El caso de Julissa, madre lesbiana a quien le arrebataron a su e hija e hijo, podría mostrar un andamiaje institucional de tráfico de niñas, niños y adolescentes en Yucatán.

Texto: Lydiette Carrión

Foto: Red de Madres Lesbianas

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo empezó cuando Julissa llegó al Hospital Agustín O’Horan, en Mérida, Yucatán, el pasado 2 de octubre. La trabajadora social que la atendió –para decidir cuánto debería pagar para dar a luz  a su segunda hija– la vio “masculina”. La vio pobre. Era el 26 de octubre pasado.

Julissa es originaria de Tabasco. Emigró de su tierra natal para evadir la violencia que sufría; ella es lesbiana, su expresión de género es muy masculina. Para mantenerse a ella y a su pequeño de seis años, trabaja como albañila, y ahora iba a dar a luz a una niña. La trabajadora social le preguntó por qué quería ser madre si era lesbiana. Cómo la iba a mantener. Vio cicatrices en el cuerpo de Julissa, producto de la violencia que vivió años atrás, pero concluyó que de seguro Julissa se drogaba.

Así se ve la lesbofobia en Yucatán, aunada a una probable red de tráfico de infancia.

Julissa parió. Pero apenas la vio nacer, a su bebé se la llevaron y desde entonces no le han permitido amamantarla, sostenerla o verla siquiera, desde el pasado 28 de octubre. El hospital no le dio la partida de nacimiento, un documento fundamental para avalar el nacimiento de la niña, y que Julissa es su progenitora. Esto es, Julissa ni siquiera tiene un papel que le avale que dio a luz a su pequeña.

La trabajadora social dio parte a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay, equivalente al DIF yucateco), sin ninguna prueba, denunció a Julissa sin prueba alguna. Sólo por sospechas.

“En México se supone que las personas son inocentes hasta que se demuestra la culpa. Y si a ti te acusan de algo te lo tienen que probar. Pero a Julissa  la están acusando de maltrato de infancias e intrafamiliar y ella tiene que juntar pruebas de que ella no es violenta. La acusan de uso de drogas, porque a la trabajadora social no le pareció como se veía el día que llegó”, resume Ana de Alejandro, de la Red de Madres Lesbianas en México, en entrevista telefónica.

Julissa intentó recuperar a su hija, pero le arrebataron a su hijo mayor. Las autoridades dijeron que llevara un comprobante de ingresos, que llevara a su hijo de seis años, y otros documentos más –carta de no antecedentes penales, entre otros–  y le darían a su hija. Como la joven es trabajadora informal, tuvo que ir recién parida a realizar trabajos muy duros: con la herida de la episiotomía (una incisión que muchos médicos practican de forma innecesaria en la vagina de la mujer al dar a luz, y que actualmente es considerada violencia obstétrica), se presentó a desmontar un terreno, a hacer albañilería. Así juntó el dinero para los documentos: las copias de no antecedentes penales, los pasajes, los trámites. Su hijito de seis años iba feliz porque conocería a su hermanita.

Pero fue un engaño. La separaron de su bebé, lo interrogaron a solas y se lo llevaron. Han pasado tres semanas desde que Julissa vio a su hijo de seis años por última vez.

En Mérida arrebatan a los hijos de las familias pobres.

Más de 50 vecinas de Julissa han afirmado y firmado cartas que ella es una buena madre y que no existe tal maltrato. Ella ya ha entregado pruebas de antidoping y está limpia. A su niño se le hicieron pruebas, las únicas lesiones que mostró fue un raspón superficial en la barbilla y en un dedo del pie. En otras palabras, como asegura Ana de Alejandro, no hay tal pruebas de maltrato, un raspón en la barbilla es simplemente una lesión común en un niño que corre, juega y brinca.

Aún así, sus hijos siguen sin ser reunidos con Julissa, y los mantienen en albergues separados. Pero esto puede formar parte de una mecánica de violencia contra las infancias que lleva más de 10 años en Mérida. Una probable red de tráfico. Así lo manifiesta Damiana Quintana Narváez, abogada de Julissa, y quien ha llevado más casos similares durante al menos una década.

–¿Usted dice que esto es una red de tráfico?

–Así es. Definitivamente esa es la palabra. [La Prodennay]  ha hecho muchas cosas que incluso de acuerdo a la ley de trata de personas y las adopciones ilegales, sí [lo son]. Podemos hablar de que hay trata de menores, por parte de la Prodennay. Este actuar en la institución, no es nuevo, tiene muchos años. Pero se ha ido acentuando y normalizando. Y en esta normalización han incrementado este tipo de casos, porque para el gobierno de Yucatán, criminalizar la pobreza, es una de las causas principales para despojar familias de sus hijos. La Prodennay, sin pruebas, sin nada, dice: ‘recibí una llamada anónima, traemelos, se les va a hacer una valoración’, y después le dicen a la persona: ‘no te puedes llevar a tus hijos porque los violentas’. Cuando tú me traigas el ejercicio de la no acción penal, entonces te devolvemos a tus hijos

Esto se lo hacen a personas que no saben leer y escribir, madres solteras. Y ahorita en el caso de Julissa, de inicio a fin estaba todo orquestado para despojar a sus hijos por el hecho de ser lesbiana.

–¿Quiénes son las y los responsables?

–No tengo el nombre de la trabajadora social del hospital.  El nombre que sí tengo es la persona que denuncia: la abogada de la Prodennai: Paola Quintal Cuevas. Pero la persona responsable de esto es Teresita de Jesús Anguas Zapata.

–¿Cuántos casos conoce que son similares?

–De los casos que yo he recuperado, son unos 114 niños. Que he recuperado. Viene una mami, una familia y hasta ahorita las personas que he podido atender. Alrededor de 114. ¿Desde que edades? De meses. Hubo un bebecito que se llevaron del hospital. Su mamá tenía 15 años. Cuando el hospital da parte a la Prodennay, da parte a la menor. Dos meses los tuvieron ahí tanto a la mami como al niño. Eran personas de Puerto Progreso.  Y delito no había. Lo que hay es que la trabajadora social del hospital dijo que la abuelita del bebé dijo que no lo podía mantener.

“Como esa, te puedo contar historias e historias con el tema de despojo [de infantes], cómo promueven inmediatamente la pérdida de patria potestad, y una vez que ellos pierden ese derecho, dan en adopción inmediatamente.

Tengo conocimiento de un caso de una abuela que ha peleado 10 años a sus nietos. Desde hace 9 años están con familias distintas. Donde el proceso legal estaba concluido y los habían entregado a terceras personas; ¿bajo qué argumento?, lo desconozco. Pero el juez dice: ‘la Prodennay la regó, no hubo maltrato,  pero los niños ya llevan 10 años en otro núcleo familiar. Así que se quedan ahí’”.

Sobre el caso de Julissa, el Estado de Yucatán  emitió un comunicado en el que aseguró que habían «rescatado» a dos menores de edad, uno de seis años y otra recién nacida, que supuestamente corrían «alto riesgo» al permanecer con su madre.

La Prodennay fue la institución que hace unos meses “hizo perdedizo” a Óscar, un adolescente de 15 años que fue retirado de la custodia de su madre, que, al igual que el caso de Julissa, hizo acusaciones  de violencia. Se suponía estaba en el albergue Moisés, dependiente del gobierno estatal, pero desapareció. Apenas hace unas semanas fue localizado. 

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