es en realidad la infraestructura del Golfo, no debe verse aparte) y una más del lado de los puertos del Pacífico: Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Y agrega: “La infraestructura energética del país debe entenderse por la integración del país al mercado mundial. A mi parecer, la región del Golfo es una región económica que explica con mayor precisión la integración energética, territorial y comercial. Por un lado, es una zona de comercio mundial en la que desemboca el segundo río más grande del continente: el Misisipi. Por el otro, es una zona geológica donde se concentraron grandes reservas de petróleo y gas; además es una frontera marítima compartida por los dos países que vemos en el mapa”.

Sobre la importancia de la zona, el académico lo explica de la siguiente manera: “El Golfo se divide en dos partes. La parte fronteriza, en la que fluyen mercancías pero se restringe a las personas y el llamado Gran Istmo de Tehuantepec; véase el trabajo del investigador Andrés Barreda, que va desde la depresión geológica en la que termina la masa montañosa continental de México y empieza la de Chiapas que se extiende a la Sierra Madre Guatemalteca. Este ha sido un sitio histórico de disputa, dado que es el punto más estrecho entre océanos más próximo a Estados Unidos y sin salir del Golfo de México”.

Por último la zona de gasoductos se extiende a las zonas industriales de México, principalmente el Eje Neovolcánico transversal, que concentra el 50% de la población y de la gran industria manufacturera, y la franja fronteriza que concentra el sistema de maquila. Se podría argumentar de una nueva franja de gasoductos de Sonora y Sinaloa que responden a intereses agroindustriales y de consumo incrementado de energía. En ese sentido, el académico, el pescador, los activistas, incluso algunas autoridades coinciden: “No es un proyecto aislado”.

Otra de las querellas apuntadas en el comunicado de los ambientalistas del CEMDA, es que se argumenta que dicho gasoducto se trata de un sólo proyecto y no dos como “lo hacen parecer en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)”. Y agregan que en dicho caso, se atentaría contra  la jurisprudencia aplicable al Amparo en Revisión 54/2021.

“Se trata de un solo megaproyecto de infraestructura en dos etapas, que se llevará a cabo en los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Coatzacoalcos del estado de Veracruz, y en el municipio de Paraíso del estado de Tabasco”, explica el comunicado en manos de PODER. Y arremeten: “La finalidad de dicho megaproyecto es transportar gas natural y abastecer la creciente demanda vinculada con la Refinería Dos Bocas y el Corredor Industrial Transístmico”[2].

Para Rosado-Zaidi, el problema con las MIAs radica en su inoperación. Por ejemplo, de 2001 a octubre de 2022 se han revisado 2,748 MIAs para Veracruz y 1,392 para Tabasco. De hecho, Veracruz sólo está por debajo de Quintana Roo (2902) en el número de MIAs revisadas en este periodo, haciéndola una de las entidades con mayor número de procedimientos administrativos de esta naturaleza. Es decir, el 70% de las MIAs en Veracruz y Tabasco son proyectos de “red”: autopistas, carreteras, acueductos, ductos, proyectos de energía, proyectos industriales que dependen de la red.

“Las Manifestaciones de Impacto Ambiental son un recurso administrativo contemplado en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; una ley que contempla la autoregulación empresarial como fundamento para la regulación ambiental y que ha derivado en una incapacidad estructural del Estado mexicano de realmente regular y proteger un medio ambiente sano. Según académicos como Omar Arellano, 7 de cada 10 ríos está contaminado en México. Además, de 1995 a 2020 se han registrado 4,505 emergencias ambientales y se ha cobrado tan sólo 214 millones de pesos en multas. En comparación, la Unión Europea ha cobrado este monto por cada 6 meses de incumplimiento a Francia por no regular sus emisiones. Son un mero procedimiento administrativo. Si es rechazada la MIA, se puede volver a meter”, comenta el economista.

Otro tema en el que existe desacuerdo, tiene que ver con los análisis de los Sistemas Arrecifales del Golfo que presuntamente se encuentran en riesgo, según lo reportado por CEMDA. Dado que, a diferencia de otros proyectos, en la Manifestación de Impacto Ambiental de los gasoductos denunciados por los activistas, en el caso del nuevo gasoducto, no aparecen las coordenadas del proyecto debido a que se encuentran testadas, por lo que georeferenciar la ruta del gasoducto y compararla con la ubicaciones de los arrecifes de corales, resulta imposible.

Así lo explica Arturo Garrido Mora, director de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez de Tabasco, quien en diálogo para este medio de comunicación comentó que en esta entidad (Tabasco) no existen arrecifes de corales debido a que no hay condiciones para su reproducción.

“Según la literatura científica no hay reportes de su distribución (de coral) en las costas del estado de Tabasco. En general la zona de distribución de arrecifes de corales se delimita en áreas someras marinas, en columna de agua con pocos sólidos en suspensión y lejanas a las desembocaduras de ríos (…) A excepción del arrecife Tripie ubicado al noreste (18.17600 / -94.367500) de la desembocadura del río Coatzacoalcos. Los restantes arrecifes de coral reportados en el sur del Golfo de México están distribuidos al norte del puerto de Coatzacoalcos”, explica el académico.

Lo que sí preocupa, o debería preocupar a los habitantes de Tabasco es, según explica el académico, “Uso sustentable del recurso hídrico asociado a su abundancia y variación espacio temporal hidrometeorológica. Erosión de costa, salinización costera vinculada al cambio climático. Vulnerabilidad social y de salud pública vinculada a alteraciones socioambientales por actividades y prácticas antrópicas. Producción agropecuaria sustentable que promueva la soberanía y seguridad alimentaria. Exploración, extracción, producción, almacenaje y transporte sustentable de energéticos. Actividades pesqueras y acuícolas sustentables que favorezca la conservación de la biodiversidad (especies nativas) y hábitats acuáticos”.

“Como en cualquier parte del mundo donde se realiza la extracción y procesamiento de hidrocarburos, existe la posibilidad de alguna contingencia; en el caso concreto de las refinerías se cuenta con protocolos de seguridad con los más altos estándares de calidad para reducir las posibilidades de siniestros. La coexistencia de grandes proyectos versus medio ambiente constituye un crisol de múltiples ópticas de los diferentes componentes sociales; sin embargo, vale la pena hacer un balance entre los riesgos ambientales calculados y los beneficios que cada proyecto (como la refinería) pueda generar en la región y al país”, finaliza el académico.

Los carteles que viven del gas

A pocos metros de la escuela de biología, donde el académico Arturo Garrido Mora intenta impulsar sus múltiples proyectos de preservación del medio ambiente, un poblado de nombre Loma de Caballo  es señalado por diversos habitantes de Villahermosa como sede de un grupo criminal dedicado exclusivamente al robo de hidrocarburos.

“Los reparten en bidones cuando los compran aquí, lo otro lo guardan en bodegas”, explica un hombre de avanzada edad que se negó a revelar su nombre.

La práctica es compleja porque, según narran los propios trabajadores, los criminales llegan en camionetas con personal de Pemex que conocen la georeferencia de los ductos y que tienen experiencia en extracción del mismo, para ofrecerles “trabajos extra”, de esta manera los reclutados aparecen en poco tiempo con mucho dinero que no pueden justificar. Así existen varios casos.

La información proporcionada por los habitantes de Villahermosa respecto a células criminales que viven del robo de hidrocarburos, coincide con información recabada de a la filtración denominada #GuacamayaLeaks a los que PODER tuvo acceso, donde se puede reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene identificadas las operaciones de tres principales grupos criminales quienes, según sus propios reportes, se sostienen en gran medida del robo de combustible.

[GUACAMAYA_SEDENA]

Esta documentación de carácter confidencial pero divulgada en diferentes medios de comunicación, también revela que la Secretaría de Marina y los gobiernos de Tabasco y Veracruz están siendo investigados por considerar que existen pruebas para asumir una probable vinculación con diversos grupos delictivos dedicados al robo de derivados del petroleo.

En el caso específico de estas dos entidades, el informe fechado en julio de 2022, asegura que en la entidad, operan tres organizaciones delictivas: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien tiene presencia en el 63 por ciento del territorio tabasqueño; Los Panteras y el Cártel del Noroeste, entre los cuales, hay pugna por la plaza.

*Este trabajo fue realizado por PODER LATAM.

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